Pasaron apenas unas horas desde que el Ejecutivo, en un segundo intento, fracasara en su deseo por decretar otro Estado de Calamidad. Ello a pesar de tener cooptados los poderes y contar con los recursos, los operadores políticos y las siniestras estrategias de cabildeo —como las mostradas por Allan Rodríguez en el pleno del Congreso— que le permitirían, en teoría, obtener los avales sin ningún contratiempo.
Ante este nuevo traspié, Alejandro Giammattei, fiel a su estilo, ha intentado trasladarle la papa caliente del desastre actual al Congreso, siendo obviamente la salida más fácil y predecible que tiene a su favor. Sin embargo, lo cierto es que cada vez le cuesta más ocultar que, en año y medio en el poder, nunca le importó enfrentar con verdadera responsabilidad la crisis ocasionada por la expansión del Covid-19.
Pareciera que lo hace a regañadientes, como cuando uno se ve obligado a hacer algo que no quiere. Si teniendo los recursos y la simpatía popular no pudo ni quiso hacerlo cuando la pandemia era manejable, ahora que se ve con el agua al cuello y con un desgaste político considerable, no le queda más que hacerle frente a esa desagradable tarea que significa para él dirigir la Nación.
El problema es que ahora es más difícil vislumbrar desde el Estado una salida adecuada, que permita contener el virus y evitar más muertes dolorosas e innecesarias.
Su prioridad en este tiempo no ha sido gobernar, sino saquear. El escándalo de las vacunas rusas es apenas uno de muchos casos en donde el presidente y su gabinete han estado involucrados en mal manejo de fondos, aunque algún obispo por ahí pida pruebas para demostrarlo.
De acuerdo con cifras de Guatecompras, en los tres días que duró este último Estado de Calamidad se erogaron del gobierno tan solo Q9.5 millones para salud e insumos hospitalarios, mientras que para textiles, ropa y calzado del ejército se destinaron Q28.5 millones.
Como si la pandemia no existiera, como si no hubiera infectados esperando turno para recibir oxígeno; como si no hubiera familias que pierden toda esperanza al saber que su paciente ingresó al intensivo, de donde probablemente no saldrá con vida.
El presidente ha sido indolente ante los dramas humanitarios y muchas veces indiferente ante las advertencias y propuestas que se construyeron desde la sociedad civil, para enfrentar adecuadamente la pandemia. Nunca quiso escuchar a los médicos ni a los expertos, sino hasta que la situación se tornó insostenible. En pocas palabras, lo hizo a la fuerza.
Hoy aboga por el cierre total o parcial de actividades y por otras medidas que pudo y debió haber tomado antes. Afirma que “ningún país en el mundo ha logrado contener la pandemia si no es mediante cierres totales y parciales”, y eso es cierto.
Las restricciones a la movilidad son urgentes y necesarias pero, por complacer los bolsillos de sus amigos de la patronal, en más de una ocasión nos dijo que estábamos a nuestra suerte y llamó a la gente a salir a las calles, a llenar las playas en Semana Santa y retomar la vida cotidiana en aras de la economía, sin que existieran de parte del gobierno acciones de prevención, una política integral de vacunación, vacunas y mucho menos pruebas para detectar el virus.
El Congreso, por su parte, tampoco puede lavarse las manos, porque en año y medio bien pudo legislar para crear un mecanismo eficiente, fiscalizable y transparente que le permitiera al Ministerio de Salud, de manera extraordinaria, realizar las adquisiciones urgentes vinculadas a la lucha contra el Covid.
O, al menos, impulsar dentro del Presupuesto la inclusión de políticas de protección social, que ayudaran a familias y pequeños empresarios a obtener un ingreso económico en medio de la crisis, para sobrellevar así un confinamiento indispensable para reducir el impacto de la pandemia. A cambio, ha invertido su tiempo, atención y esfuerzo en boicotear cualquier iniciativa vinculada a la lucha contra la corrupción, en garantizarse ingresos adicionales y permitirse impunidad.
Lo peor que nos pudo pasar ha sido tener que enfrentar la pandemia, bajo el liderazgo de esta clase política. Y aún nos falta buscar soluciones urgentes y eficientes con ella porque pues, representan nuestra valiosa institucionalidad.
Viva el Estado de Derecho. Yei.
