Hace dos años, el gobierno de Alejandro Giammattei y el Congreso —dirigido por sus aliados— aprobaron y crearon leyes para evitar los despidos, dar créditos a los pequeños negocios y proteger al ahorro.
Pero la parte complicada entonces (y todavía ahora) es saber si ese dinero se utilizó bien. Y aquí viene el arte de ocultar y mentir sobre el dinero.
1. Ocultar el dinero (dándoselo a un banco)
¿En dónde quedó todo el dinero de las ayudas creadas en medio de la pandemia? Es muy difícil saberlo.
Y es que el gobierno se apoyó en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) —un banco estatal, pero autónomo— para ejecutar esos fondos. Por ejemplo, si un pequeño empresario quería aplicar al programa de préstamos, tenía que recurrir al CHN y no al Ministerio de Economía.
A finales del 2020, el Ministerio de Economía de Antonio Malouf dijo que el programa de ayuda a pequeñas empresas se había ejecutado al 100%. Eso no era cierto. El dinero solo había sido transferido al CHN, pero no había llegado a los empresarios.
¿Y cuál es el problema?
Los bancos, incluido el CHN, se escudan en que no pueden dar información de sus clientes, protegidos por el secreto bancario. Y, en teoría, no pueden dar información de cómo se ejecutan los fondos públicos destinados a las ayudas.
A pesar de las complicaciones legales, la Contraloría General de Cuentas de la Nación sí podría fiscalizar esos recursos. Tiene la capacidad y la obligación de sancionar y denunciar a quienes usen mal ese dinero o se lo roben.
2. Mentir sobre el dinero (con una ley)
Un grupo de diputados, de la alianza oficialista quiere quitarle poder a la Contraloría con la aprobación de una nueva ley. Y aquí viene la mentira.
La iniciativa 6120 se llama ‘ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID’. Pero el propósito no tiene que ver con la supervisión, sino con ocultar y hacer más difícil seguir la pista del dinero de los programas:
Fondo de Protección de Capitales
Fondo de Protección al Ahorro
Fondo de Crédito para capital de Trabajo
Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Los diputados argumentan que los programas han sido ejecutados por bancos o instituciones financieras, como es el caso del CHN.Básicamente dicen que son entidades de “naturaleza bancaria” y por eso señalan que la Contraloría no debería fiscalizar.
Por otro lado, aseguran que ese es el trabajo de la Superintendencia de Bancos (SIB).Pero la SIB es una de las instituciones más herméticas del Estado y no daría información de los programas sociales.
¿Quienes impulsan la iniciativa?
La alianza oficialista presentó la iniciativa:
Vamos – el grupo de Alejandro Giammattei
Shirley Joanna Rivera Zaldaña
Carlos Roberto Calderón Gálvez,
Juan Francisco Mérida Contreras
Maynor Gabriel Mejía Popol
UCN – el grupo de Mario Estrada
Karla Andrea Martínez Hernández
Carolina Orellana Cruz
Viva
Aníbal Estuardo Rojas Espino
Todos
Felipe Alejos Lorenzana
También la alianza oficialista, en la que se incluye a la UNE, de Sandra Torres, dio su voto positivo en la Comisión de Finanzas para que la ley avance:
Vamos
Cándido Leal
Mario Azurdia
Maynor Mejía Popol
UCN
Jaime Lucero
Creo
Luis Contreras Colindres
Bien
Marvin Alvarado
FCN-Nación
Oto Leonel Callejas
Partido Humanista
Emilio Maldonado
UNE – el partido de Sandra Torres
Lucrecia Carola Samayoa
Olga Juárez Alfaro
César Augusto Fión Morales
Vasny Maldonado
En la Comisión de Finanzas, el diputado Samuel Pérez Álvarez, de Semilla, fue el único que se opuso abiertamente y dejó constancia de ello en un documento.
Pero además explicó que la práctica de esconder el dinero público utilizando bancos podría extenderse en el Estado, como une medida para evitar la fiscalización:
La ley se podría aprobar en las próximas semanas.
