El Ministerio Público pagó para poder tener un certificado que avala la “excelencia” de la gestión de Consuelo Porras. Más allá del dinero, para obtener el certificado se redujo el tiempo que los fiscales tienen para investigar las denuncias de la ciudadanía. Algo que muchas veces implica desestimar los casos.
Consuelo Porras cumplirá seis años al frente del Ministerio Público. Tanto su reelección como sus continuos mensajes defendiendo su gestión, usan como respaldo el contar con un certificado de excelencia.
Ese certificado es el ISO 9001:2015. Se trata de un sistema de gestión de la calidad que comúnmente usan las empresas para demostrar su buen trabajo. En ese sistema se establecen procesos y tiempos que cumplir para conseguir y conservar ese aval internacional.
El MP cuenta con ese aval desde 2018, pero para lograrlo la gestión de Consuelo Porras tuvo que sacrificar la atención que le pueden dar a la ciudadanía para investigar sus denuncias.
¿Cuáles son las metas para tener esa certificación?
El MP implementó un sistema llamado Gestión Integral de Casos (GIC). Con este se estableció que los fiscales deben darle “resolución” a 9 de cada 10 casos de delitos que reciben en un máximo de 30 días.
Su objetivo era reducir la mora judicial. Es decir, el retardo excesivo en denuncias y procesos penales.
En ese tiempo es prácticamente imposible hacer una investigación que dé con los responsables de los delitos. Así lo dicen fiscales consultados sobre esta certificación. Explican que para recolectar pruebas hacen diferentes solicitudes de información a las instituciones. Algunas responden de inmediato, pero otras responden un mes después. Es decir, más allá de los 30 días que los fiscales tienen de plazo.
Eso sin contar con el tiempo que requería, por ejemplo, hacer investigación en el campo, o recolectar y analizar más evidencias.
“Eso (el tiempo límite establecido por la gestión de Consuelo Porras) contradice lo que dice la ley”, asegura uno de los fiscales consultados. Se refiere específicamente al artículo 324 del Código Procesal Penal que establece que “mientras no exista vinculación procesal mediante auto de procesamiento o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos”. En otras palabras significa que a los fiscales no se les puede imponer un plazo de investigación mientras no se tenga por lo menos a un posible culpable, que ya esté procesado por un juez.
Pero para el MP eso no es excusa, los fiscales deben cumplir el plazo. De lo contrario, se les amenaza con emprender procesos administrativos en su contra. Eso pone contra la pared a las y los fiscales. Por un lado tienen a la ciudadanía exigiendo que resuelvan sus denuncias, y por la otra la presión de cerrar los casos.
El MP dice que esto aplica para delitos que considera menos graves como la estafa, lesiones, usurpación de funciones, contaminación ambiental y retardo de justicia. Pero los fiscales afirman que también les toca archivar los casos de robo de teléfonos y robo de carros.
Aun así el MP ha presumido que ahora resuelve el 96% de los casos nuevos que ingresan.
- Solo en la Fiscalía Metropolitana, que ve casos como robos, hurtos, coacciones y amenazas, las desestimaciones se dispararon en 2023. En total se cerraron 24 mil casos y en 2022 fueron 7 mil.
- En la Fiscalía de la Mujer de Villa Nueva ocurrió lo mismo. De 4 mil denuncias desestimadas en 2022, pasó a tener 13 mil el año pasado.
- En total han sido 297 fiscalías que han obtenido este certificado en toda Guatemala.
El certificado tampoco es gratis
El MP ha desembolsado Q728 mil por el certificado, la capacitación de personal, las auditorías que hace la empresa para mantenerla y por tres libros sobre ciberseguridad y protección de la información. Sí, libros. Según la factura de Q1,550, se compraron estos libros que están relacionados con la certificación ISO.
Los pagos se han hecho desde el 19 de octubre de 2021. Ninguna otra empresa pudo ofrecer mejores precios en los concursos públicos, pues solo una tiene el derecho a otorgar el ISO.
La empresa beneficiada se llama ICONTEC Guatemala, S.A. En total ha recibido Q5.9 millones de diferentes instituciones como la Municipalidad de Guatemala, el Organismo Judicial y la Empresa Portuaria Quetzal, que también pusieron en marcha su propia certificación o han contratado auditorías.
¿Cómo nos afecta esa decisión?
“La regla general ahora es la desestimación y eso es verdaderamente grave. Es preocupante porque implica que no estamos llegando a soluciones estructurales frente a las denuncias y a los delitos que se cometen”, dice María del Carmen Peláez, investigadora de La Balanza, una herramienta creada por Diálogos para promover el acceso y análisis de datos sobre el sistema de justicia guatemalteco.
La especialista explica que la desestimación significa deshacerse de las denuncias y que ya no se investigue el delito que se cometió. “Es decir que quede en la impunidad. Son cifras para pensar que se están haciendo las cosas bien”, asegura.
En otras palabras, si un día te roban el carro y lo denunciás, el fiscal solo tiene 30 días para tener un sospechoso del robo. Para lograrlo necesita pedir grabaciones de videos, documentos personales de los posibles culpables, entrevistar testigos, entre otras cosas más.
Supongamos que tenés suerte y localizan tu vehículo en menos de dos tres semanas, el fiscal debe solicitarle a un juez permiso para hacer un allanamiento. Pero como hay cientos de casos en cola, lo más probable es que el juez programe la audiencia para conocer la petición dos o tres semanas semanas después de que el fiscal la requiriera.
Pelaéz explica que hay dos criterios para desestimar en el Código Procesal Penal. Uno es establecer que no existió el delito y que no somos víctimas. Y el segundo es que no se pueda proceder con la investigación.
“Pero qué pasa cuando nos roban el celular. Vamos a denunciar y en cuestión de una o dos semanas ya nos llega una notificación del Ministerio Público, en la que nos informan que nuestra denuncia ha sido desestimada, aunque el delito existió y somos víctimas. También nos dicen que no se puede proceder pese a que muchas veces estos asaltos ocurren en lugares con cámaras, donde se podría hacer alguna diligencia de investigación para llegar a establecer quién fue el responsable”, dice.
Un fiscal confirma esto. Explica que para archivar las denuncias por robo de teléfono deben buscar una justificación. Esta comúnmente es consignar que no había cámaras de las municipalidad y la policía, o que estaban lejos del lugar donde ocurrió el asalto. Es es lo único que hacen, no llegan hasta el lugar para saber si hay cámaras en locales o viviendas.
Para el MP eso no es problema. Celebran que casi en todas las fiscalías de Guatemala se mantiene el aval. “Con esta certificación se establece la excelencia en los procesos de recepción de denuncias, análisis y seguimiento, conciliación o investigación hasta la salida procesal que corresponda”, asegura la institución.
Lo que no dice es que esa “salida procesal que corresponda” en realidad significa desestimar tu denuncia, no investigarla, enterrarla entre otras miles más.
