En el corredor de su casa, en una silla de plástico, está Anabella España. Tiene 53 años, luce un vestido corto y sus pies descalzos. Vive en la aldea El Rosario, a 15 minutos del puerto de Champerico, en Retalhuleu.
Está nerviosa. Acomoda su mascarilla y constantemente toca su cabello corto. Atiende la entrevista tras haber sobrevivido a dos derrames y 1 infarto como consecuencia del enojo que sintió al no encontrar justicia en su caso.
En 2013, Anabella y otras personas de la comunidad empezaron a notar que cada vez había que hacer pozos más profundos para conseguir agua. Esos pozos pasaron de tener 7 metros de profundidad a tener 18 metros y aún así, el agua es escasa.
Además era notorio que el río no solo se estaba secando sino que el agua llegaba sucia. La principal sospecha de los comunitarios era que el ingenio El Pilar, el tercero más grande de Guatemala, estaba desviando los ríos y contaminándolos por el uso de agrotóxicos.
“Los animales de la montaña ahora viven en las comunidades. Nosotros no sabíamos que era una ardilla, ahora hasta en el patio de la casa hay ardillas“, menciona Anabella. Las ardillas habitaban el poco bosque de la costa sur pero la tala de árboles para la expansión del cultivo de caña les ha robado su hábitat.
Estudios evidencian que el sector de la caña es el tercero que más acapara el agua y en Champerico el 85% de la tierra cultivable es usada por las grandes empresas para el cultivo de caña.
Denuncias extraviadas y sin respuestas
Las lideresas y líderes comunitarios de 18 comunidades de Champerico conformaron un Consejo para elevar sus denuncias y desde 2018, Anabella se convirtió en su presidenta y portavoz.
De 2013 a 2017 presentaron seis denuncias. Entre ellas los desvíos de los ríos Bolas, Manacales y San Lucas, principales fuente de agua y alimentos para la aldea El Rosario. Como evidencias adjuntaron fotos y vídeos.
Anabella cuenta que nunca recibieron comunicación de parte de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, para indicarles qué pasaba con sus denuncias. Fue hasta que buscaron el apoyo del Bufete Jurídico de Pueblos Indígenas, que se enteraron que algunos expedientes habían sido extraviados y que otras denuncias fueron desestimadas.
Virgilio García, tiene 68 años y no se explica por qué las fotos y videos no fueron tomadas en cuenta como evidencia. Él vive en El Triunfo, una comunidad multicultural de desplazados por el Conflicto Armado Interno que llegaron a Champerico en 1998 luego de años luchando por su derecho a tierra para vivir y cultivar.
A su edad aún sigue levantándose a las 4 de la mañana para iniciar su jornada que ahora es más dura por el impacto ambiental en la zona. Los cultivos de maíz, ajonjolí y los árboles frutales han sufrido daños por la contaminación del agua.
“Ceibas de saber cuántos miles de años, ellos tumbaron cuanto árbol pudieron”, dice Virgilio García al mencionar que los ingenios tuvieron que deforestar para expandir su cultivo de caña.
Más denuncias pero pocos fiscales
La fiscalía de sección de Delitos contra el Ambiente tiene solo 9 fiscales asignados y en 2021 recibió un promedio de 3 denuncias diarias. Eso significa que cada fiscal debe investigar 133 casos.
Solo en 2021, hubo 1196 denuncias y apenas fueron llevados a juicio 5 casos.
Un problema para quienes denuncian es que muchos de estos procesos son desestimados, crítica Nydia Medina de la Asociación CEIBA, organización que acompaña a las comunidades en su defensa por el agua.
Si bien en los últimos 4 años hubo aumentos de presupuesto, los recursos y la voluntad aún parecen no ser suficientes.
Según datos de la fiscalía, entre 2018 y 2021 se desestimó el 50% de las denuncias. Tanto solo en 2021 fueron desestimadas 782 denuncias.
En su experiencia, Medina cree que el principal problema es la falta de equipo especializado para comprender la magnitud de las denuncias en casos en que no se trata de una sola víctima sino de comunidades enteras.
El costo de la injusticia
Anabella pasa sus días yendo y viniendo entre la silla, la hamaca o su cama. Hace pocos meses que volvió a caminar luego que el derrame cerebral de 2019 le hiciera perder su movilidad.
“Me cambió la vida”, dice con tristeza. Dejó de ser la mujer que cocinaba, limpiaba y participaba en las asambleas y reuniones. Está segura que la afectación de su cuerpo es la consecuencia del enojo e indignación por la injusticia.
Ahora también enfrenta un proceso penal junto a Virgilio y otras dos personas, luego que el ingenio El Pilar les denunciara por retención ilegal, amenazas y coacción.
“Si nos vuelven a secar el río Bolas, aunque (…) me lleve la muerte yo vuelvo a denunciar y vuelvo a luchar por mi agua, porque el agua es vida”, dice con voz fuerte Anabella.
