Foto: CEJIL

Una denuncia para favorecer a la antigua élite militar

La exfiscal general Claudia Paz y Paz, fue denunciada, el pasado 31 de mayo por permitir la persecución penal por delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Este podría ser el comienzo para garantizar impunidad a la antigua élite militar.
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La denuncia

Fue la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, dirigida por Emanuel Molina, quien denunció a la exfiscal general. 

La oficina la acusa de los delitos: abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones. En la denuncia también incluyó a la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, por haber presentado las acusaciones contra altos mandos militares señalados de crímenes de lesa humanidad.

¿Cuál es la importancia de Claudia Paz y Paz?

Fue la primera mujer en ocupar de forma (no interina) la jefatura del Ministerio Público (MP). Durante su gestión investigó, entre otros casos importantes, las violaciones de derechos humanos cometidas en los 36 años de guerra en Guatemala. Algunos de los más notorios son:

  • Se juzgó y condenó por genocidio al expresidente de facto, Efraín Ríos Montt. Fue un caso de alto impacto dentro y fuera del país, aunque 10 días después una sala ordenó anular la sentencia.
  • Se obtuvo una sentencia condenatoria en el caso Dos Erres, una masacre perpetrada en Petén, por kaibiles. Más de 200 personas fueron ejecutadas y tiradas a pozos clandestinos.
  • Durante su mandato también fueron investigados, capturados y desarticuladas algunas células del cartel de Los Zetas.

Por su trabajo fue nominada al premio Nobel de la Paz en 2013. En México fue parte de una comisión especial que investigó el asesinato y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

¿Quién se beneficia con esta denuncia?

En la denuncia presentada señalan cómo víctimas de persecución penal a 8 militares en situación de retiro. Dentro de ese grupo el nombre que más destaca es el de Benedicto Lucas García.

Lucas García fue exjefe del Estado Mayor General del Ejército, de 1978-1982, durante el periodo presidencial de su hermano, Romeo Lucas García, periodo en el que se agudizaron las ejecuciones extrajudiciales.

Además fue promotor de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), conformadas por población civil para controlar los territorios, en su mayoría, indígenas.

Él enfrenta la justicia guatemalteca por graves violaciones a los derechos humanos:

  • Fue condenado a más de 50 años de prisión en 2018 por la violación y tortura de los hermanos Emma Gudalupe y Marco Antonio Molina Theissen. Este último era un niño en el momento de su desaparición y tortura.
  • Es acusado de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad en el Caso Creompaz, el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, en el que encontraron más de 500 osamentas, resultado de ejecuciones extrajudiciales.
  • En 2019 fue acusado por el delito de lesa humanidad y desaparición forzada en un segundo caso por Genocidio contra el pueblo Maya-Ixil. 

¿Por qué es importante?

La exjefa del MP tenía claro que la justicia transicional es una deuda pendiente del Estado con las más de 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos de la guerra. Juzgar a los responsables de las graves violaciones tiene como objetivo la no repetición y la reparación de los hechos.

Para la antropóloga K’iche’, Irma Alicia Nimatuj,  la denuncia es un acto de “ignorancia histórica, desconocimiento de la justicia transicional y de los marcos internacionales”.

La legislación internacional en derechos humanos y ratificados por Guatemala condena los delitos cometidos en el Conflicto Armado y varios de estos, por su gravedad, no pueden acogerse a alguna amnistía.

Por eso, para la académica y perito en casos de justicia transicional, este es un caso más de criminalización contra quienes realizan su trabajo y podría significar el retroceso de los casos que se han investigado.

Ahora que las élites políticas están volviendo a gozar de impunidad, el siguiente paso podría ser buscar la libertad de las antiguas élites militares. Sobre todo ahora que han vuelto a la Corte de Constitucionalidad dos magistrados responsables de anular la sentencia contra Efraín Ríos Montt, se trata de Roberto Molina Barreto y Hugo Pérez Aguilera.

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