Estas son las 5 estrategias que han utilizado para frenar su trabajo y el de la fiscalía.
1. Más de 50 denuncias penales
Entre 2010 y 2020 el Ministerio Público recibió 56 denuncias penales contra el fiscal Juan Francisco Sandoval.
La Fundación contra el Terrorismo presentó “más de la mitad”, asegura Sandoval. El resto fueron presentadas por las mismas personas que han sido acusadas en los procesos. Entre ellas el empresario Gustavo Alejos, la excandidata presidencial Sandra Torres y su abogado Otto Gómez.
En una de esas denuncias Sandra Torres se valió de la Ley Contra el Femicidio para acusar a Sandoval de “perturbarla o intimidarla”, luego que él comenzara una investigación sobre el financiamiento de su campaña electoral de 2015. La jueza Susan Sabrina Salazar Escobar ordenó medidas de seguridad a favor de Torres y prohibió a los fiscales Sandoval y Andrei González “perturbarla o intimidarla”.
En diciembre de 2020 todas las investigaciones contra Sandoval fueron asignadas a Karin Orellana Pinto como fiscal especial. Después de 41 días en su cargo, fue destituida luego que se conociera que su pareja, Luis Erasmo Martínez Díaz, había sido detenido por delitos vinculados al narcotráfico.
Conocé más: En esta nota publicada en Nómada sobre el proceso penal por la denuncia de Sandra Torres
2. Diez procesos administrativos contra Sandoval
Además de denuncias, Sandoval tiene 10 procesos administrativos en su contra. Estas son investigaciones que se les imponen a trabajadores dentro de una institución por indicios de alguna falta. No se judicializan y se evalúan de forma interna.
Nueve de los procesos administrativos, la mayoría, se presentaron en el año 2020, primer año en el que no trabajó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “Todos los reclamos de actores adversos se canalizaron hacia mi”, dijo Sandoval.
Asesores de la fiscal general, Consuelo Porras, y personas señaladas en casos que investiga la FECI, también han presentado denuncias administrativas contra Sandoval y la fiscalía que dirige.
El CACIF presentó una queja en julio de 2020 ante el MP porque Sandoval los incluyó en un párrafo de un informe que entregó al Congreso sobre los señalamientos contra los candidatos a los magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
3. Desaparecer a la FECI
En la Corte de Constitucionalidad se han presentado dos recursos legales que buscan eliminar la FECI.
- Otto Rolando Gómez García, el abogado de Sandra Torres, junto a otros dos, dijo el 3 de junio ante la Corte de Constitución que la FECI viola la Constitución de Guatemala, porque actúa de manera “unilateral”.
- Los abogados José Enrique Urrutia y Sara Santizo; activistas de Guatemala Inmortal, acompañados de Amanda Santizo; que representó a Igor Bitkov en el caso “Migración”, argumentan que la FECI fue creada por un acuerdo entre CICIG y el Ministerio Público y que, por ende, la fiscalía debía desaparecer al finalizar el mandato de la comisión.
Ninguno de los dos ha sido resuelto por la Corte de Constitucionalidad.
Entérate más: sobre la FECI y los intereses políticos en una entrevista publicada en No-Ficción
4. Bloqueo del trabajo de la FECI
Tras la salida de CICIG, por decisión de la fiscal general Consuelo Porras, la FECI fue apartada de varios casos. Entre ellos:
- Caso IGSS: En este se investigaba un supuesto plan del gobierno de Giammattei para debilitar al Seguro Social y tomar el control de la institución. El caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.
- La Línea 2.0: En este se presume que la estructura que utilizó el Partido Patriota para controlar puertos y aduanas también pudo haber sido utilizada para favorecer el narcotráfico. Fue trasladada a Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
- Por orden de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, casos de corrupción de alto impacto, que involucran a exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi o Gustavo Alejos, pasarán a las manos de la fiscal Cinthia Monterroso, en contra de quien pesan denuncias por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.
Por otro lado, también hay acciones que retrasan la actuación de las fiscalías del Ministerio Público.
La Policía Nacional Civil informó que los fiscales deben pedir autorización a la Fiscal General cuando necesiten apoyo de policías. Eso significa que Juan Francisco Sandoval debe tener el aval de Consuelo Porras cada vez que requiera preparar un operativo y ello, sobre todo, facilita la fuga de información.
Leé sobre: Los impedimentos en la lucha por la justicia en Guatemala y El Salvador, una opinión de Fernando Barrillas publicada en Agencia Ocote
5. Campañas de desprestigio
A lo largo de los últimos seis años, desde que Juan Francisco Sandoval preside la FECI, ha sido el blanco de diversas campañas de desprestigio como parte de estrategias para minar su credibilidad.
Sandoval denunció públicamente que entre el 26 y 27 de septiembre pasado, el personal de la FECI que se encarga de realizar pesquisas en casos de corrupción recibió ataques de cuentas anónimas en redes sociales. Los mensajes tienen fotografías en situaciones personales.
Según el fiscal, estas campañas las mueven los intereses de las personas que están siendo acusadas por la FECI. “La única forma de sacarme de su camino es desprestigiando y atentando contra mi salud mental o sacándome del país. Lo único que me preocupa es mi familia”.
Enterate más: En esta nota de elPeriodico, que explica la falta de apoyo en Guatemala para el fiscal.
