Juez Miguel Ángel Gálvez. Foto: Mariajosé España

Los militares, las amenazas contra el juez Gálvez y el silencio cómplice de la Corte

La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, mantiene un silencio cómodo para quienes han amenazado a jueces independientes.
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Desde hace 11 años el juez Miguel Ángel Gálvez es titular del Juzgado de Mayor Riesgo B. 

Seguramente lo conociste porque estuvo al frente del juzgado cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron enviados a juicio por la defraudación aduanera de millones de quetzales.

Pero estas no son las únicas personas a las que ha mandado a juicio:

  • 2013: Los generales en retiro, Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio contra la población Ixil.
  • 2015: Cinco exparamilitares por el caso de las Mujeres Achí.
  • 2017: Al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, por corrupción.
  • 2019: A 13 políticos y grandes empresarios por un caso de financiamiento electoral ilícito.

Por ello ha recibido varias amenazas en su contra. En 2016, la seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió varias llamadas amenazando con colocar bombas en la Torre de Tribunales como represalía por los casos que llevaba Gálvez.

  • Por eso, desde el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que proteja al juez pues están en constante peligro.  

La última amenaza (por ahora)

Esta vez las amenazas contra el juez se intensificaron desde que envió a juicio a nueve militares por participar en desaparición forzada, tortura y asesinatos de cientos de guatemaltecos durante el Conflicto Armando. Todos involucrados en el caso Diario Militar.

También ordenó la investigación y detención de Toribio Acevedo, un hombre al que varios testigos señalan como parte de estos crímenes.

Tras estas resoluciones Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, publicó en su cuenta de Twitter que él mismo “se va a encargar del juez”, en referencia a Gálvez. 

Ni la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, ni la Fiscal General, Consuelo Porras, se han pronunciado o tomado acciones para proteger la integridad del juez.

El silencio cómplice

Hace más de ocho días el juez Miguel Ángel Gálvez presentó un memorial a CSJ por las amenazas en su contra y la única reacción de parte de la misma corte fue pedir un “análisis” de su seguridad.

“Por supuesto, la seguridad es parte fundamental pero el objetivo de ponerlo en conocimiento de las autoridades es para que ellos se pronuncien frente a los abusos que se están cometiendo en mi contra”, comenta Gálvez.

Prácticamente Silvia Valdés, como presidenta de la Corte, abandonó a su suerte a las y los jueces independientes:

  • Nunca tomó medidas para resguardar la integridad de la entonces jueza Erika Aifán, quien tuvo que optar por el exilio.
  • Con el juez del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, sí habló pero para separarlo del cargo.

Contrario a esto, Valdés sí ha tenido tiempo para pronunciarse en defensa de la administración de Consuelo Porras al frente del MP y abogar por su reelección cuando fue presidente de la comisión de postulación.

El juez Miguel Ángel Gálvez no se quiere ir del país, pero sabe el riesgo que enfrenta.  

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