Sidney Blanco no es solo abogado, exmagistrado y experto en temas judiciales. En su país, El Salvador, ha sido un defensor de la transparencia, la independencia judicial y la democracia. Ahora, desde Washington D.C., Blanco habla sobre su papel en el PEI-GT, un grupo de expertos internacionales que observará la elección de las altas cortes en Guatemala.
A pesar de los preocupantes antecedentes de las “comisiones paralelas” —estructuras de poder que buscan manipular la elección de magistrados para beneficiar a criminales—, Blanco afirma que hay esperanza para el pueblo guatemalteco. Esa esperanza reside en la ciudadanía, que debe alzar su voz y movilizarse para exigir un proceso independiente, transparente y justo.
Este es un resumen de la conversación.
¿Qué es el Panel y qué relación tiene con la elección de cortes de justicia en Guatemala?
Varias organizaciones internacionales de la sociedad civil decidieron observar el proceso de elección de las altas cortes en Guatemala. Para ello, crearon un Panel y propusieron a tres personas para integrarlo: Antonia Urrejola (ex canciller de Chile), Ana Lorena Delgadillo (activista en derechos humanos de México) y yo, exmagistrado de El Salvador.
El mandato consiste en observar el proceso de elección de las altas cortes en Guatemala; escuchar las opiniones de los distintos actores, protagonistas y sectores interesados, además de emitir opiniones o recomendaciones.
La experiencia del Panel contribuirá a enriquecer este proceso y aportará algunas luces a través de la observación, que implica contrastar la elección de magistrados con los estándares internacionales y de derechos humanos.
¿Qué observaciones tiene sobre el trabajo de las comisiones de postulación?
El propósito de las comisiones de postulación es que un organismo técnico analice previamente, para el órgano político (el Congreso), las aptitudes y cualidades de los candidatos desde el punto de vista técnico.
Se supone que las comisiones de postulación son entidades estrictamente técnicas, que valorarán de manera objetiva e imparcial. La historia ha demostrado que no siempre es así, pero estoy hablando del deber ser que establece la Constitución guatemalteca.
Se trata de constituir un organismo técnico, un filtro, capaz de recopilar información, valorar y proponer candidatos que deberían ser los mejores guatemaltecos y guatemaltecas en esta materia.
Me llama la atención que, hasta ahora, ha resultado más importante quiénes son los comisionados y no quiénes serán los candidatos. Pareciera que los candidatos son menos importantes que los comisionados.
Percibo que podría haber interés en asegurarse de que entre los comisionados estén representados sectores que podríamos calificar como oscuros, grises o esperanzadores.
¿Qué perspectiva tiene sobre la elección de magistrados de segunda instancia?
No somos los primeros en decirlo, pero creemos que las Cortes de Apelaciones deberían formar parte de la carrera judicial y no deberían estar sometidas a procesos de elección cada cinco años.
La elección suele ocurrir solo para los jueces de la Corte Suprema, pero no para los de segunda instancia, que son las Cortes de Apelaciones. Creo que esto debería reconsiderarse y considerar una reforma constitucional para garantizar estabilidad en los cargos de las salas de apelaciones.
Usted mencionaba la existencia de actores oscuros, grises y esperanzadores inmersos en este proceso. ¿Les preocupa esto?
Por supuesto que debería atenderse con preocupación. De hecho, comienzan a aparecer señales alarmantes, como si la historia estuviera por repetirse.
La historia de las comisiones paralelas representó una lucha fuerte por formar parte de las comisiones, y los personajes que podrían estar detrás de estos sectores constituyen un indicio de interés en repetir lo que ya vivió Guatemala.
También empiezan a surgir indicios de intromisiones en las comisiones para que los comisionados actúen de cierta manera. Incluso se empieza a hablar de posibles amenazas hacia los comisionados y comisionadas para influir en sus decisiones.
¿Se percibe una pugna en torno a la elección de cortes?
Creo que este proceso atraviesa momentos de intensa pugna entre el sector esperanzador y los sectores oscuros.
