La justificación histórica —y aún vigente— de militares y grandes empresarios sobre estas reglas ha sido la misma: defender su idea de nación guatemalteca incluso por encima de la voluntad de los propios guatemaltecos.
Desde que comenzó la “democracia”, todos los presidentes han tenido que sentarse a platicar para llegar a acuerdos con estos dos actores, o peor aún: las pláticas ni han sido necesarias. El acuerdo, tácito o explícito, que ha perdurado en el tiempo ha consistido en aceptar que la impunidad, la tenencia de la tierra y el modelo económico no se tocan, aunque somos país líder a nivel global en desigualdad y baja recaudación fiscal.
Frente a esta imposición de reglas arbitrarias, en varios sectores sociales ha cobrado fuerza la idea de un nuevo poder constitutivo que no se conforme con migajas. Uno en el que todos los pueblos, barrios y profesionales guatemaltecos acuerden un pacto político fundacional emancipado del sistema de acumulación infinita, contaminación de la naturaleza, explotación laboral y discriminación.
Otros sectores, críticos del sistema de privilegios, pero no necesariamente rupturistas, consolidaron su ambición en un proyecto político que ganó las elecciones generales de 2023. Su plan de gobierno es rescatar el Estado de Derecho y recuperar sus instituciones para mejorarlas o cambiarlas a través de reformas. Bajo esa idea, se ha disputado el poder sobre el Ejecutivo y también se intenta disputar el poder sobre otras instituciones importantes para la administración de justicia.
Este plan de rescatar instituciones pretende restablecer (o establecer, como si alguna vez existió) el Estado de Derecho, que a su vez se basa en la Constitución que fue cocinada en el seno de una campaña de contrainsurgencia en 1985. La consigna de “defender el estado de derecho” se repite con inercia sin caer en la incómoda conversación de que muchas instituciones creadas en la guerra y consolidadas en el andamiaje jurídico vigente funcionan muy bien, y ese es precisamente el problema.
La forma en que se regula la propiedad privada y los impuestos, ciertos derechos laborales y la huelga; o el reconocimiento del sistema de Consejos de Desarrollo y el funcionamiento de la Junta Monetaria, son ejemplos de las relaciones de poder que se imprimieron en el texto constitucional.
A un lado del debate sobre reforma o revolución, en Justicia Ya formamos parte de la generación que no vivió la guerra, pero cuyas consecuencias moldean nuestra vida, así que nos tomamos en serio la pregunta sobre qué hacer. ¿Debemos renunciar a las batallas que existen para recuperar el Estado de Derecho de la Constitución del 85? Situémonos en el contexto.
En medio de los procesos de elecciones de segundo grado, nos enfrentamos a la recomposición autoritaria del Estado. Las autoridades del Ministerio Público (MP), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y la Universidad de San Carlos que están siendo o han sido reemplazadas tuvieron un papel protagónico en la erosión de las garantías mínimas que la Constitución del 85 nos reconoció.
Desde la expulsión de la CICIG, las élites militares y empresariales junto al crimen organizado se coordinaron para erradicar la lucha contra la corrupción y restaurar el régimen de impunidad y despojo.
El MP de Consuelo Porras boicoteó durante ocho años los avances de la lucha contra la corrupción, criminalizó a sus principales actores y sembró miedo en la organización social. ¿El objetivo? Impedir cualquier proceso de movilización o articulación capaz de oponerse a su control del Estado. Afianzó el apoyo de las élites empresariales y militares hacia su gestión al concederles una fiscalía contra el delito de usurpación. Ella es clave para continuar con siglos de despojo de las tierras indígenas y procurar impunidad en casos de corrupción y justicia transicional.
Lo de Consuelo Porras no es una desviación o falla del sistema. Ella no se apartó de décadas de cultura democrática y buen funcionamiento institucional; ella solamente revitalizó el plan de la contrainsurgencia: los civiles únicamente pueden ejercer el poder de prestado, y si intentan ir contra el sistema, se les disciplina o erradica. Antes de la dictadura judicial que inició en el período presidencial de Jimmy Morales, la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, y el olvido de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, ya estaba. Las criminalizaciones a defensores del territorio no empezaron con Consuelo.
Siendo el Ministerio Público el nodo central en esta estructura, la magistratura saliente de la CC (2021–2026) fungió como su última línea de defensa. Quitando algunos meses del 2023, el TSE jugó su parte también: canceló arbitrariamente partidos políticos y obstruyó candidaturas inconvenientes para los mismos grupos enquistados en el poder.
