El otro día estuve revisando datos del Varieties of Democracy Project sobre la región centroamericana. Al observar indicadores de independencia judicial, encontré que Guatemala cuenta con los jueces de altas cortes más independientes en Centroamérica, incluso por encima de Costa Rica. Asimismo, Guatemala es el segundo lugar en independencia judicial de las cortes inferiores (ver gráficas). Aunque se observa un descenso a partir del 2018, este no ha sido sustancial, ni mucho menos comparable con los descensos en El Salvador o Nicaragua.
Sin duda alguna estos datos no parecieran reflejar la realidad del país. Los medios de comunicación constantemente señalan ataques contra jueces y magistrados. Asimismo, en este mes se cumplen dos años de la no renovación de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso, lo cual ha sido interpretado como señal del sometimiento del poder judicial a los otros poderes del Estado. En efecto, los datos del V-Dem Project no niegan esta realidad. También se observa que, en Guatemala, los ataques del gobierno hacia el poder judicial suceden frecuentemente. En Centroamérica, solo El Salvador supera a Guatemala en este indicador (ver gráfica).
En otras palabras, en Guatemala hay jueces independientes, pero constantemente amenazados. Sin embargo, a diferencia de El Salvador o Nicaragua, los ataques al poder judicial no se han visto reflejados en un descenso sustancial de los niveles de independencia. ¿Cómo explicar esta paradoja? Desde mi perspectiva, en Guatemala los ataques contra jueces no han reducido la independencia judicial por tres motivos. En primer lugar, en Guatemala el poder se encuentra dividido entre una mayor cantidad de actores. Si bien, el Ejecutivo logra armar coaliciones en el Legislativo, estas no son estables ni todopoderosas. Por ejemplo, durante la última magistratura, el Congreso no reunió los votos para procesar antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Segundo, en Guatemala la comunidad internacional ha tenido mayor capacidad de influencia. En países como El Salvador, la comunidad internacional no pudo hacer mucho para detener los ataques de Bukele contra la Sala de lo Constitucional. Tercero, Guatemala cuenta con organizaciones ciudadanas especializadas en temas de justicia. Si bien, muchas de estas organizaciones tienen diferencias ideológicas importantes en su definición de independencia judicial (para algunos se reduce a respetar la propiedad privada, para otros a una agenda de derechos humanos), el resultado final es que ningún actor tiene el control unilateral de las cortes. Estas organizaciones cuentan con recursos clave como redes internacionales, financiamiento para movilizaciones, influencia en opinión pública, etcétera.
Por lo tanto, para observar un descenso considerable en la independencia judicial, se tendría que dar tres condiciones: una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, un debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y un aislamiento de la comunidad internacional. Si bien es cierto, esto puede suceder en países donde las instituciones son débiles, es poco probable que pase en el futuro inmediato. Esto no significa que se deba adoptar una posición triunfalista, pero sí plantea una visión menos sombría que la que usualmente se escucha en la discusión pública.
