Juan Carlos Paiz, presidente del consejo de fiduciarios de Fundesa. Foto: Plaza Pública.

Fundesa: La relación con Arévalo, el papel de la CC y el reto de hablar de infraestructura en plena crisis

A diferencia del CACIF, la postura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha sido mucho más clara en medio de la crisis democrática que atraviesa Guatemala.
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Fundesa realiza este año su Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE). Esta vez en medio de una de las mayores crisis democráticas desde el autogolpe de Estado del expresidente Jorge Serrano Elías (1993). 

Tan solo una semana antes del ENADE, el Ministerio Público (MP) secuestró las actas electorales como parte de una investigación que cuestiona los resultados de la primera vuelta electoral. A ello, se suma la amenaza de que el binomio electo no pueda asumir el cargo el 14 de enero de 2024, o bien, que sus 23 congresistas electos tomen posesión sin un partido a quien representar.

En ese contexto tan convulso, que ha incentivado movilizaciones sociales en todo el país, los empresarios se proponen hablar sobre infraestructura.

Si bien ese era el tema principal para esta entrevista, es imposible hablar de ello y pasar por alto el contexto nacional.

Alrededor de esos temas gira esta conversación (hecha por vía telefónica) con Juan Carlos Paiz, presidente del consejo de fiduciarios de Fundesa. Paiz es alguien que conoce tanto al sector empresarial —fue directivo de diversas cámaras empresariales y del mismo CACIF— como y al sector público —fue comisionado para la Competitividad en el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015)—. 

No es la primera vez que Fundesa opta por la infraestructura como tema central del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE). ¿Por qué volver al tema y por qué hablar de infraestructura en momentos tan críticos para la institucionalidad del país?

En 2015 y en 2017 también tocamos el tema. Investigamos las mejores prácticas que hubiera en el mundo para impulsar la infraestructura y buscamos cómo incorporarlas en Guatemala. Promovimos un proceso de contratación más sencillo y transparente para que pudiera venir inversión extranjera. 

Por alguna razón el cambio de modelo en todos lados tuvo muy buena acogida excepto en el Congreso. Pasó las primeras dos lecturas y en la tercera lectura se fue estancado y no han dado señales de que tengan ganas de revisar por qué simplemente la encajonaron. 

En las alianzas público-privadas, el Congreso se puso como parte del proceso de aprobación de nuevos contratos y por eso es que ahora no pasan. Hay inversiones urgentes que hacer en infraestructura vial, en puertos y aeropuertos, por eso el tema sigue vigente. 

¿Por qué cree que a pesar de que estos problemas nos afectan a todos, nos es tan difícil llegar a acuerdos cuando se trata de proyectos de largo plazo?

La clave de toda inversión es la relación de confianza entre las partes. En Guatemala aún vivimos entre demasiada desconfianza entre sectores. Hay que dar un salto y entender que los problemas de confianza solo se superan con procesos y con sistemas que los hagan transparentes. 

Hablamos de confianza y entendimiento. Durante la campaña se intentó presentar a Semilla y a Bernardo Arévalo como enemigos de la iniciativa privada. A su vez, se decía que el sector empresarial tradicional no veía con buenos ojos al partido. ¿Es cierta esta narrativa? ¿Se mantiene hasta ahora?

Hay buena comunicación. No sé si podría comprometerme a decir que todo el sector privado la tiene, pero desde Fundesa hemos percibido buena apertura por parte del presidente Arévalo para ver planes, proyectos juntos y ver cómo podemos apoyar.

Cada quién tiene diferente percepción sobre lo que es la derecha, lo que es la izquierda y dónde está el presidente Arévalo. Eso hace que haya muchos puntos de vista en el sector privado. 

Los que estamos en el diálogo, los que estamos sentados en mesas platicando sobre los temas importantes de desarrollo, vemos que todos los actores tienen la buena voluntad de hacer las cosas y no hay un problema ideológico de por medio.

Bernardo Arévalo, presidente elector de Guatemala.

Es difícil hablar de infraestructura, diálogo y agendas de largo plazo en medio de una crisis democrática como la que estamos viviendo. ¿Qué perspectiva tienen sobre la crisis y la posibilidad de superarla?

El problema es que al día de hoy la Corte de Constitucionalidad (CC) no dictamina si es o no legal el actuar del Ministerio Público (MP). Mientras eso no pase, el MP seguirá abusando y provocando a la población con los temas que está tocando. No entiendo de verdad por qué la Corte no ha resuelto sobre el amparo interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral. 

Si se pronuncia y dice que es ilegal —el actuar del MP— se arregla el problema. Y si no lo hace es porque la Corte está buscando que haya un desequilibrio de poderes y allí habrá que ver qué hacemos como ciudadanos. 

A juzgar por su respuesta y los comunicados, Fundesa tiene mucho más clara su posición en medio de esta crisis que la que pueda tener el CACIF. ¿Cómo explica esas diferencias?

CACIF representa a la mayoría de empresarios de Guatemala aglutinados en sus respectivas gremiales y cámaras. En momentos como estos si no hay un consenso no se pronuncian y eso determina sus posturas.

Nosotros tenemos una institución de fiduciarios donde los fiduciarios analizamos el contexto, hacemos consultas con abogados y vemos qué debemos hacer frente a eso. Habrá uno o dos que no estén de acuerdo pero es más fácil llegar a un consenso. 

