Se conoce como espacio cívico al entorno donde personas y grupos diversos pueden participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de un país. Es fundamental entender que el espacio cívico tiene una estrecha relación con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y para que el espacio cívico pueda prevalecer, es imprescindible asegurar condiciones propicias para que las personas tengan acceso a la información, a la participación en el diálogo, a la libertad de expresión y de opinión –que incluye la libertad de prensa– y a la libertad de reunión y asociación. Sin espacio cívico, no puede haber democracia ni Estado de derecho. En este sentido, los Estados no sólo deben abstenerse de limitar arbitrariamente estos derechos, sino garantizar un marco legal e institucional que proteja a toda la población para que los ejerza plenamente y sin discriminación.
Durante 2021 y 2022 la OACNUDH ha documentado la activa participación y contribución de diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, organizaciones sociales, periodistas, comunicadoras y comunicadores comunitarios, así como funcionarios y funcionarias que desde su labor aportan al espacio cívico. Sin embargo, también registró un incremento en la cantidad de ataques que enfrentan estos sectores en el desarrollo de sus actividades, como amenazas, agresiones físicas, difamación a través de las redes sociales y el uso indebido del derecho penal en su contra, entre otros. Esta situación tiene además un efecto disuasorio en la participación de otros grupos o personas, y tiende a debilitar y reducir el espacio cívico.
En este contexto, preocupan algunas leyes e iniciativas que actualmente se discuten en el Congreso y que pueden implicar serias limitaciones al espacio cívico. Estas necesitan ser analizadas en profundidad a la luz de los estándares internacionales, dado que tendrían impactos en los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, la libertad de expresión y opinión, entre otros. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa No. 6076, Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército; y las reformas a la Ley de ONG sobre las cuales existen acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver en definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
El Secretario General de la ONU António Guterres en su “Llamado a la acción en favor de los derechos humanos” (2020) se refirió al incremento de restricciones a las libertades de expresión, asociación, reunión y participación en distintas partes del mundo, alertando que esta reducción del espacio cívico suele ser el preludio de un deterioro más general de los derechos humanos.
Hago un llamado a todos los actores sociales y estatales a promover y proteger el espacio cívico como un canal para el ejercicio de la democracia y el pleno goce de todos los derechos humanos. La participación de voces diversas en el debate social, incluidas las que expresan discrepancias o cuestionan, es una fortaleza de las sociedades democráticas y libres; es la ruta para comprender las demandas ciudadanas y construir sistemas políticos, económicos y sociales que beneficien a todas las personas.
Los principios del derecho internacional recogen lo que la historia reciente ha demostrado: el desarrollo, la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos son interdependientes y han de ser fruto de la participación significativa de quienes integran la sociedad en un espacio cívico abierto, inclusivo y seguro.
