Este reportaje fue realizado gracias a la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation.
Mayra Angelina Gutiérrez Hernández de 42 años y originaria de la ciudad capital, era catedrática de la Universidad de San Carlos, en la facultad de Psicología.
«Tengo sentimientos encontrados de saber que pasó, algunas veces no quisiera saber porque sé que va a ser doloroso, pero por otra parte sí quisiera que me entregaran sus restos y poder hacer el duelo como debe de ser», afirma su hija Ángela Arguello.
El 7 de abril del 2000. Mayra desapareció el día que salió a Huehuetenango por trabajo. Ángela asegura que cuando reportaron la desaparición, las autoridades trataban de convencerlas de que ella huyó por su voluntad, que se había fugado, pero Ángela sabía que no fue así.
Ese día, al volver de la escuela Ángela vio que las pertenencias de su mamá estaban en la casa, el teléfono celular estaba cargándose, y que todo estaba preparado para el viaje que hacía cada fin de semana para impartir clases en Huehuetenango. Ese fin de semana la empezaron a buscar, en ese entonces tenían que pasar 48 horas para poder poner la denuncia.
Ángela la recuerda como una mujer estudiosa y trabajadora, en el momento en que Mayra desapareció trabajaba en una investigación para UNICEF sobre adopciones ilegales en víctimas del conflicto armado.
«Durante mucho tiempo, uno trata de no pensar o de no hablar del tema, pero cuando vuelvo a hablar de esto 20 años después me pone mal, al igual que mi familia» cuenta Ángela.
La desaparición de alguien es un episodio que ya había sufrido la familia de Mayra. Ocurrió en el tiempo del Conflicto Armado Interno en Guatemala, un hermano y una hermana de Mayra desaparecieron durante ese periodo, al igual que Mayra, no volvieron.
En el 2014, Ángela contactó al Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) para presentar el caso ante la Corte interamericana. En 2016 obtuvo una sentencia que obliga al Estado de Guatemala a resolver el caso, entregar los restos a la familia y procesar a los responsables. El expediente pasó a una fiscalía especial (en el periodo de Thelma Aldana) y esta empezó a dar avances en la investigación. Hasta ese momento confirmaron que el patrón de la desaparición de Mayra era el de una desaparición forzada.
La diferencia con las desapariciones del pasado es que, en ese entonces, había indicios de quién podía ser el responsable. Lo usual era que fueran cometidas por el Estado. Actualmente los actores a cargo de las desapariciones pueden ser diversos y depende mucho del contexto de las víctimas. Algo no ha cambiado, al igual que durante los años de la guerra, muchas de las víctimas son mujeres y niñas.
Karla Campos, del GAM, explica cómo durante la guerra las desapariciones eran de carácter político, criminalizaban a las personas por ser estudiantes, estar organizadas u otras razones. En la actualidad no, pero las razones que dan las autoridades para explicar la desaparición continúan criminalizando a las víctimas, sobre todo en el caso de las mujeres madres solteras, o por sus relaciones personales.
Campos hace una aclaración y no culpa al Estado como el actor principal de la desaparición, pues ahora no las provocan un solo actor. «Sin embargo el Estado debe de responder y accionar, haciendo la búsqueda, dar sentencias en casos necesarios e investigar las desapariciones, la responsabilidad del Estado sigue siendo importante», afirma.
Las secuelas psicológicas que deja una desaparición ahora no varían mucho de las que padecen las familias de quienes desparecieron durante la guerra. Es más, tal como pasó durante la guerra, a las víctimas se les criminaliza, aduciendo que son las mujeres que huyen o que desaparecen por que así lo quisieron, se les juzga por prejuicios de género y, muchas veces, las acciones de búsqueda no inician de inmediato.
«Yo tengo una princesita que se llama Sarita»
A pesar de que las estadísticas del MP muestran una reducción de las desapariciones vinculadas a violencia, la realidad del día a día en Guatemala muestra otra cosa.
Solo en enero de 2021 se registraron más de 69 mujeres asesinadas, algunas de ellas estuvieron dentro de las alertas, otras no, pero al final fueron víctimas de femicidio. Dentro de estos casos hay casos como el de Hillary Saraí Arredondo, en donde la familia activó la Alerta Alba-Keneth el 17 de enero 2021, pero la encontraron asesinada y con signos de violencia física y sexual el 18 de enero en Tiquisate, Escuintla.
Tenía tres años, a punto de cumplir cuatro en abril 2020. Su madre, Nancy de León, cuenta cómo su hija era una niña deseada y amada por toda su familia.
«Que la justiciar se encargue de ellos», repite la madre.
A Hillary la sacaron de la casa de su abuela materna en Tiquisate. Esa noche la tía de la menor, Norma Bran, activó la Alerta Alba-Keneth para empezar con la búsqueda esa misma noche, vecinos y familiares colaboraron. En la mañana del 18 de enero de 2020, el cuerpo de Hillary fue encontrado en un bosque.
Nancy recuerda la canción que compuso para su hija «yo tengo una princesa que se llama Sarita / menea la cabeza llamando a su mamita / y su mama le dice portate bien Sarita». Hillary Sarai cantaba la canción, reía con su hermanito Santiago. No entiende qué paso o por qué sucedió esto, pero espera que se haga justicia. «Yo quisiera justicia, la ley que les de lo que se merecen, yo no puedo pedir que los maten, pero quiero que se haga justicia».