Hace algunos años decía Juan Carlos Zapata, a propósito de la falta de una ley de aguas, que en este país se descalifica no a la propuesta sino a los interlocutores.

Todos quisiéramos saber por qué no nos ponemos de acuerdo. Acá si usted y yo discutimos y no estamos de acuerdo, yo lo único que tengo que hacer es hablar mal de usted y hacer que las personas desconfíen de su propuesta para que ya no camine. Nosotros lo hemos sufrido bastante. Seguimos personalizando las discusiones y eso solo nos hace más daño. 

En la discusión sobre infraestructura también es difícil no personalizar a quienes proponen la discusión cuando hace menos de diez años el sector empresarial estaba siendo involucrado en grandes casos de corrupción. Obviamente no eran todos, eran algunos constructores. ¿Cómo recuperar ese punto de confianza?

El sector empresarial incluye a un empresario de carreteras que no sabe hacer carreteras y que lo que tiene es un contacto en el Congreso y que logra tal dinero porque conoce al alcalde y hace una empresa grande. Luego quiere legitimarse con alguna cámara. 

No es una excusa porque cuando se determina que una empresa sí actúa mal el sector privado debe tomar medidas.

Tampoco podemos fiarnos solo por lo que se dice en redes o por uno u otro señalamiento. Por ejemplo, me parece que las acciones del MP fueron bastante manejables en un principio y tienen dos meses de hacer locuras. Están haciendo cosas fuera de su mandato, fuera de proporción, fuera de racionalización. Ya queda claro que tienen un objetivo político en sus acciones. Allí uno se puede pronunciar pero si eso no está claro es muy difícil pronunciarse.

Se que no es una respuesta concreta la que le estoy dando. Creo que la imagen del sector privado no va a mejorar porque no somos muy buenos para comunicar lo que hacemos.  Quizás somos mejores a nivel empresarial porque tenemos más control sobre lo que pasa. En general tenemos que mejorar y también tener más humildad en el tema. 

Lo que esperamos es que la población valore el ser emprendedor y que sepa que eso puede repercutir en el futuro del país. No vamos a tener buena imagen porque hay muchas personas que quieren echarle la culpa a uno de todo, o de lo más importante que pasa en el país.

Foto: Plaza Pública

Imagino que recuerda la campaña “Un Futuro Sin CACIF”. Es muy cuestionable la participación del empresariado tradicional dentro del Estado. ¿En algún momento hubo un debate a lo interno sobre ese papel que juegan dentro de lo público?

Cuando se habló de los procesos de postulación se quitó al sector privado y se puso a la sociedad civil a través de los colegios con el afán de despolitizar la justicia, y lo que pasó es que se politizaron estas entidades. Estas representaciones son más fáciles de controlar por parte de las personas interesadas en el gobierno. 

Yo veo la participación del sector privado de forma muy positiva en algunas mesas de trabajo porque le puede dar continuidad a largo plazo. Hay otros espacios en los que la participación podría no estar bien. Digamos, en donde el sector privado es juez y parte. Por decirle algo, en que los generadores de energía tengan voto dentro del Instituto Nacional de Electrificación. Allí sí hay un conflicto de interés. Eso ya me parece negativo. 

Bueno, ese podría ser el problema de la representación en la Junta Monetaria.

Hasta cierto punto el tema que los bancos estén representados allí tiene que ver con estas discusiones de que quieren tasas más altas mientras el resto del sector privado quiere tasas más bajas. 

Estas discusiones deberían dar paso a una profunda revisión del Estado y probablemente a reformas de fondo, y nada de eso se puede dar en medio de un país que está en crisis. Volvamos a infraestructura, ¿cuáles son las expectativas con el cambio de gobierno?

Esperamos un diálogo para aumentar la inversión en infraestructura que, en relación con el PIB —Producto Interno Bruto—, sigue siendo de las peores en América Latina. El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen mejor infraestructura que Guatemala. 

Esperamos impulsar una cartera de proyectos que sea de interés público y que tenga un ciclo de largo plazo. Hablamos de al menos 64 proyectos que incluyen puentes, puertos aeropuertos y carreteras. Confiamos en que hay voluntad de diálogo y ojalá que dentro de cuatro años estemos hablando de un gobierno con la misma disposición. 

Habrá cambios en el Ejecutivo pero no en el Congreso. Las fuerzas que lo dominarán parecen ser exactamente las mismas. ¿Qué expectativas tienen sobre el nuevo Legislativo? 

Creo que si no hay una cultura de gobernar a través de obras y de hacer favores, el Congreso puede tomar otro rumbo con 50, 60 o hasta 90 diputados que, aunque no piensen igual, se pongan de acuerdo en que no van a tomar dinero por hacer obras o por autorizar cosas. Entonces, la legalidad del país puede llegar a un buen término con este nuevo Congreso pero todavía tenemos que llegar al 14 de enero.

Plantea que el problema del Legislativo viene desde la Presidencia. Supongamos que el gobierno de Arévalo no cae en esta dinámica de compra de votos a cambio de obra. ¿Cree que eso sea suficiente para cambiar la forma en que trabajan las y los diputados?

Esperemos que no sea una guerra entre el Congreso y el presidente sino que sea un diálogo y que se pongan de acuerdo rápido en lo que quieren para el país. Nosotros creemos que solo con que no sea parte de lo mismo, el presidente electo puede mejorar al Congreso. Quizás no se van a poner de acuerdo fácilmente pero el diálogo va a imperar.

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