Al cierre de la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) nos quedamos con un sabor extraño, pero familiar. No es un pesimismo absoluto (“todo sigue igual”), pero tampoco un optimismo ingenuo (“ya estamos recuperando el Estado”).
La principal lección de estos últimos años, y particularmente del gobierno de Bernardo Arévalo, es que no basta con que personas honestas, técnicamente competentes o con genuina voluntad democrática lleguen a ocupar posiciones de poder. Cuando las instituciones están diseñadas para distribuir el poder de determinada manera, imponer límites a la transformación estructural y proteger intereses de la clase dominante, incluso los mejores perfiles terminan enfrentando márgenes de acción mucho más estrechos de lo que suele suponerse. La calidad de las personas y la bondad de sus intenciones importa, pero por sí sola no logrará atender los grandes problemas del país.
Ante estos resultados, la pregunta ya no puede limitarse a cómo elegir mejores magistrados y autoridades. El verdadero debate consiste en preguntarnos qué modelo de Estado produce estas autoridades, qué intereses termina sirviendo y por qué, aun cuando cambian las autoridades, las estructuras de poder permanecen prácticamente intactas. Sin una perspectiva histórica crítica, todo intento de reforma en Guatemala está condenado a no producir cambios reales. El nudo aquí es político, no técnico.
Por lo anterior, creemos importante compartir seis reflexiones con el propósito de abrir la discusión y agitar nuestras conciencias.
1. Las elecciones de segundo grado dejaron de ser un asunto exclusivo de élites
Las elecciones de segundo grado de 2026 marcaron un punto de inflexión respecto a procesos anteriores. Hubo mayor atención pública, organización gremial y profesional, debate en redes sociales y una capacidad inédita para disputar espacios que durante años parecían reservados a operadores tradicionales. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) es el ejemplo más evidente, pero no el único. Las estructuras de poder ya no actúan con la misma comodidad ni bajo el mismo nivel de opacidad.
Sin embargo, este ciclo también confirmó que la disputa por las instituciones no depende únicamente de las correlaciones de fuerza dentro del país. Durante casi dos décadas, con todas sus contradicciones, la política exterior de Estados Unidos ejerció una presión que, en determinados momentos, favoreció al denominado “fortalecimiento institucional” y a los esfuerzos contra la corrupción y en favor de la justicia transicional. Ese escenario ha cambiado en estos años. La administración Trump ha redefinido sus prioridades en la región y ha mostrado una mayor disposición a respaldar y convivir con actores conservadores y sus gobiernos autoritarios señalados de vínculos con el crimen organizado, debilitando uno de los factores externos que antes incidía sobre los cálculos de las élites guatemaltecas.
En consecuencia, actores que antes enfrentaban mayores costos políticos y diplomáticos hoy perciben un margen de maniobra más amplio, mientras que la organización social y otros sectores organizados por la democracia y la justicia ya no pueden dar por sentado el respaldo internacional que durante años acompañó sus esfuerzos. Y si hay tal respaldo, que tenga el peso suficiente para encaminar los resultados hacia determinada dirección.
El principal cambio, entonces, no es que las élites hayan dejado de controlar buena parte del Estado, sino que ya no lo hacen sin resistencia. Varios sectores de Guatemala llegamos a esta nueva etapa con más claridad y organización, con mayor interés por la manera en que se toman las decisiones de país y con mayor capacidad para disputar espacios de poder, aunque también enfrentamos un contexto internacional considerablemente más adverso y peligroso.
2. El problema no debe reducirse a quién ocupa los cargos y cómo se eligen
Las elecciones de este año dejaron una lección que trasciende los nombres de quienes resultaron electos. Las irregularidades observadas en distintos procesos (desde las modificaciones de último momento de las reglas en el CANG hasta el segundo fraude descarado en la Usac) muestran que cuando determinados grupos no logran controlar los resultados mediante la competencia abierta, recurren a otros mecanismos: reinterpretan normas, modifican reglamentos, excluyen actores o trasladan la disputa a espacios donde conservan mayor capacidad de manipulación e influencia.
Esto revela que la discusión no puede limitarse a elegir mejores autoridades o incluso a perfeccionar los mecanismos de selección. Cuando las reglas institucionales expresan una determinada distribución del poder, cualquier esfuerzo por democratizar el Estado encuentra límites que trascienden la voluntad o la calidad de quienes ocupan los cargos.
De nuevo, la experiencia del gobierno de Bernardo Arévalo confirma esa tensión. La llegada al poder de personas no alineadas al pacto de impunidad no ha sido suficiente para modificar las inercias de un aparato estatal creado para resistir transformaciones profundas y populares.
No estamos, entonces, únicamente ante una crisis de perfiles ni de procedimientos. Estamos frente a un diseño institucional anclado a relaciones de poder desiguales y racistas que restringen sistemáticamente las posibilidades de cambio y ofrece múltiples mecanismos para que quienes concentran el poder económico, político y corporativo puedan conservarlo, incluso cuando pierden determinadas disputas institucionales.
