La denuncia que marcó la carrera del juez Ruano

Desde el nivel once de la Torre de Tribunales hay una oficina que tiene un ventanal que ofrece una mirada hacia la obra magistral de Efraín Recinos: el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Esa vista contrasta con la pequeña oficina de paredes color hueso, con sillones de cuero negro y una estantería llena de libros de Derecho. Las cortinas están completamente abiertas para que la vista hacia este centro cultural sea el cuadro principal.

Esta es la oficina que desde hace cinco años recibe a Carlos Ruano Pineda, juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal.

Un ideal que nació en Jutiapa

Ruano es un hombre de oriente, originario del municipio de El Progreso, en Jutiapa. Es Perito Contador y su aspiración de ser un abogado litigante lo llevó a migrar a la Ciudad de Guatemala para estudiar Derecho en la Universidad de San Carlos.

“Uno ve en las películas cómo los abogados ganan los casos y cómo dan con los responsables de un hecho criminal y eso fue lo que me motivó a venir a la ciudad capital”, agrega.

Pero cuando ingresó al Organismo Judicial en 2008 como auxiliar judicial en el Puerto de San José, sus objetivos cambiaron y decidió prepararse para ser juez. 

Un año después ya estaba en Huehuetenango, en un juzgado de Paz, y para celebrar su nombramiento se compró una pequeña estatua de la Dama de la Justicia, uno de los símbolos más reconocidos en el mundo que hace referencia a una justicia imparcial, sin corrupción.

Para Ruano impartir justicia de forma imparcial en un país como Guatemala no es una motivación idealista. “Eso es la justicia, así es como debe ser”, responde.

Del ideal a la realidad

En 2016 Ruano se convirtió en juez suplente del Tribunal Noveno. Fue allí cuando llegó a sus manos el caso que marcaría su carrera..

Se trataba del caso IGSS-PISA en el que se juzgaba a una junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la empresa PISA, entonces señalados por supuestamente suministrar medicamentos de mala calidad a pacientes renales.

Por miedo, dice, todos los jueces titulares se excusaron de conocer este caso y la CSJ terminó designandolo a él. 

Uno de los señalados dentro de ese caso era el hijo de la magistrada Blanca Stalling, Otto Molina Stalling.

Stalling es una mujer con una larga carrera en instituciones públicas. Cuando su hijo fue denunciado por FECI y CICIG, Stalling ya era magistrada de la Corte Suprema y presidenta de la Cámara Penal.

“El sistema de justicia conoce quién es Blanca Stalling”, asevera Ruano poniendo el peso en cada palabra. Ruano, en cambio, era un juez joven que no tenía ni diez años de carrera.

Aún así no le intimidó ver que todos los jueces con más experiencia que él se excusaron de conocer este caso y decidió tomarlo.

Menciona que sus colegas siempre le advirtieron de un poder “más arriba” que buscaba incidir en los jueces. Mueve la cabeza de arriba hacia abajo con una expresión de obviedad cuando se le vuelve a preguntar si es normal este tipo de presiones.

“Pero no lo había vivido en carne propia hasta ese caso IGSS-PISA, por eso es uno de los casos que ha marcado mi carrera”, dice.

La llamada

Cuando fue llamado al despacho de la magistrada Stalling en septiembre de 2016 decidió activar la grabadora de su teléfono. Ya había sido designado en el caso IGSS-PISA y nunca antes había sido llamado a la oficina de algún magistrado.

“Dije qué extraño que una magistrada de la Corte Suprema de Justicia esté llamando a un juez suplente. Por eso decidí grabar, no me estaban llamando para darme un premio ni para darme una beca”, cuenta.

Cuatro meses después decidió presentar el audio al Ministerio Público y junto a la CICIG se levantó una denuncia por tráfico de influencias contra Stalling. Esto provocó la captura de la magistrada en una escena inolvidable.

Una mujer conocida por su poder en el sistema, que vestía siempre impecable con trajes de alta costura, huía con una peluca, sandalias y un sudadero blanco con un emblema en el pecho que decía “Angel”.

Pero pasaron los años y las audiencias contra Stalling se fueron retrasando, la CICIG fue expulsada del país, la fiscalía que llevaba el caso cambió de manos y el fiscal a cargo decidió dejar de investigarla.

El futuro de Ruano

En cinco años, Stalling pasó de ser presa a ser nuevamente magistrada de la Corte, y Ruano pasó de ser un juez que denunció la corrupción a ser un juez denunciado.

Como en el caso de la exfiscal Virginia Laparra, que fue condenada en 2022 por denunciar a un juez por actos de corrupción.

Laparra y Ruano comparten también al mismo denunciante, la Fundación contra el Terrorismo.

Los líderes de esta fundación han dicho públicamente que buscan dos cosas con estas denuncias: el exilio o la muerte civil.

Ruano ha acompañado a los jueces que han estado en la mira de esta organización y que se han tenido que exiliar, como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. Él, que es cuidadoso en lo que dice, menciona que todo se trata de una venganza.

“Es evidente y es claro, eso se puede percibir. Quién es el denunciante y por qué está denunciando. No es necesario un estudio a profundidad o con análisis técnico de otro nivel para determinar que lo que se está haciendo es en represalia por lo que el juez o jueza ha hecho por su trabajo”, dice.

Ruano no pide que la CSJ se pronuncie por estos ataques contra la independencia judicial. El apoyo que espera es a través del rechazo de estas denuncias y solicitudes de antejuicio. Pero como sucedió con el juez Gálvez, la corte presidida por Silvia Valdez ha preferido callar.