Después de varios accidentes en carretera y las denuncias públicas sobre el transporte extraurbano, pedimos información a la Dirección General de Transportes (DGT).
Solicitamos información sobre:
- Cuántas unidades de transporte extraurbano de pasajeros tienen limitador de velocidad instalado.
- Las rutas autorizadas y el mecanismo para establecer las tarifas.
- Las licencias otorgadas y suspendidas para el transporte extraurbano de pasajeros en los últimos 10 años.
A estas consultas nos respondieron que no existen registros aunque deberían haberlos. Sobre las licencias otorgadas, la Unidad de Acceso a la Información no nos dio los datos pero sí lo hizo la directora de la institución, Elizabeth Vásquez.
De ese cuestionamiento por la falta de información surgió esta entrevista sobre la falta de expedientes, los mecanismos de corrupción y los obstáculos para hacer cambios en la institución.
Pia Flores: ¿Cómo es posible que en la DGT no exista un registro de rutas o de unidades que cumplen con limitadores de velocidad?
Elizabeth Vásquez: Yo ingresé aquí hace seis meses y encontré la tierra de nadie. O sea, aquí no hay nada. No hay registros, no hay expedientes, hay expedientes incompletos, faltan folios, faltan documentos. No se imagina las arbitrariedades.
Encontré 6170 expedientes atrasados desde 1991. Algunos con cero gestión y otros sin una causa explicable tramitados a la velocidad de la luz. Incluso empezamos a encontrar que gente falleció esperando respuesta. Eso llora sangre.
Cuando yo pregunté a las autoridades anteriores cuál era la variable para que un expediente se tramitara y otros no, me dijeron “que la gente venga, hay gente que viene seguido”. Y les digo, ¿cómo así? ¿Tiene que venir todas las semanas para que se le tramite? Esto no es no es derecho civil, pues, no se puede tramitar solo a ruego.
Hasta la fecha viene gente que ha solicitado renovaciones de licencias ya en mi administración. Pero para toda solicitud necesito el expediente matriz y ahora resulta que no se encuentran. No hallo cómo darle trámite. No hay bases de datos de nada.
Encontramos un día en el archivo, que por cierta la jefe es una persona que está sindicalizada, cuatro bolsas de esas negras grandísimas con expedientes rotos a mano y expedientes triturados. Sin duda, entre ellos muchos expedientes matrices de solicitudes de licencia, de renovación, entre otros.
¿Esa destrucción de documentos ocurrió cuando usted aún no había llegado al puesto?
No estoy segura de eso. No le puedo decir la temporalidad en la que ocurrió, pero cuando encontramos al trabajador con las bolsas me espanté porque son los expedientes matrices que yo necesito para resolverle a la gente. Puse la denuncia en el MP y me la querían desjudicializar, pero se logró sostener la denuncia con evidencia.
Encima de todo paso mucho tiempo en el Congreso porque me llaman los diputados, o transportistas como Gamaliel Chin (presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas), que incluso viene a manifestar aquí para pedir que renuncie. De verdad es un sector complejo.
¿Qué otras irregularidades ha detectado en la institución desde que asumió el cargo y cómo ha actuado al respecto?
En el camino fuimos recibiendo una cantidad de denuncias de los transportistas, contándome cómo ha sido la historia de la institución. Que realmente siempre se ha tramitado cada una de las solicitudes y las gestiones que se presentan a cambio de plata.
Otros me dicen: “No, a mí nunca me han pedido dinero”, pero tienen 12 o 15 años esperando un trámite. Que es la presa de expedientes que yo encontré atrasada desde 1991.
La otra queja que he recibido, es que tenemos problemas también del lado de los operativos que salen a la carretera. Me dicen muchos transportistas que estos se convertían en puntos de “extorsión”.
¿Ha puesto más denuncias por estas irregularidades?
Llevo cinco denuncias: por expedientes extraviados, por los expedientes triturados, por irregularidades en expedientes tramitados y otra por la venta de permisos ilegales. Permisos ni siquiera autorizados por la Contraloría General de Cuenta que habían sido vendidos a lo largo de la historia.
En Semana Santa y en Navidad restringimos la circulación de transporte de carga, pero con algunas excepciones, por ejemplo carga que lleva aliementos, perecederos, bebidas, combustible, las grúas, que sí están exceptuados en la ley. El problema es que a lo largo del tiempo se le había hecho creer al transportista que necesitaba un permiso para circular y los vendían a Q20.
En la institución nada, absolutamente nada debe ser cobrado. Aquí la ley dice quiénes son exceptuados y eso basta, no hay por qué extender un permiso y menos aún, venderlo.
En diciembre pasado generamos una herramienta QR para que la gente se inscribiera. Y finalmente se inscribieron más de 8100 transportistas en la plataforma. Usted puede multiplicar 8100 por Q20 que hubiera sido el ingreso irregular para quienes vendían estos permisos.
Para que mire la seriedad, de lo que pasó, en los formularios para permisos temporales y expresos dice hasta abajo la firma del Director General de Transportes. Pero resulta que en la dirección ni nos enterábamos de cuando se extendían porque jamás firmaba el director. Los firmaba la secretaria del sindicato. Cuando yo verifique eso, reestructuré el orden de cómo se extienden esos permisos, ahora soy yo quién los firma.
Usted mencionó que hay personas que buscan socavar su trabajo, ¿puede elaborar más o dar algunos ejemplos?