Este pacto autoritario sabe que las instituciones de justicia son clave para sostener el orden que legaliza sus privilegios y que asegura su subsistencia y hegemonía. También saben que, para consolidar su dominación sobre el poder judicial, necesitan el favor de los fundamentalistas de gorra roja en Estados Unidos (por eso invierten millones de dólares en comprar lealtades gringas).
En síntesis, está en juego la supervivencia de esta versión mínima, restringida y limitada de democracia y justicia que —en medio de la recomposición autoritaria global liderada por los Estados Unidos que está dando paso a formas aún más brutales y descaradas de desigualdad y abuso— es la condición mínima vital para articularnos y disputar los horizontes verdaderamente transformadores, sin que ello implique automáticamente exilio y anulación política. La constitución del 85 es mejor que lo que ahora nos quieren ofrecer, pero peor que lo que podemos conseguir.
No creemos ilusamente que de las elecciones de segundo grado emergerá la justicia y bienestar que este sistema nos ha negado históricamente. Aun si tuviésemos 5 magistrados honrados en la Corte de Constitucionalidad y un fiscal general independiente y democrático en el Ministerio Público, sigue siendo perfectamente legal el uso abusivo del aparataje de justicia para desalojar a comunidades campesinas sin tierras ni medios de vida. Están vigentes los dogmas económicos caciferos que subyugan nuestro bienestar colectivo al consumismo, centros comerciales, seguridad y salud privada, salarios bajos para quienes trabajan y acumulación de riqueza infinita para quienes ni siquiera pagan impuestos. El modelo económico que hoy garantiza bienestar únicamente a las élites políticas, económicas y empresas extranjeras es legal.
El horizonte de justicia que buscamos es otro.
La victoria de Semilla en las elecciones del 2023 demostró que para la transformación no basta que llegue un político honesto al poder. Tampoco bastan candidaturas independientes o una renovación de gente virtuosa en la justicia si no se cuestiona el pacto social que fundó la “democracia” y las leyes e instituciones que lo operativizan. Pero tenemos claro que ese sistema legal es más efectivo en manos de la ultraderecha y frente a ello son necesarias las alianzas tácticas con los actores buena-onda-bienintencionados, aunque gobiernen de prestado.
Las concesiones (derechos y garantías) que la Constitución del 85 reconoce no están ahí por la buena voluntad y espíritu democrático de los militares y caciferos; fueron arrancadas del poder con la sangre de guatemaltecos que se opusieron a la represión y con la audacia política de una generación que hizo lo que pudo durante el huracán neoliberal. Estamos defendiendo parte de ese legado que hoy nos permite la posibilidad de retar el uso represivo y cleptocrático del poder constitucional para que las mayorías vivamos bien.
El horizonte que imaginamos no vendrá del norte y mucho menos de pactos de élites económicas cada vez más indistinguibles del crimen organizado y del narcotráfico.
Queremos un futuro que tenga bien distribuida la riqueza, pero también una mejor forma de generarla: producir lo necesario para vivir bien todos. No para el crecimiento económico infinito de unos pocos a costa de aniquilar o explotar a las fuentes generadoras de riqueza, o sea, la naturaleza y el ser humano.
En ese horizonte tenemos acceso a todos nuestros derechos y nos garantizamos seguridad sin necesidad de ceder nuestras libertades y garantías a bukeles o militares. Esto funciona con institucionalidad fuerte y eficiente para que no solamente viva bien quien puede pagar por salud, comida, educación y transporte. Para ello, necesitaremos un sistema tributario progresivo e instituciones judiciales que responsabilicen a quienes nos roban el dinero.
Queremos que la democracia no sea solamente un procedimiento para ver quién gobernará de prestado, sino un proceso vivo y asambleario encaminado a respetar las decisiones comunitarias y la autodeterminación de los pueblos guatemaltecos. Un ejemplo de esto es nuestro esfuerzo colectivo: se ha ganado con dignidad los procesos que son de voto popular en el CANG, el CSU y los cuerpos electorales de la USAC. Ahora toca defender esas victorias con toda nuestra astucia y toda nuestra fuerza.
El horizonte que imaginamos será producto de una articulación amplia y plural, donde la voz de quienes habitamos este país no sea solo representada, sino la fuente misma de un nuevo pacto social que priorice la vida y el buen vivir.
En 1979, Audre Lorde dijo que las herramientas del amo jamás desmantelarán la casa del amo. Estas herramientas, las cortes e instituciones públicas, están sirviendo como armas empuñadas que mantienen inmóviles a los pueblos guatemaltecos, así que no basta con cuestionarlas: primero hay que arrebatarlas de las manos del amo para así poder construir, por fin, una casa propia.
