En menos de cuatro meses iniciará el proceso electoral de 2023, exactamente el 20 de enero. Ese día iniciará el recorrido de cada candidato y candidata para ser inscrita, darse a conocer y ganar los votos necesarios para alcanzar un cargo público.
En la práctica, las posibilidades de que una persona sea elegida para un cargo público no solo depende de los votos que consiga. Cuánto dinero tenga su partido para funcionar y hacer campaña, son dos elementos clave.
Por eso en 2016, cuando fue modificada por última vez la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los cambios se centraron en el dinero que reciben los partidos y la forma en que los candidatos se promocionan.
A partir de esas modificaciones, ese año fueron creadas:
- La Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos (UECFFPP), que actualmente tiene 36 personas para revisar los recursos que reciben las organizaciones políticas —partidos y comités cívicos— para poder funcionar y promocionarse.
- La Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (UEMCEO), actualmente con 13 personas para monitorear la propaganda de los políticos en medios de comunicación y redes sociales, los análisis de expertos en política, y que todos los partidos reciban los mismos recursos para poder darse a conocer.
Sin contar a las secretarias, pilotos, oficinistas y técnicos, ambas unidades tienen apenas 49 empleados para vigilar a los 27 partidos políticos registrados —30 organizaciones más buscan inscribirse— y a los miles de candidatos que participen —en el 2019 fueron 35 mil 288—.
Dos unidades sin mejoras desde 2016
Eugenia Mijangos, magistrada del TSE de 2015 a 2020, recuerda que cuando ambas unidades estaban formándose recibieron la asesoría del Tribunal Electoral de Costa Rica, cuya unidad de fiscalización de partidos tenía a 90 personas. Esto, tomando en cuenta que el padrón electoral de Costa Rica no es ni la mitad del de Guatemala.
“Cuando las dejamos montadas no eran suficientes personas y ahora, con el ejemplo de Costa Rica y si pensamos que hay más partidos, definitivamente siguen siendo insuficientes”, considera.
Otras debilidades de ambas unidades están en sus propias leyes y reglamentos. Irma Palencia, actual presidenta del TSE, comentó que están trabajando en la modificación de los reglamentos de ambas dependencias.
Por ahora las unidades especializadas solo pueden monitorear y vigilar el cumplimiento de la ley. Si alguna detecta una posible infracción, se la notifica a la Inspectoría General del TSE —una dependencia distinta que se encarga de investigar las faltas a la ley—.
Si la Inspectoría considera que hay pruebas suficientes, la investigación queda a cargo de la Dirección del Registro de Ciudadanos, quien decidirá si se impone una sanción o no.
Entre 2020 y 2022 la Inspectoría General recibió 33 denuncias y de esas solo tres fueron enviadas al Registro de Ciudadanos.
- Es decir, no solo la capacidad de monitoreo e investigación es poca, sino la posibilidad de que un hallazgo se convierta en sanción es apenas del 9%.
Por si esto fuera poco, quienes incumplan las normas pueden recibir una advertencia por escrito, una multa por $500 —Q3,900— hasta $250,000 —Q1.9 millones—, dependiendo la gravedad de la acción, o una suspensión de hasta seis meses.
En casos más severos, a los partidos se les puede prohibir recibir dinero o pueden ser cancelados. Incluso, se le puede prohibir a una persona inscribirse y participar.
Sin criterios para sancionar, la ventaja es para algunos políticos
El principal problema de la prohibición de inscripción por propaganda ilegal, desde la perspectiva de la abogada Andrea Reyes, es que no especifica qué es y qué no es un acto de propaganda, dejando la decisión de sancionar o no a la Inspectoría General y al Registro de Ciudadanos del TSE.
“La legislación actual se presta a que haya demasiada influencia política. Puede ser que por medio de una interpretación subjetiva se anule la inscripción de un candidato que realmente no estaba haciendo nada malo y que también un candidato se promueva y no sea sancionado”, dijo.
Cualquier acto de propaganda antes de la convocatoria es considerada como ilegal y quien lo haga, según el artículo 94 bis de esa misma ley, no podrá inscribirse como candidato en las elecciones.
