¿Qué alianzas harán las universidades privadas en la elección de Fiscal General?

En la comisión de postulación para elegir al o la próxima Fiscal General, hay 7 universidades privadas que podrían jugar un papel clave. Contamos quiénes son y quiénes son sus decanos.

En la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General hay tres grupos. Uno está conformado por el grupo afín al oficialismo, otro es cercano al exrector Estuardo Gálvez y otro más está conformado por decanos de las universidades privadas. 

Según Carmen Aída Ibarra del Movimiento ProJusticia, desde que la comisión se instaló a inicios de febrero, no hay acciones de los postuladores que enciendan las alarmas. Sin embargo, eso podría cambiar cuando veamos la forma en que califican a las y los candidatos.

Para Ibarra, hay un grupo de siete decanos que “tratan de escuchar a quienes interponen tachas —reparos contra los aspirantes a cargos— y las reciben para evaluarlas. Otros comisionados, en cambio, las rechazan de entrada”.

Los decanos de Derecho a los que se refiere Ibarra son:

  • Universidad Francisco Marroquín 
  • Universidad Rafael Landivar
  • Universidad Mariano Gálvez
  • Universidad Mesoamericana
  • Universidad del Istmo
  • Universidad San Pablo
  • Universidad de Occidente

Aunque agrega: “La Universidad Da Vinci y la Universidad Panamericana han tenido un desempeño criticable en los otros procesos”. 

En contraste, María del Carmen Peláez, investigadora del área anticorrupción de Diálogos, cree que podría haber una variación de los votos de años anteriores. 

“Nos surgen alertas con las declaraciones que dio John C. Maxwell porque podrían virar a apoyar a perfiles como Consuelo Porras, aunque ella tiene un impedimento por el dilema de su tesis”, expresa.

Recordemos que Porras, además de su largo historial en favor de la impunidad, fue señalada de plagiar su tesis.

Quorum explora en esta nota algunos detalles de la procedencia de estos miembros de la comisión. 

Rosa María Morales de la Peña – Universidad Da Vinci

La Universidad Da Vinci fue señalada por ser proclive a los poderes de turno y crear una Facultad de Derecho con el fin de obtener un espacio en las comisiones de postulación.

Por esa Facultad de Derecho pasaron exdecanos cuestionables como:

  • Alfredo Cabrera, operador y excandidato a la presidencia por el partido Todos. 
  • Juan Carlos Rodil Quintana, acusado de avalar a magistrados del Tribunal Supremo Electoral títulos de maestría y doctorado que no obtuvieron. 

También estuvo bajo la lupa su programa para graduar abogados de forma exprés. En 2017 fue la universidad privada de la que egresaron más abogados. 

Este año la casa de estudios intentó dar un giro al nombrar como decano a David Gaitán, exmandatario de CICIG. Sin embargo, la Fundación contra el Terrorismo interpuso una denuncia para intentar retirarlo de la contienda. Aunque la universidad lo defendió, Gaitán renunció al cargo. 

  • En su lugar fue nombrada la abogada Rosa María Morales de la Peña. Según Carmen Aída Ibarra, la decana no ha mostrado aún un perfil cuestionable, pero habrá que esperar al momento de las tachas y la votación por cada candidato. 

Ana Mercedes Suasnávar Palma – Universidad de Occidente

Esta abogada fue nombrada como decana de la Facultad de Derecho de esta universidad en enero de 2018.

  • En ese proceso, Suasnávar se pronunció a favor del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez, quien fue descubierto en el uso indebido de fondos públicos para viajar a Brasil con su asistente.

La decana es sobrina del exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y exguerrillero, Pedro Pablo Palma Lau. 

Luis Antonio Ruano Castillo – Universidad Mariano Gálvez

Esta universidad ha sido seriamente cuestionada.El abogado Marco Fonseca dijo que la tesis de doctorado de la fiscal general Consuelo Porras, avalada por esa casa de estudios, es un plagio de otra investigación. Al respecto, ni la universidad ni la facultad dirigida por Ruano se han pronunciado. 

