Ni la pobreza, el hambre o la pandemia; Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han gobernado con el único objetivo de garantizar que nunca más un funcionario o un empresario, tenga que poner un pie en la Torre de Tribunales. Su política de gobierno no ha sido otra que restaurar el sistema de impunidad que fue alterado por CICIG y FECI entre 2015 y 2016.
Tan solo dos años fueron suficientes para demostrar que ni un binomio presidencial ni los dueños de las empresas más grandes del país estaban más allá del alcance de la justicia.
La presunción de inocencia, las conferencias de prensa, la supuesta injerencia extranjera o la prisión preventiva nunca fueron el verdadero problema. Prueba de ello es que hace dos años se fue CICIG y todo sigue igual, sin un intento por reformar el aparato penal.
Quienes cubrimos las conferencias de prensa de CICIG y FECI en aquellos años, asistimos a una especie de autopsia en la que se abrían las profundidades del Estado para demostrar cómo se repartían las cortes, se financiaban campañas políticas o se construían intrincados sistemas de evasión de impuestos.
Escuchamos en la voz de esas y esos protagonistas cómo suena la corrupción, y cómo se aparentan rivalidades políticas frente a las cámaras mientras tras el telón se reparten el pastel de la obra pública.
Juan Francisco Sandoval, el hombre que ayudó a revelar varios de los casos más importantes para el país, ahora sigue el mismo destino que enfrentaron investigadores y jueces del caso Gerardi y una decena de exfuncionarios de CICIG y del Ministerio Público. Temiendo por su vida salió del país quien, si viviéramos en una verdadera república, hoy sería el gran candidato a asumir la fiscalía general.
Su última conferencia fue de noche, notoriamente emocionado, en la delgada línea que separa a la tristeza de la rabia. Aunque las sedes de la PDH y del Ministerio Público apenas están separadas por cinco cuadras, entre ambas hay un abismo ético de distancia. Es la diferencia entre ser servil a los intereses oscuros de los electores y la de ejercer el cargo con independencia y pese a las amenazas.
Juan Francisco Sandoval era el engranaje que no permitía que la máquina de impunidad funcionara con normalidad. Era la amenaza latente de un caso que podía ser revelado en cualquier momento y Consuelo Porras, para tranquilidad de sus electores, eliminó ya el riesgo. Cerró el círculo de impunidad, el broche que le faltaba a esta dictadura perfecta que no necesita de caudillos.
Cuando en 2018 intentábamos perfilar a Consuelo Porras todos hablaban de una mujer silenciosa, devota católica y alejada de la exposición pública. Tres años después su política de trabajo es más que evidente.
“Por sus obras los conoceréis”, reza el evangelio. Consuelo Porras será recordada como la fiscal que optó por permanecer vigilante cuando los tiempos requerían que la Constitución fuera defendida; la que permaneció inmóvil cuando las Cortes eran amañadas; la que le dio el golpe final a otra pequeña esperanza.
Cuando en un futuro la situación del país se agrave quizás tengamos que seguir citando su nombre.
