En una sociedad democrática, toda persona debe tener la certeza de que los asuntos que se plantean ante la justicia serán resueltos con base en la ley y no en intereses políticos, económicos o personales, tanto si se trata de cuestiones que le afectan individualmente, como de asuntos que repercuten en el bienestar de toda la sociedad.
La independencia judicial está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Una judicatura independiente es clave para proteger a las personas frente a violaciones y abusos de derechos humanos. En contextos donde estos se cometen por parte de fuerzas del orden, funcionariado público o incluso particulares con poder, un tribunal autónomo tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar dichos actos. En estos casos, la independencia judicial garantiza que las víctimas obtengan reparación y que las y los responsables rindan cuentas, sin importar su posición o influencia.
La actividad de juezas, jueces y fiscales no puede estar desvinculada de la responsabilidad. Es decir, deben rendir cuentas de sus actos, conducirse con ética, y resolver apegándose a derecho. La independencia del sistema de justicia debe ir acompañada de mecanismos de supervisión adecuados que prevengan la corrupción y aseguren transparencia en su funcionamiento.
Entre otros, es necesario contar con órganos disciplinarios independientes y que cumplan con las garantías de un debido proceso; con sistemas efectivos de evaluación del desempeño judicial, así como con procedimientos accesibles que permitan denunciar abusos, corrupción o interferencias indebidas.
Instrumentos como los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, las Directrices de Bangalore sobre la conducta judicial y la Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos, constituyen marcos normativos esenciales para su establecimiento de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Aun con su evidente relevancia, en diversos países, la independencia judicial se ve amenazada por distintas formas de presión, tales como la criminalización contra personas operadoras de justicia, campañas de desprestigio en medios de comunicación, la intervención de actores externos o de poderes fácticos en los nombramientos o destituciones de juezas/ces, entre otros. Por ello, es esencial que los Estados adopten medidas efectivas para proteger esta independencia, como garantizar la inamovilidad de juezas y jueces, establecer procesos de selección igualitarios y transparentes, así como asegurar condiciones laborales dignas. En aquellos casos en los que el funcionariado judicial corra riesgos por la realización de su trabajo, deberán también brindarse las medidas necesarias para su protección.
En el caso de Guatemala, los informes del Alto Comisionado han dado cuenta de serios desafíos para la independencia judicial que se traducen, por ejemplo, en vulneraciones del derecho al debido proceso y el uso indebido del derecho penal, incluso por parte de actores dentro de instituciones de justicia, en contra de personas defensoras de derechos humanos, fiscales, juezas, jueces, periodistas, entre otras. En estos informes también se incluyen consideraciones con respecto a los procesos de elección de autoridades de justicia, que son relevantes frente a la designación de magistratura de la Corte de Constitucionalidad y de Fiscal General, previstas para 2026.
La visita oficial al país, en mayo, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Margarett Satterthwaite, en la que sostendrá una serie de reuniones con entidades del Estado, especialmente del sistema de justicia, así como con organizaciones de la sociedad civil, es una oportunidad para contar con valiosos insumos respecto de la situación que prevalece en el país sobre la independencia judicial y fiscal y recomendaciones para avanzar hacia su plena garantía.
Un poder judicial imparcial y autónomo permite que la ciudadanía confíe en que sus derechos serán respetados, que las leyes serán aplicadas con equidad y que ningún poder actuará por encima de la ley. Dada esa trascendencia, es clave que el análisis, las discusiones y propuestas sobre este tema involucren a los distintos sectores de la sociedad. Garantizar la independencia del sistema de justicia es defender la dignidad, la libertad y la justicia para todas las personas.