Roberto Arzú y Neto Bran —quienes dejaron ver su interés en correr por la presidencia— han sido los únicos hasta ahora a quienes se les ha prohibido la inscripción por propaganda ilegal. Pero otras personas ya recibieron una advertencia para dejar de cometer propaganda ilegal como Edmond Mulet (Cabal), Thelma Cabrera (MLP) y Sandra Torres (UNE).
Asimismo, la Inspectoría General notificó recientemente a cinco integrantes del Movimiento Semilla sobre nuevas investigaciones relacionadas a la posible campaña anticipada. Entre las razones está el uso del emoji de una planta y prendas de vestir con el logo del partido.
Por el contrario, otras acciones más evidentes de propaganda no han sido sancionadas. Por ejemplo, en un video en redes sociales el diputado Manuel Conde Orellana, junto a miembros del partido oficial Vamos, expresó:
“Mi compromiso es trabajar de la mano con el Congreso (…) y primero Dios, si es su voluntad y tengo el respaldo del pueblo, yo lo haré como el próximo presidente de Guatemala”.
También en redes sociales han circulado fotografías de eventos del partido con banderines con la frase “Meme presidente”. Ninguna de esas publicaciones ha sido motivo de advertencia hasta ahora.
Nuevamente, quien puede detectar primero estos posibles actos es la Unidad de Medios. La exmagistrada Mijangos detalla que en la administración anterior los mismos trabajadores de la Unidad de Medios monitoreaban las redes sociales y actividad pública de los políticos.
Actualmente esa dependencia tiene 1 jefe, 11 coordinadores y 1 asistente, pero el portal de compras del Estado y la página del TSE indican que este año la unidad compró:
- Un servicio de monitoreo de anuncios en redes sociales por Q88.8 mil.
- Un sistema de monitoreo permanente de medios de comunicación por Q89.8 mil.
- Un servicio de monitoreo de menciones de palabras claves en redes sociales por Q5.9 millones.
Los retos: Fiscalizar campañas millonarias
Desde el 2020 hasta el 2022 los partidos han recibido más de Q8 millones en donaciones de dinero y Q9.5 millones más en otros tipos de donaciones. En ese mismo periodo el TSE ha impuesto 22 amonestaciones (o advertencias) y una multa por incumplir con los procesos de fiscalización.
Financiar a un partido político no es un delito. El delito sucede cuando los recursos provienen de actividades ilegales —como el narcotráfico, lavado de dinero o el crimen organizado— o cuando sí es dinero legal, pero que nunca se reportó al TSE.
Ambos delitos eran condenados con 4 a 12 años de prisión, hasta que en 2018 el Congreso separó el financiamiento ilegal del financiamiento no reportado —o anónimo—. El primero mantuvo la pena de cuatro a 12 años y el segundo de uno a cinco años con posibilidad de ser reemplazada por una multa.
Los cambios beneficiaron a personas como Orlando Blanco (diputado de la UNE y entonces allegado a Sandra Torres), Jimmy Morales (expresidente de la república) y hasta líderes empresariales señalados de recibir o dar donaciones anónimas para campañas políticas.
La investigación del financiamiento ilícito y el financiamiento anómalo no depende del TSE, sino del Ministerio Público (MP) por ser un delito, pero la Unidad de Fiscalización es la que de primera mano puede detectar los indicios de un delito.
“Cada vez el narcotráfico penetra más en la política y entra en los capitales. Por eso tiene que haber fiscalización”, urgió la exmagistrada Mijangos.
Gabriela Carrera, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, menciona que en muchos casos quien aporta el dinero a las campañas políticas puede llegar a influir en las decisiones de los candidatos una vez lleguen al poder y es lo que muchas personas consideran como el origen del ciclo de la corrupción en la política.
El MP mantiene bajo investigación hasta la fecha una denuncia de 2016 por financiamiento electoral ilícito y otra de 2017 por “financiamiento electoral”; y dos más de 2019 por financiamiento electoral no registrado. Hasta ahora no se conocen avances.
