En Escuintla, San Marcos, Izabal y Retalhuleu se registraron aumentos preocupantes de casos. En tanto, en el resto de los departamentos ya afectados por este flagelo, las condiciones de inseguridad alimentaria no presentan hasta ahora ninguna mejoría.
Uno esperaría que acabar con el hambre fuera, por sentido común, una de las prioridades de este gobierno, como lo ofreció Alejandro Giammattei en su discurso de toma de posesión. Mas la realidad es otra. Este gobierno ha utilizado el tema de la desnutrición únicamente como discurso para engañar a diplomáticos ilusos en espacios internacionales, pero no para enfrentarla responsablemente.
Cualquier cantidad de toneladas de alimentos se vencen en las bodegas de las instituciones públicas, porque no existe un interés real, ni sensibilidad ni voluntad política para distribuirlos entre quienes no tienen mucho para comer al día siguiente, o porque los trámites burocráticos son tan engorrosos, que se hace muy difícil para las aldeas cumplir con los requerimientos, muchos absurdos, que los ministerios solicitan para entregarlos.
Así como se pierden los alimentos por no distribuirse, también se pierden las vidas de niñas y niños que, quizás con esa ración de comida, hubieran podido sobrevivir unos meses más. En este país con hambre se prefiere mantener embodegados los alimentos, a ser entregados porque hace falta una fotocopia.
Para aplicar al programa “Alimentos por Acciones”, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria del MAGA, algunos de los requisitos que se solicitan a los COCODES parecen razonables, quizás para quienes están cómodamente trabajando desde una oficina.
Es comprensible que se requiera presentar documentos y papelería mínima para demostrar, por ejemplo, que los líderes comunitarios son quienes dicen ser; pero vamos, para entender que en las aldeas ubicadas en las montañas no existen fotocopiadoras, también se requiere de un poquito de conocimiento de campo… o algo de empatía.
A los comunitarios se les exige presentar DPI vigente. Si no lo está, deben entregar constancia de que dicho documento se encuentra en trámite, lo que implica como mínimo una inversión de Q100 para solicitar la reposición en el RENAP, más el costo del pasaje y la alimentación que necesiten para trasladarse a su cabecera municipal.
Es decir, si una comunidad está solicitando alimentos, es porque sus integrantes no tienen ingresos para obtenerlos; no existe trabajo ni oportunidades. Si bien les va, recibirán Q40 por día en jornadas extenuantes de sol a sol. ¿Es lógico entonces este requerimiento, cuando conseguir Q175 o Q200 para un miembro del COCODE resulta ser una tarea titánica?
Cuando finalmente logran recolectar todos los documentos y son entregados en la ciudad capital, es común que rechacen los expedientes por argumentos estúpidos: porque las firmas no van con bolígrafo azul, porque el listado de beneficiarios se entregó ordenado por caserío y no en orden correlativo, porque las impresiones de las fotografías del proyecto no están a color o porque no incluyeron un CD donde se encuentren los archivos con dichos listados.
En Jocotán, a los pobladores de La Palmilla les devolvieron su solicitud debido a que la certificación municipal de la inscripción del COCODE decía que dicho caserío pertenece a la aldea Talquezal, pero en el resto de la papelería se escribió “Talquezal Centro”. Tras rogar porque se les ayudara a encontrar una solución, les pidieron buscar un abogado para que “testeara” el documento y que dijera “Omítase: Talquezal Centro, léase: Talquezal”. Este ajuste no requería de firmas ni sellos notariales, era algo tan simple que ahí mismo, en el VISAN, con un poco de voluntad, pudieron hacer. Mas este detalle provocó que el trámite se retrasara varias semanas más.
Tras tres intentos y dos meses después, tiempo suficiente para que empeoren las condiciones de cualquier niño en condición de desnutrición, el expediente fue aceptado.
Usualmente, los alimentos son entregados por el VISAN en la comunidad misma, pero por las condiciones del camino era imposible que el camión llegara hasta lo alto de la montaña. Para facilitar las cosas, se juntaron varios picops para mover los alimentos desde la cabecera municipal hasta La Palmilla. No obstante, el funcionario a cargo quería, en vez de ir hasta allá, que la gente bajara de la montaña para hacerles entrega de sus alimentos.
Como era de esperarse, las cosas no se dieron así. No tuvo más remedio que sumarse a la caravana rumbo a la comunidad, donde con mucha alegría la gente esperaba unos víveres que no les están regalando, sino que trabajaron duro para obtenerlos, aunque las autoridades se los tramitaran y entregaran a regañadientes.
El vía crucis, sin embargo, no había concluido. Al funcionario se le “olvidó” mencionar que las y los beneficiarios debían presentar contra entrega de los alimentos, una fotocopia de su DPI, a pesar de que el VISAN tenía con antelación los listados con los números de identificación de cada una de estas personas, que además fueron verificados en el RENAP como parte del proceso de revisión del expediente que la comunidad entregó, ese mismo que le rechazaron en tres ocasiones.
Hartos de lo engorroso del proceso, los comunitarios juntaron los DPI de todas las personas que no tenían una copia de su documento. Pagaron Q150 a un picop, para que fuera hasta Jocotán y regresara con lo requerido. Cuando el piloto volvió, lo hizo con las fotocopias que se necesitaban, más los Q150 que le habían pagado. No aceptó el dinero; hacer la vuelta fue su aporte para la comunidad.
A la fecha, los expedientes de 12 comunidades de Chiquimula se encuentran detenidos en el VISAN, a causa de tantos requisitos burocráticos sin sentido. No sería extraño que lo mismo esté sucediendo con comunidades de otros departamentos. Es necesario, a lo mejor desde el Congreso de la República, que se impulse una iniciativa de Ley que obligue a las instituciones públicas a simplificar los trámites, acercar los procesos a las comunidades y facilitar la entrega de los alimentos.
De lo contrario, a este ritmo los indicadores de desnutrición no van a cambiar y los alimentos se seguirán perdiendo y pudriendo en las bodegas, porque en las aldeas son incapaces de firmar con lapicero azul y no contar con una fotocopiadora. Son pobres porque quieren.