Las historias como las de Hillary se repiten. Apenas unos días después de su asesinato, pero en Ciudad de Guatemala, Luz María de 25 años, investigadora criminalista del MP, también fue víctima de femicidio. La encontraron en un tragante cerca de su trabajo con señales de violencia, su esposo es el principal sospechoso.
Si bien las alertas como Alba-Keneth e Isabel Claudina sirven para la búsqueda inmediata de las mujeres y de niñas y niños, muchas no son activadas a tiempo o bien los familiares desconocen los mecanismos.
Aunque aparecen, el Estado las abandona
Que una joven logre escapar o aparezca es, en muchos casos, apenas una parte de lo que deben enfrentar después.
Edda Roblero, fiscal del MP, cuenta que el seguimiento y apoyo a las víctimas es casi nulo. Un ejemplo es el caso de Ana Andrea Pop Hidalgo, víctima de trata de personas a sus 15 años. Su familia la recuerda como una niña con mucho entusiasmo.
Vivía en Chioya, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Bajo engaños, una persona allegada a la comunidad la llevó a la Ciudad de Guatemala donde la explotaron sexualmente. Durante el rapto Andrea era amenazada para no decir lo que estaba viviendo en un hotel llamado Casa Blanca, en zona 4. Esto ocurrió en febrero del 2015.
Su hermana Rosalía sentía desconfianza cuando hablaba con Andrea, ella decía que estaba bien. Volvió a la comunidad solo hasta que amenazaron a sus captores con hacer una denuncia, pero al regresar Andrea ya no era la misma.
Pasó una semana en casa, en esos días recibió amenazas. Los captores se la llevaron en abril 2015 con otra jovencita de la comunidad. Rosalia puso la denuncia por el rapto de su hermana, pero en las autoridades las enviaban del MP a la PGN, en donde tampoco les tomaron la denuncia.
Finalmente, el MP recibió la denuncia y activaron la Alerta Alba-Keneth. Encontraron a Andrea un día después, ahora en el parque de Cobán. Sus declaraciones sirvieron para encontrar a los responsables de la red de trata, eran Herlinda Tiux Tul, tía politica, Estela Emiliana Ramírez Martínez y Catalino Verónico González Felipe.
Rosalía cuenta cómo a su mamá la tuvieron encerrada en el MP, asegura que la presionaban para que ella dijera que Andrea se había ido por voluntad propia, pero la familia se mantuvo firme en la denuncia
Andrea contó que la llevaron primero a una tortillería, pero al llegar se dio cuenta de que era un hotel. La retuvieron bajo amenazas, la explotaron sexualmente y, como lo hicieron con otras jóvenes, pusieron a subasta su virginidad. La puja la ganó un hombre de 42 años, pagó 600 quetzales.
Las personas sindicadas fueron sentenciadas en febrero de 2017 y Andrea fue resguardada en el Refugio de la Niñez por un tiempo, luego volvió a casa.
Durante el proceso de denuncia amenazaron constantemente a la familia, decían que matarían a su papá. Andrea tenía miedo, aunque lograron mantener la denuncia. «Pero era como que Andrea la hubieran matado en vida», recuerda la hermana.
Su vida cambió mucho, unos años después, Andrea se vinculó con un hombre mayor que ella y tuvo una hija.
De lo vivido en el Hotel Casa Blanca le quedaron las secuelas emocionales y psicológicas, no hubo un acompañamiento de las autoridades en darle resguardo y apoyo de ningún tipo. Con ayuda de organizaciones sociales, Andrea estudió bachillerato en medicina, quiere ser enfermera.
Las autoridades nunca dieron protección a la familia como testigos protegidos. El 18 de octubre de 2020 Andrea salió de compras a San Juan Chamelco. Luego ya no hubo noticias de ella.
Al siguiente día la familia supo por redes sociales que, a las 8:30 horas, encontraron su cuerpo con señales de violencia, la hallaron en un camino que lleva a Coxojur, una comunidad cercana. Perla, la hija de Andrea tuvo un presentimiento esa tarde «No quiero que maten a mi mamá» les dijo.
Años después hubo otra víctima en el mismo hotel en la zona 4 capitalina. Noemí Ambrosio Cambriz, de 25 años, murió en circunstancias poco claras. También era originaria de Alta Verapaz.
El Estado sigue siendo culpable
Es cierto, las desapariciones en Guatemala ya no vienen del Estado, pero este continúa siendo el responsable indirecto en algunas ocasiones. Un ejemplo de violencia estatal fue el caso de las 56 niñas quemadas en el Hogar Virgen de la Asunción, luego de que ellas denunciaran violencia y abusos sexuales.
Otro ejemplo de justicia tardía es el caso de Isabel Veliz Franco, uno de los casos que motivó a crear la Alerta Isabel-Claudina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por no investigar la desaparición y femicidio de Isabel.
Después de 20 años, su madre, Rosa Franco, junto con organizaciones sociales como el Grupo Guatemalteco de Mujeres, lograron que en marzo de 2021 un tribunal guatemalteco juzgara y condenara al agresor de Isabel, asesinada el 16 de diciembre de 2001. La sentencia fue de 30 años, aunque tardó 20 en llegar. Fue un caso icónico, pero existen miles de casos similares, muchos sin resolver.
Las familias siguen buscando justicia, algunas con más miedo que otras. Tanto las familias de las personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno, como las familias de las desparecidas y víctimas actuales, lloran porque les hace falta su hija, hermana o madre
Pareciera ser que en Guatemala la guerra continúa, aunque ahora es una guerra contra las mujeres. Son sus cuerpos y vidas las que están al frente de la batalla.
