El propio Estado, ese que debería asegurarnos la vida, la libertad, la justicia y el desarrollo integral, la salud, la educación, es el que promueve y aprueba la mal llamada “ley para la protección de la vida y la familia”, un verdadero insulto a la inteligencia.
Y lo hace, en una clara provocación y afrenta a las mujeres de este país, el mismo día en el que se conmemora la lucha y el esfuerzo de cientos de miles de mujeres para asegurar a todas respeto e igualdad.
Una verdadera vergüenza. Un cartel de bandidos, sinvergüenzas, misóginos y criminales, se creen con la autoridad y la legitimidad para decidir por el resto. ¡Por favor! Una auténtica falta de respeto.
El país se cae a pedazos, y esta gente, liderada por una mujer que traiciona así cada uno de los principios cristianos que dice profesar, decide aprobar una ley para promover el odio y castigar a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual.
No tiene nombre lo que hicieron. Y qué decir de quienes apoyaron este adefesio. Iglesias y pastores evangélicos, quizás también grupos católicos, que con esto solo demuestran su nefasta influencia y su descarada intervención en asuntos que no les compete.
Cuesta aceptar que en uno de los poderes del Estado -el Congreso de la República- haya tanta incompetencia, mediocridad e ignorancia, además de mala fe.
Violencia y criminalización contra mujeres, niñez y adolescencia
El aborto es un asunto polémico y estigmatizado, del cual no se quiere hablar y reconocer, pero la realidad es que los abortos clandestinos ocurren en Guatemala.
Hay dificultades para hacer mediciones y tener estadísticas certeras. Un estudio realizado en 2006 por un equipo de investigadores para Guttmacher Institute estimó que unos 65,000 abortos inducidos ocurren cada año en Guatemala, lo que se traduce en una tasa anual de 24 abortos por 1,000 mujeres en edad reproductiva (15–49).
“Cada año, más de un tercio (36%) de los embarazos no planeados en Guatemala se resuelven a través del aborto inducido”. Y aunque la ley ya era entonces especialmente severa para castigar a las mujeres, los abortos seguían practicándose en la clandestinidad, pese a los enormes riesgos para la salud de la mujer y, por consiguiente, para el bienestar de sus familias”.
La paradoja es que muchos de estos abortos podrían evitarse si mujeres y hombres contaran con información oportuna para planificar el momento y la cantidad de hijos que quieren tener. Pero la ley aprobada también cercena la ya pobre educación integral en sexualidad (EIS), que cuenta, por cierto, con un marco legal institucional que establece que los centros educativos deben ofrecer este tipo de formación a sus estudiantes.
Con esta ley lo poco que se hacía, no se hará más. Niños y adolescentes dejarán de recibir información acerca de asuntos tan importantes como fisiología sexual y reproductiva; prevención del VIH y otras ITS; anticoncepción y embarazo no planeado; valores y habilidades interpersonales; y género y derechos sexuales y reproductivos.
Este puñado de diputados (as) se empeña en no ver la realidad. También cierra los ojos a la cruda situación que enfrentan decenas de niñas menores de 14 años, a quienes se les obliga a parir y a convertirse en madres, sin importar los riesgos emocionales, físicos, y mentales por su edad.
2021 cerró con 2,041 nacimientos en madres de 10 a 14 años. Todos ellos producto de violaciones sexuales cometidas por padres, padrastros, hermanos, primos, familiares o amigos de la familia. ¿De qué protección habla este gobierno cuando permite que esto ocurra con total impunidad? ¿Enviarían presa a una niña de 10 años o a su madre por buscar la terminación de un embarazo que es el resultado de una acción brutal en contra de una menor? 70,036 nacimientos en 2021 de madres entre los 15 y 19 años, seguramente muchos no planeados por falta de información oportuna.
Estuve hace unos días en San Juan la Lagua. Conocí allá a Rosaura, de 15 años. Me contó que tiene un niño de 1 año y que el padre “no se hizo responsable”. La historia de tantas. Si hubiera recibido educación sexual quizás otra cosa sería. Al menos hubiera tenido la oportunidad de tomar una decisión informada.
Pero ella no sabía que “siempre que se tengan relaciones sexuales sin protección existe la probabilidad de que se produzca un embarazo. Si no quiero embarazarme debo cuidarme. Tengo que usar preservativo u otro método que me indiquen en el Centro de salud. El amor implica cuidado y respeto. Tengo derecho a usar el método anticonceptivo que elija para evitar un embarazo y a que se respeten mis decisiones.”
Sin educación formal completa, las posibilidades de que Rosaura y su hijo salgan de la pobreza son muy precarias. Esa es la realidad que viven cientos de niñas y adolescentes. Y el Estado ¿donde está? absolutamente ausente. Así es como protege a las familias, abandonándolas.
Incitación al odio
Una total aberración la que plantea esta ley con relación a las personas de la diversidad sexual. De vuelta a la colonia. Es tan burdo el lenguaje que utilizan que no puede uno sino sentir vergüenza ajena.
Pero lo que más preocupa es que sea el propio Estado, el que promueva mediante esta ley, el odio y la discriminación en contra de las personas LGTBIQ+. No piensan en las serias consecuencias que esto puede tener. Es bueno traer el caso de Daniel Zamudio Vera en Chile. Un día de marzo 2012 Daniel volvía de su trabajo y en el parque Borja fue atacado brutalmente. Lo mataron a patadas y puñetazos en la cabeza. Le cortaron un pedazo de oreja, lo quemaron con cigarrillos y le fracturaron la pierna con una piedra de 8 kilos. Un crimen de odio por homofobia que indignó a la sociedad chilena y que colocó la promulgación de la ley antidiscriminación como un asunto prioritario. La ley Zamudio (en honor a Daniel) fue publicada el 24 de julio de 2012.
Con esta absurda “ley para la protección de la vida y la familia”, las y los diputados que votaron a favor de la misma, abren la puerta a que este tipo de crimenes de odio ocurran en Guatemala.
Y si antes el bullyng o acoso afectaba a niños, niñas y adolescentes en las escuelas por su identidad de género, ahora posiblemente ese hostigamiento será mayor e incluso los centros educativos -los más conservadores- podrían vedarles el ingreso al plantel argumentando lo mismo que plantea la ley en sus considerandos, que se trata de “grupos minoritarios…que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos”.
Me pregunto que irá a ocurrir en los espacios sociales, académicos y laborales. También se corre el riesgo que en estos espacios las personas de la diversidad sexual queden expuestas a la exclusión, aislamiento, amenazas, insultos y agresiones por parte de personas homofóbicas o que se valen de los valores asociados al heterosexismo para descalificar y deshumanizar a sus víctimas.
Es sencillamente asqueante como el propio Estado incita al odio y violenta derechos.