En este punto, no hay mucha claridad sobre cómo operan estas estructuras. ¿Qué ofrecen? ¿Qué condicionamientos imponen? Pero, por otro lado, también podemos notar que existe una ciudadanía activa, lo cual es vital para la construcción de un Poder Judicial independiente.
Siempre he pensado que los ciudadanos tienen participación política, pero esta participación no se agota en el voto. La participación política del ciudadano trasciende hasta la vigilancia de los actos de los poderes. La participación política implica exigir, cuestionar, manifestarse y protestar.
¿Qué resultados se pueden esperar de un proceso de elección de cortes si hay intromisiones y amenazas?
Sería un mal escenario que los comisionados llevaran a cabo el proceso bajo amenazas. Por eso, lo que recomendamos es que se les permita a los comisionados realizar su trabajo de manera libre, sin coacciones, sin amenazas y sin criminalización.
Ni los poderes militares, económicos, políticos ni de ninguna otra naturaleza, incluido el crimen organizado, deberían amedrentar a los comisionados. El peor escenario sería que los comisionados trabajen bajo esas condiciones.
Si esto no ocurre, si la gente toma conciencia, si la ciudadanía se mantiene vigilante y si los poderes se abstienen de intervenir, esperamos que se lleve a cabo un proceso de elección adecuado, que garantice justicia y derechos humanos para Guatemala.
¿Hasta qué punto estamos comprendiendo la importancia de la justicia?
Es crucial que todos entendamos que la justicia no es un tema exclusivo de abogados o políticos. Es un tema que repercute, de manera más intensa, en las mayorías populares. ¿Por qué? Porque las mayorías populares son quienes necesitan empleo y la garantía de sus derechos laborales.
También necesitan el derecho a la salud y acceso a la educación. Son quienes necesitan agua en sus comunidades y buenas vías de comunicación. Son quienes requieren vivienda y una vida más digna. Y todo esto tiene que ver con la justicia.
¿Cómo lo ejemplificaría de manera más concreta?
Las mujeres embarazadas, por ejemplo, que están empleadas y son despedidas, ¿a dónde tienen que acudir? Deben recurrir a una autoridad judicial. En definitiva, es la justicia la que debe proteger ese derecho a la inamovilidad de las mujeres embarazadas en sus empleos.
Asimismo, la justicia debe proteger a quienes exigen sus medicamentos y la mejora de sus centros educativos, entre otras cosas. Y esto solo puede lograrse con una justicia independiente.
Guatemala se movilizó en 2023 por la elección de presidente, diputados y alcaldes. ¿Por qué parece que no hay tanta movilización en la elección del Poder Judicial?
Estoy viendo a una sociedad guatemalteca muy vigilante y pendiente. Las movilizaciones, las protestas masivas y la exigencia de un proceso adecuado pueden ocurrir en cualquier momento.
Es una sociedad muy atenta, hay mucho ruido. No se trata de una elección clandestina, donde los órganos electorales trabajan a puerta cerrada. No, siento que la gente está exigiendo publicidad y transparencia, sobre todo por los antecedentes negativos de las comisiones paralelas.
¿Qué consecuencias hay con la manipulación de la justicia?
Creo que la gente empieza a darse cuenta del impacto que tiene cuando las elecciones de cortes no son adecuadas. Empiezan a darse cuenta de cómo la judicatura o la justicia puede ser utilizada para perseguir adversarios, pero también para encubrir estructuras criminales.
No digo que esta elección tenga tanta popularidad como una elección presidencial, pero la gente empieza a comprender que una judicatura sometida es letal para la democracia.
Es temprano para decir que la gente no se interesa por esta elección. Lo que sí es cierto es que hay dificultades en el proceso, pero también hay razones para tener esperanza.
El Panel de Personas Expertas Independientes para observar la elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI-Guatemala) es una iniciativa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Impunity Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el programa ACTuando Juntas Jotay, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Be Just, Robert F. Kennedy Human Rights, la Oficina para Mesoamérica de Protection International, Guatemala Human Rights Commission, American Jewish World Service (AJWS), la Fundación Luis von Ahn, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, American Friends Service Committee (AFSC) y CIVICUS.
