El Estor sigue siendo un municipio tenso debido a la conflictividad alrededor de la minería. Por una parte están las comunidades locales que se oponen a la actividad minera y por el otro, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), que continúa operando gracias al apoyo del gobierno.
Desde hace 8 meses el gobierno aumentó su presencia en la zona pero todas las medidas no han hecho más que agravar la situación.
1. La consulta fue amañada
Una de las principales exigencias de las comunidades era que el gobierno realizara una consulta comunitaria. Esta debía servir para saber la postura de las personas respecto a la minería y para buscar medidas que compensaran el daño ambiental ocasionado.
Sin embargo, las comunidades denuncian que el proceso fue manipulado. La consulta se realizó en medio de un Estado de Sitio, y eso implicó que las personas no se pudieran mover libremente para votar.
- Los opositores a la mina, en los que se encuentra la Gremial de Pescadores, quedaron fuera del proceso de preconsulta y consulta.
El Ministerio de Energía y Minas, encargado de realizar la consulta, no permitió que 47 comunidades afectadas por la mina participaran. La cartera argumentó que el área de influencia es de 6.29 kilómetros cuadrados y por lo tanto las comunidades no eran parte del área.
Sin embargo el área de operaciones de la empresa abarca 105 kilómetros cuadrados y por ende sí genera impacto en las comunidades aledañas.
2. La mina no dejó de operar
Con la realización de la consulta, la CGN-PRONICO reactivó su operación en enero de 2022.
Sin embargo las comunidades reclaman que la mina nunca acató del todo la orden de la Corte de Constitucionalidad de detener sus operaciones.
- Actualmente hay una denuncia de la Contraloría General de Cuentas, en contra de Luis Alfonso Chang y Alberto Pimentel (exministro y actual ministro de Energía y Minas, respectivamente), por no asegurarse de que la empresa suspendiera operaciones.
Pese a la denuncia, el Ministerio Público no realizó las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades. Lee más en esta nota de AgenciaOcote.
3. Contaminación del lago de Izabal
En 2017 una mancha roja apareció en el lago de Izabal y alarmó a los pescadores y a las comunidades aledañas. La población Q’eqchi’, señaló a la mina como responsable. El problema fueron los metales pesados que llegan a la cuenca del lago por el sedimento que deja la minería.
- Una investigación evidenció cómo la mina intentó evadir su responsabilidad en la contaminación del lago más grande de Guatemala, a través de la manipulación de sus informes de impacto ambiental. Lee más en esta investigación de Prensa Comunitaria.
La CGN-PRONICO sigue negando la contaminación, y el Ministerio de Ambiente no ha pedido una investigación para establecer responsabilidades penales.
4. Detención de líderes
Cristóbal Pop, es uno de los rostros visibles de la oposición a la minería. Él fue una de las personas que accionó legalmente para que la Corte de Constitucionalidad ordenara que se realizara una consulta comunitaria.
- El pasado lunes 13 de junio fue detenido en la ciudad de Guatemala por una denuncia colocada en 2021. Aún no se conocen los motivos de la denuncia, hasta que sea trasladado a Puerto Barrios, Izabal.
- El líder Roque Sub Cucul, del consejo ancestral Q’eqchi’, también fue detenido y sigue sin saber las razones de su detención.
A esto se suma la represión policial que sufrieron las comunidades durante el Estado de Sitio de 2021. Ahora se sabe, gracias a una investigación periodística, que el traslado de policías fue financiado por la misma empresa minera.
5. Denuncia internacional
“Se agotaron todos los recursos en Guatemala”, dijo la abogada Wendy López, del Bufete Jurídico para Pueblos Indígenas. Explica que han intentado accionar en contra del amaño de la consulta pero que hasta ahora no han tenido respuesta de las autoridades guatemaltecas.
- Por eso decidieron presentar una queja ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 8 de junio.
En la queja exigen se respete el derecho a la consulta, sin vulnerar la libertad, como sucedió durante la consulta de diciembre de 2021, que se realizó en medio de un Estado de Excepción.
Además demandan que se deje de perseguir e intimidar a las y los opositores de la minería, y que sea reconocido el derecho a la tierra de las comunidades Q’eqchi’s.
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Las autoridades comunitarias temen que más órdenes de captura se ejecuten en contra de los líderes involucrados en las manifestaciones de 2021. Hasta el momento las vías que les quedan para defender sus derechos parecen ser pocas: si protestan, les criminalizan; si ponen denuncias, son ignoradas.
