El politólogo Juan Linz escribió en 1990 un ensayo titulado “Los peligros del presidencialismo”, el cual se convirtió en un clásico en la ciencia política. El presidencialismo se diferencia del parlamentarismo en que el jefe de gobierno es electo directamente por la ciudadanía, no por los miembros del parlamento. El argumento principal de Linz es que un sistema presidencialista pone en riesgo la estabilidad de las democracias.
Considero que Linz se equivoca en su argumento central. La experiencia de América Latina ha demostrado que las democracias se pueden mantener a pesar del presidencialismo. Sin embargo, Linz tiene razón en que el presidencialismo contiene algunos peligros, uno de ellos su rigidez. Aunque esta rigidez no necesariamente pone en riesgo la sobrevivencia de una democracia, sí afecta el desempeño del Estado. Esto se puede observar en el caso del gobierno de Alejandro Giammattei.
¿Qué sucede cuando un presidente corrupto o ineficiente se encuentra en el poder? En su ensayo Linz señala que el parlamentarismo es más flexible para revertir esta situación. En este sistema, la coalición de gobierno puede remover a los actores que no cumplen las expectativas sin provocar una crisis de alta magnitud. Por su parte, el presidencialismo es más rígido. Debido a los periodos fijos de gobierno, en el presidencialismo la destitución de un presidente genera una crisis de mayor proporción. A diferencia del parlamentarismo, en el presidencialismo no es posible convocar a elecciones para elegir a un nuevo gobierno, por lo que el proceso de destitución tiende a ser más complejo y desgastante. En consecuencia, los actores políticos en un presidencialismo optan por preservar cierto nivel de estabilidad política, aunque esto implique mantener en el puesto a un presidente poco popular.
Esta rigidez del presidencialismo es sin duda un problema en Guatemala. En los últimos meses se ha evidenciado la incapacidad del presidente Alejandro Giammattei para manejar la crisis sanitaria. Esto ha repercutido en el nivel de aprobación popular de su gobierno, el cual lo sitúa como el segundo presidente peor calificado en América Latina. Además, Guatemala se encuentra en los últimos puestos de vacunación en la región. Esto ha conducido a varias organizaciones a exigir la renuncia del presidente, especialmente luego del fiasco relacionado a la entrega de las vacunas rusas.
Aunque estas solicitudes aún no tienen eco en todos los sectores de la sociedad, es claro que la ciudadanía ha perdido la confianza en el gobierno y que la frustración incrementa al observar la vuelta a la normalidad en países desarrollados, y cómo países como El Salvador avanzan en su proceso de vacunación.
¿Pero es la renuncia la solución a la crisis derivada de la pandemia? Los promotores de la renuncia de Giammattei argumentan que la Constitución establece procedimientos para la salida de un presidente. En efecto, se señala que, en el 2015, Otto Pérez Molina renunció a la presidencia y se dio una transición sin mayores conflictos. Sin embargo, las condiciones en esta ocasión son distintas.
Primero, mientras Pérez Molina había casi completado su mandato, Giammattei apenas se encuentra en su segundo año de gobierno. Segundo, la celebración de elecciones unos días después de la renuncia de Pérez Molina generaba una sensación de reemplazo que sería determinado por la voluntad popular. Tercero, existía en la sociedad guatemalteca un espíritu de unión, el cual le dio legitimidad política a la renuncia del presidente. En la actualidad, los guatemaltecos aún se encuentran polarizados luego del enfrentamiento relacionado a la estadía de la CICIG en el país. Esta división hace que se vea con desconfianza los llamados de grupos políticos exigiendo la dimisión del presidente.
Personalmente, aunque comprendo la frustración de los ciudadanos que exigen la renuncia, no estoy convencido de que su propuesta sea la mejor solución. En el caso de Guatemala, no observo que exista una coalición política de oposición fuerte y estable la cual tenga la capacidad de alcanzar acuerdos para nombrar nuevos cuadros en un lapso corto de tiempo. De llegar al poder el vicepresidente, el oficialismo actual se movilizaría para bloquear cualquier propuesta proveniente de su administración. En caso de la renuncia del vicepresidente, el oficialismo en el Congreso tendría la mayoría para hacer el nombramiento de un nuevo binomio presidencial. Considero que la renuncia del presidente desataría un proceso complejo y desgastante, el cual distraería la atención del objetivo: mejorar la respuesta del Estado a la pandemia.
Esto no significa que el presidente deba permanecer en el puesto sin exigirle un mejor desempeño. Guatemala necesita cambios de forma urgente, y el presidente Giammattei no se ha caracterizado por fortalecer la institucionalidad. Sin embargo, creo que este gobierno aún cuenta con salidas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, puede nombrar técnicos capaces en los puestos relacionados al manejo de la pandemia y, sobre todo, asegurarse de resolver la problemática con el gobierno ruso en relación a las vacunas. Finalmente, el gobierno debe mejorar su comunicación con la ciudadanía, de lo contrario, las exigencias por la renuncia de Giammattei adquirirán mayor legitimidad.