3. Ya no discutimos solo cómo recuperar el Estado, sino para quién debe funcionar
Uno de los cambios más interesantes de este ciclo electoral es que el propio debate comenzó a desplazarse. Hace algunos años la principal preocupación era recuperar instituciones capturadas por redes de corrupción. Hoy existe un consenso mucho más amplio sobre la necesidad de cambios más profundos, como reformar constitucionalmente el sector justicia. Ese cambio representa un avance y responde a una convicción más ampliamente compartida: sin instituciones independientes no es posible construir un país para todos los pueblos.
Sin embargo, estas elecciones también evidencian que comienzan a convivir dos proyectos distintos de transformación democrática.
El primero parte de la idea de que el principal desafío consiste en perfeccionar el Estado existente mediante mejores reglas, autoridades independientes, criterios meritocráticos y mayores capacidades técnicas. Desde esta perspectiva, una vez corregidas las distorsiones provocadas por la corrupción y la captura institucional, el Estado podrá cumplir adecuadamente sus funciones.
El segundo reconoce la importancia de esas reformas, pero sostiene que constituyen un aspecto relevante en la disputa de poder, más no el punto de partida. El problema no está únicamente en que las instituciones hayan sido capturadas, sino en que el propio Estado fue configurado históricamente para distribuir el poder de forma profundamente desigual, proteger determinados intereses económicos, militares y políticos y excluir sistemáticamente a amplios sectores de la población de las decisiones fundamentales del país.
La diferencia, por tanto, no es solamente sobre qué reformas impulsar. Es una diferencia de horizonte político: si aspiramos a administrar mejor el Estado que existe o a construir un Estado distinto, concebido para democratizar el poder y garantizar derechos para las mayorías. Los horizontes son tan importantes como los acuerdos mínimos, y el único camino para resolver esta tensión es política franca y debate abierto.
4. Recuperar instituciones sigue siendo indispensable, pero insuficiente
Reconocer los límites de la agenda institucional no significa restarle importancia. Recuperar la independencia del Ministerio Público, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, garantizar una Corte de Constitucionalidad autónoma o democratizar la Universidad de San Carlos siguen siendo tareas indispensables y urgentes. Sin esas condiciones, cualquier proyecto político con vocación plural y democrática nace profundamente limitado.
Pero reducir la democratización del Estado al funcionamiento del sector justicia también implica dejar fuera algunas de las preguntas más importantes del país. ¿Qué ocurre con la concentración de la tierra? ¿Con la criminalización de comunidades y defensores del territorio? ¿Con la precarización del trabajo? ¿Con la exclusión histórica de los pueblos indígenas? ¿Con el modelo de desarrollo que organiza buena parte de las decisiones del Estado? ¿Con la manera en que se distribuyen los recursos públicos o se define la política fiscal?
Las instituciones son herramientas, no fines en sí mismos. Recuperarlas tiene sentido en la medida en que permitan abrir la discusión sobre un proyecto de país más democrático, más incluyente y capaz de responder a las necesidades de la mayoría de la población.
5. El Ejecutivo confirmó los límites de una estrategia exclusivamente institucional
La experiencia del gobierno de Bernardo Arévalo también aporta una enseñanza importante. Su llegada al poder representó una ruptura con las redes que habían capturado buena parte del Estado y abrió expectativas legítimas de transformación democrática. Sin embargo, también mostró que recuperar espacios institucionales y promover una moral liberal no equivale automáticamente a transformar el Estado. La decencia no es, en sí misma, un programa político y, cuando se pretende convertirla en uno, termina reducida a un valor de clase.
Durante este ciclo de elecciones de segundo grado, el Ejecutivo optó por privilegiar una estrategia de prudencia, respeto a la institucionalidad disfuncional y baja confrontación, incluso frente a procesos ampliamente cuestionados y denunciados, como el segundo fraude en la Universidad de San Carlos. Esa decisión buscó preservar cierta gobernabilidad, pero también evidenció las limitaciones de una estrategia que deposita casi toda su confianza en refuncionalizar lo dado, en lugar de construir lo nuevo.
El aprendizaje no es que deba abandonarse la institucionalidad democrática. Es que la transformación del Estado requiere, además, construir organización social, disputar el sentido de las instituciones y generar mayorías políticas capaces de articular cambios que trasciendan la administración cotidiana del aparato estatal.
6. La verdadera pregunta que dejan estas elecciones
Quizá el mayor aprendizaje de este ciclo no sea quién ganó o perdió cada una de las elecciones de segundo grado. Tampoco si determinadas reformas constitucionales lograrán mejorar el funcionamiento del sector justicia.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de Estado necesitamos en Guatemala?
Uno que continúe organizando el poder alrededor de unas cuantas élites económicas, políticas, militares y corporativas, aunque lo haga mediante instituciones más eficientes y transparentes. O uno profundamente democratizado, capaz de redistribuir poder, ampliar la participación política, garantizar derechos y responder efectivamente a las necesidades de quienes históricamente han permanecido al margen de las decisiones fundamentales del país.
Las elecciones de segundo grado de 2026 dejan una oportunidad que trasciende esta coyuntura. Nos invitan a dejar de preguntarnos únicamente quiénes administran el Estado y cómo se eligen, y comenzar a discutir para quiénes existe, a quiénes protege y qué transformaciones requiere para dejar de reproducir un orden que, durante demasiado tiempo, ha servido mejor a las élites y sus redes criminales que a los pueblos de Guatemala.
