Vigilancia, coronas fúnebres y perros muertos: los ataques para intimidar a mujeres que luchan por la justicia

El acoso contra juezas, periodistas y abogados no sólo es en las redes sociales. También implica vigilancia y mensajes amenazantes. Detrás de esto no solo hay cuentas falsas, también funcionarios públicos que son parte del acoso o bien, que encubren a los responsables.
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El pasado 5 de abril conversamos en un Twitter Space con Ericka Aifán, ex jueza de Mayor Riesgo; Flor de María Gálvez, exmandataria de CICIG y Michelle Mendoza, periodista de CNN. En sus carreras han sido blanco de ataques por su labor en favor de la justicia y la verdad. 

A continuación resumimos los puntos más importantes de la conversación:

El inicio del acoso

Michelle Mendoza lo tiene claro. Fue en agosto de 2017, luego que Jimmy Morales declaró non grato al excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, que los ataques se endurecieron como respuesta a su trabajo periodístico. 

“Ya son 6 años de ataques y con el paso de los años ha aumentado. Han averiguado sobre cómo vivo o en donde estoy yo. No soy una persona que tenga la posibilidad de ir al súper o a una tienda, o salir con mi familia. No puedo ir a ningún lugar sin tener ese temor de que me van a fotografiar y sacar de contexto la situación”, comentó Mendoza. 

Para la exjueza Erika Aifán, el machismo estuvo presente desde que aplicó para convertirse en jueza de Mayor Riesgo. Frecuentemente criticaban sus capacidades o recibía mensajes de que las mujeres debían estar en juzgados de familia. Al igual que con Mendoza, fue en el contexto de la expulsión de CICIG que arreciaron los ataques: 

“Comenzaron las vigilancias frente a mi casa por personas desconocidas, incluso miembros de pandillas. Después de esto empezaron las publicaciones de fotografías y vídeos de los lugares en los que yo me encontraba, todos acompañados de mensajes denigrantes con referencia a mi condición de mujer”, recuerda Aifán.

¿Quién está detrás de los ataques?

Aunque los ataques muchas veces vienen de cuentas falsas en redes sociales, detrás de ellas hay personas que filtran información o financian el acoso contra periodistas, juezas y activistas. 

Michelle Mendoza recuerda que en mayo de 2021, en conjunto con la periodista Jody García, pudieron identificar que era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana, quien tomaba fotos que luego se usaban para hostigar y difamar:

“El hotel no estuvo dispuesto a dar los vídeos donde la señora aparece fotografiándome. Ese mismo mes hice una pregunta en el chat oficial de Presidencia y luego empezó a circular mi número de teléfono con la pregunta que yo había hecho. Comencé a recibir acoso sexual directamente”. 

La abogada Flor de María Gálvez no duda en mencionar a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo:

“Nosotras en el ejercicio de la defensa de las colegas Leily Santizo y Eva Xiomara Sosa, decidimos interponer una denuncia de violencia contra la mujer por este ataque sistemático a través de redes sociales. Este ataque hacia ellas venía desde hace muchos años y, sin embargo, se intensificó y se vio materializado en una audiencia donde el señor Méndez Ruiz, intentó agredir a Xiomara Sosa. A raíz de eso, decidimos interponer la denuncia de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica”.

En el caso de Erika Aifán, ella recuerda que incluso pudo identificar con sus DPI a las personas que eran parte de la vigilancia y el hostigamiento en su contra.  

Los efectos de los ataques

En una entrevista el canciller Mario Búcaro, aseguró que las y los operadores de justicia se han ido de Guatemala por voluntad propia y no por ser víctimas de persecución. 

La exjuez Erika Aifán contraría esa opinión: “En mi caso concreto, creo que la evidencia más palpable de que esos ataques finalmente funcionaron es la renuncia al cargo. Esa serie de ataques llegaron al punto al límite de poner en riesgo mi vida y la de otras personas que me han apoyado”.

La abogada Flor de María Gálvez mencionó que otras colegas, extrabajadoras de CICIG, también fueron blanco de ataques y ahora han sido criminalizadas e incluso enviadas a prisión. Tales son los casos de Xiomara Sosa, Leily Santizo y Virginia Laparra.

“Han dejado perros muertos cerca de donde yo vivo con mensajes hacia mí. Para hacerme sentir insegura, me siguen, he tenido que cambiar mi número de teléfono personal varias veces”, comentó Mendoza.  Las estrategias para intimidarla incluso han afectado a su familia. La periodista comenta que incluso su hermano ha perdido oportunidades laborales porque envían mensajes a las empresas para que no sea contratado. 

Las denuncias no prosperan

El Ministerio Público ha desestimado o archivado las denuncias colocadas por la periodista Michelle Mendoza y la ex jueza Ericka Aifán, pesé a la presentación de pruebas. 

La abogada Flor de María Gálvez está en espera de que prospere una denuncia por violencia contra la mujer en contra de Ricardo Méndez Ruíz, de la Fundación Contra El Terrorismo.

“Todo delincuente deja rastros y el problema radica en tener la eficiencia para seguir ese rastro y encontrar al delincuente” dice Aifán. Cree que el problema no es tanto técnico como de falta de voluntad de parte del Ministerio Público. 

Aún así las tres entrevistadas señalan la necesidad de seguir denunciando sobre todo, por el futuro de las niñas que están creciendo en un país machista. Sin denuncia, sin seguir luchando por la justicia pese a las adversidades, el futuro será aún más oscuro.

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