Ruano fue asesor del expresidente Jimmy Morales. Juan Francisco Sandoval, denunció que esa casa de estudios lo despidió por presiones externas:

  • “Agradezco a la Universidad Mariano Gálvez por el tiempo en que me brindó la oportunidad para ejercer docencia. Lamento que hayan sucumbido a la presión de intereses corruptos para mi salida, por lo que se avizora que no soportarán las presiones para elegir una nómina corrupta”, publicó Sandoval.

El exfuncionario se refería a que el decano Ruano podría estar presionado para votar a favor de perfiles vinculados con señalamientos de corrupción o de obstaculización a la justicia. 

Milton Argueta Pinto – Universidad Francisco Marroquín

El decano de la facultad de Derecho de esta universidad ha tenido un papel técnico en las comisiones de postulación en donde ha participado. 

La Universidad Francisco Marroquín fue fundada y es patrocinada por las familias más poderosas del país, dueñas de ingenios azucareros, cementeras, centros comerciales, restaurantes y licoreras. 

En la sesión del lunes 7 de marzo, Argueta propuso que las universidades también entreguen información sobre los candidatos que aspiran a ser fiscal general. 

  • Por ello si alguna organización o persona de la sociedad civil presenta una tacha contra Consuelo Porras, por los señalamientos de plagio en su tesis de doctorado, la Universidad Mariano Gálvez deberá emitir una resolución que avale la investigación de la fiscal general o que confirme el plagio. 

Rolando Escobar Menaldo – Universidad Rafael Landívar

El decano de la universidad jesuita ha sido uno de los profesionales que mantiene una postura técnica y académica en las otras comisiones de postulación en las que ha participado. 

1Propuso que, entre las cualidades éticas del perfil de Fiscal General, se estableciera que el candidato no haya defendido a criminales. Además, sugirió a la comisión de postulación que se permitiera la participación de la sociedad civil en la presentación de propuestas.

Generalmente, mantiene cercanía con el decano de la Universidad Francisco Marroquín y el de la Universidad del Istmo. Estas tres casas de estudios superiores están cercanas al sector privado y a los grupos conservadores ligados a la Iglesia católica. 

Alejandro Arenales Farner – Universidad del Istmo

Este abogado es hijo del fallecido abogado Alejandro Arenales Catalán, quien ocupó varios cargos durante los gobiernos militares del siglo pasado y fue fundador del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Además, fue uno de los ideólogos de las políticas contrarrevolucionarias de los cincuenta. 

Otro hijo de Arenales Catalán es Antonio Arenales Forno, exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina, expartidario del Frente Republicano Guatemalteco y ahora es diputado del partido Valor.

  • Arenales Farner fue parte del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) en el período dirigido por el abogado Stuardo Ralón, ligado a Jimmy Morales, y crítico de la lucha contra la corrupción liderada por la CICIG y la FECI.

Arenales fue nombrado decano de la Universidad del Istmo tan solo unos días antes de que el Congreso de la República juramentara a la Comisión de Postulación. 

Luis Roberto Aragón Solé – Universidad San Pablo

La Universidad San Pablo fue fundada por el pastor Harold Caballeros, quien también fundó la iglesia El Shaddai y el colegio privado del mismo nombre. Caballeros también creó el partido Visión con Valores que le sirvió de plataforma para lanzarse a la Presidencia del país en 2011, y para postular a Zury Ríos en 2015.

  • Aragón Solé es el actual vocero de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a Fiscal General. También participó en el proceso de 2018, que terminó cuando Consuelo Porras fue nombrada por el expresidente Morales. Además, en 2019 y 2020 integró la comisión para postular candidatos a la Corte Suprema de Justicia.

Luis Fernando Cabrera Juárez – Universidad Mesoamericana

El decano de esta universidad fue nombrado en el cargo en febrero de 2018. Desde finales de 2019 también es vicerrector de esa casa de estudios superiores.

Además de esta universidad, también ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad Panamericana.

Ha sido abogado litigante en el bufete Cabrera desde 2009, desde donde también ha asesorado a entidades estatales como el Registro Nacional de las Personas (Renap), la municipalidad de Masagua y el año pasado también apoyó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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