Un ejemplo son los requerimientos de información pública, como la que usted solicitó. Se lleva siglos en obtener la información de los trabajadores. Se les insiste, se les pone plazos. Y nunca la entregan. Dicen que no están, que no los encuentran. Retrasan y retrasan, y obviamente la que queda muy mal soy yo.
Tengo entre 16 y 20 personas que han trabajado de 15 hasta 40 y pico de años en la institución. Son todos 011 y son sindicalizados, o son miembros del comité ejecutivo del sindicato.
Cuando se puso la denuncia por la venta de formularios, el MP me pidió, “cierre el área, vamos a venir a hacer una inspección ocular”. Tuve que mover a la persona que tenía a su cargo esa área, que es la secretaria general del sindicato.
La moví para otra oficina. Sus condiciones no estaban cambiando, simplemente era un cambio de lugar físico. Me razonó el oficio y dijo, “Yo soy inamovible.”
Y en el caso de estas personas, ¿cuáles son sus opciones?
Tuvimos un primer acercamiento invitándolos de manera general a unirse a la actual administración. No se pudo. Emplazaron a la institución, interpusieron un recurso.
Con esto tengo que trabajar, no es fácil tomar decisiones. Si la gente de adentro quiere socavar la administración, eso es lo que están intentando con esas actitudes. Es fuerte para mí. Pero como me dijeron los diputados y tienen toda la razón, uno no puede pasar lamentándose toda la vida. Tiene que tomar medidas para avanzar.
¿Qué pasa en los casos de los expedientes que desaparecieron o fueron destruidos?
He tenido reuniones con la Secretaría General y con la Procuraduría General para ver cómo proceder a fin de poder resolver a pesar de no contar con ellos.
Hay mucha solicitud de renovación y se han estado resolviendo. Pero en muchos casos hay conflicto con la antigüedad de los buses. Muchos me están pidiendo renovación para buses de 30 años, de 40 años, no se los puedo otorgar porque la ley no lo permite.
Entonces les digo, “Previo a tramitar su renovación, por favor, ponga a disposición un vehículo que cumpla con los requisitos de ley, que sea menor de 25 años.” Yo sé que eso no es fácil y el transportista también tiene su reacción, porque dicen, “Yo no puedo cambiar los buses tan fácilmente”.
Tomando en cuenta que el estado de un vehículo no depende de su antigüedad, depende del cuidado y su mantenimiento, estamos tratando de encontrar la forma legal que le permita al transportista trabajar con sus vehículos aún así sean antiguos, siempre y cuando de alguna manera a la DGT le garanticen su idoneidad y su idóneo estado físico y mecánico. Que me garanticen la seguridad del usuario final.
Nosotros hablamos con AGIS (Asociación Guatemalteca De Instituciones De Seguros), que es la entidad que incorpora a las empresas aseguradoras, pero no se vieron muy contentas de asumir el reto. Y muchos transportistas en una de las reuniones que tuvimos dijeron: “no vamos a pasar esa certificación”, tal vez porque saben cómo tienen sus vehículos. Entonces nos quedamos estacionados en eso.
Esperamos poder tener una solución más cercana, digamos, en las posibilidades de Guatemala y ver cómo logramos esa certificación para garantizar la seguridad del usuario. Es mi deber moral, atender al transportista, pero pensando en quien utiliza de último el servicio del transporte.
En los casos de las personas que metieron hace 30 años su solicitud, ¿que hicieron durante todos esos años?
No sé si están trabajando, no tengo conocimiento. Tienen que ser transportes que solicitaron renovación y que andan con esa antigüedad circulando. O los que no tienen licencia, que es lo más grave, el transporte pirata, y de eso por razones más que obvias, no tenemos datos. Sí hemos salido en operativos y multado, qué es lo que podemos hacer con un transporte pirata. Es una multa de Q25.000 para transporte de personas.
¿Cuáles son los cambios que sí ha logrado implementar? ¿Y qué más hace falta para que la institución comience a funcionar bien?
Yo lo repito constantemente, yo no encontré una institución en cero. La encontré en menos 200.000.
Yo me siento altamente satisfecha con lo que hemos logrado en seis meses. Estamos por empezar el séptimo. No vamos a atender a nadie de manera preferencial por el pago de una coima, sino que estamos exigiendo que todo sea con apego a la ley.
Eso genera una reacción negativa en algunos que estaban super acostumbrados a presentar solicitudes incompletas y así les resolvían. Me preguntan: “¿por qué ahora me piden cosas que antes no?” Perdóneme, pero es lo que está en la ley. Otros transportistas están reaccionando muy bien.
Ahorita ya tenemos un proceso de actualización de datos para que todos los transportistas actualicen sus datos en una herramienta digital. La gente ya no va a tener necesidad de venir, lo que queremos es que se vuelva automático el proceso, y que ya no haya error humano, ni discrecionalidad en el trámite. Estamos viendo cómo logramos facilitarle al transportista porque se está ganando la vida. Está prestando un servicio básico y fundamental para la economía del país.
Nos urge poder dar el siguiente paso que es volvernos una institución eficiente. Tengo pocos asesores nada más. Ahorita estoy recibiendo apoyo, tanto del viceministro como del despacho superior del Ministerio. Incluso de la Presidencia para ver qué hacemos con el presupuesto tan limitado, si lo logramos ampliar para fortalecer al equipo.
Una primera fase es lograr por lo menos 16 oficiales que resuelvan expedientes, o sea, el doble de los que contamos a la fecha, y cuatro asesores que sean los que revisan los expedientes para que empiece a salir más respuesta a la gente. Vamos por buen camino.
Excelente entrevista, ¿luz al final del túnel?