El Estado de Guatemala deberá pagar $64.5 millones a Energía y Renovación Holdings S.A (ERH) por los daños causados a uno de sus proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Así lo resolvió, por mayoría, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el 31 de marzo de 2025.
Para el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, la resolución es injusta. Tanto él, como uno de los tres árbitros que llevaron el caso, señalan que ERH ocultó información a las autoridades guatemaltecas con tal de obtener –supuestamente, de manera ilegal– los permisos para desarrollar el proyecto.
Esta historia se explica en 4 puntos.
1. Guatemalteca, para hacer negocios
Energía y Renovación es una empresa panameña fundada en 2012, que durante años omitió aclarar su origen con tal de poder invertir en el negocio eléctrico. Así se involucró en:
- La construcción y operación de Generadora San Mateo S.A y Generadora San Andrés S.A –dos plantas hidroeléctricas al norte de San Mateo Ixtatán–.
- Una línea de transmisión a cargo de la Empresa de Transmisión del Norte.
El municipio de San Mateo Ixtatán comparte su frontera con México. Para las empresas y para el Estado de Guatemala, ese es un dato importante, ya que no cualquiera puede desarrollar proyectos en el lugar.
Según el artículo 123 de la Constitución, si el área de un proyecto está dentro del margen de 15 kilómetros con alguna frontera, solo las personas guatemaltecas o sociedades cuyos miembros sean guatemaltecos pueden tener inmuebles en el lugar.
En términos simples, la dinámica de las empresas funciona así:
- ERH es una empresa panameña, dueña de otras empresas intermediarias panameñas que a su vez son dueñas de las dos generadoras y la Empresa de Transmisión del Norte.
El proyecto recibió concesiones, autorizaciones y permisos ambientales sin que en las solicitudes se mencionara que detrás había empresas panameñas.
Raúl Vinuensa, uno de los árbitros del caso contra Guatemala, consideró que esa información fue omitida de manera deliberada, fraudulenta y de mala fe para violar las leyes de Guatemala. En su voto disidente, señaló al menos cuatro ocasiones en que se ocultó la información:
- En 2011 y 2012, al solicitar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) los permisos para operar, las generadoras San Mateo y San Andrés omitieron indicar que tenían a dos empresas panameñas como intermediarias.
- En su solicitud al MEM en 2012, la Generadora San Mateo incluso mencionó que sus socios accionistas eran “guatemaltecos de reconocido prestigio y solvencia financiera”.
- Ambas generadoras también le informaron al Ministerio de Ambiente que sus accionistas eran guatemaltecos, con tal de seguir recibiendo licencias ambientales hasta 2023.
- Durante todos los procesos para obtener las autorizaciones en Guatemala, nunca se reveló que los accionistas eran personas extranjeras, ni se notificó algún cambio en la estructura corporativa de las empresas.
2. Panameña, solo cuando hay problemas
Con el visto bueno de las instituciones guatemaltecas, el proyecto comenzó a ejecutarse en 2013. No fue hasta 2014 que la construcción del proyecto comenzó a retrasarse como consecuencia de la resistencia de las comunidades locales al proyecto.
Además de las autorizaciones legales, las empresas deben realizar un proceso de consulta con las comunidades indígenas que serían afectadas por los proyectos. Es una obligación que Guatemala asumió al adscribirse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán afectan directamente a las poblaciones chuj, akateka y q’anjob’al, además del flujo de los ríos Pojom, Negro, Yalhuitz, Varsovia y Tercer Arroyo.
Varias organizaciones denunciaron en su momento –y durante el arbitraje internacional– que el proceso de consulta fue deficiente y anómalo porque:
- Solo fueron entrevistadas menos de la mitad de la población afectada por el proyecto.
- No se evaluó el impacto en la calidad del agua en los ríos ni los riesgos de inundación.
El conflicto escaló a partir de 2014 con la quema de maquinaria en una de las hidroeléctricas. En los cuatro años posteriores se reportaron más daños a las instalaciones, así como lesiones contra los manifestantes y hasta un asesinato en el marco de una protesta.
Fue por eso que en 2021, luego de siete años de retrasos en la ejecución del proyecto, Energía y Renovación se presentó ante el CIADI para demandar a Guatemala. Ahora sí, identificándose como una empresa panameña.
Reconocer su calidad de empresa extranjera era necesario para poder iniciar el proceso ante el CIADI, pues allí solo se conocen los casos de inversionistas extranjeros contra los Estados donde han invertido. De otra manera, la empresa solo habría tenido la opción de resolver su caso en los tribunales de Guatemala.
Fue hasta ese año que Guatemala supo del origen extranjero de la empresa, según la PGN y el voto disidente del árbitro Raúl Vinuesa.
3. ¿Quiénes están detrás de la empresa?
Energía y Renovación maneja su origen con cautela. Para el público se sigue presentando como una empresa guatemalteca. Incluso se define así en su página web. Pero ante el tribunal del CIADI, ha sostenido firmemente que es una empresa creada en Panamá.
La PGN asegura que las familias Castillo y Rodas encontraron una manera de que el capital del proyecto pasara de una empresa guatemalteca a las manos de seis empresas panameñas.
El proyecto en San Mateo Ixtatán fue desarrollado inicialmente por la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos SA (PDHSA) –una empresa guatemalteca–, creada bajo la representación legal de Carlos Eduardo Rodas Manzano.
ERH fue fundada en 2012 y ese mismo año, según declaraciones de la empresa, supo de una oportunidad para invertir en el proyecto de PDHSA. De acuerdo con la PGN, el mismo día en que ERH fue constituida, se establecieron seis empresas panameñas intermediarias, que posteriormente reemplazaron a PDHSA como dueñas de las generadoras San Mateo, San Andrés y la Empresa de Transmisión del Norte.
La PGN indicó que las inversiones de ERH pertenecen y son controladas por las familias Castillo y Rodas en Guatemala. Aunque esto es difícil de comprobar únicamente por las declaraciones de la PGN, otros hechos conectan a la empresa con los negocios de las familias Castillo y Rodas:
- José Guillermo Mata Monteros compareció como representante de la empresa y testigo. Su tío, Carlos Enrique Mata Castillo, es presidente de la Central America Bottling Association (CBC) –embotelladora de Pepsi Co. y productora de Cerveza Brahva en alianza con la compañía cervecera Ambev.
- A la audiencia también compareció Oscar Arroyo Arzú como representante y abogado de ERH. Él a su vez es directivo de CBC y asesor de ERH desde hace varios años.
Además, la PGN sostiene que desde 2015 los accionistas del 100% de ERH son el Grupo Empresarial Mariposa (Gemcorp) –legado de la familia Castillo– y la Fundación Encino –creada en Panamá y fundada, según los registros de Panadata, por Carlos Eduardo Rodas Manzano–.
4. PGN intentará anular la multa
La defensa de Guatemala contra la demanda de ERH comenzó durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei y pasó a la administración del presidente Bernardo Arévalo a partir de enero de 2024.
El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, descarta que el trabajo de la administración anterior haya influido en que Guatemala perdiera el caso. Y aunque en su resolución final el tribunal sancionó a Guatemala por $64.5 millones, asegura que intentarán reducir o incluso anular la multa.
“El convenio de CIADI da una serie de posibilidades que Guatemala está estudiando. Por estrategia de litigio no puedo anticipar más. Sería prematuro decir cuál sería un escenario posible, pero el convenio de CIADI contempla la aclaración e incluso la anulación del laudo –resolución–”, dijo.
El pago de la multa todavía no se ha realizado, asegura, y permanecerá en pausa mientras existan recursos pendientes de resolver en el CIADI.
