Al concluir su visita oficial a Guatemala, el Alto Comisionado Volker Türk se refirió a los desafíos estructurales de derechos humanos en el país, y en ese contexto valoró positivamente que la agenda de derechos humanos formara parte de los programas del Gobierno. Recordarán que en febrero de este año publiqué una columna con algunas prioridades para la agenda de derechos humanos. Hoy, y desde la óptica de la asistencia técnica que mi Oficina proporciona, quisiera mencionar algunos pasos relevantes en estas prioridades.
La nueva narrativa por parte del Ejecutivo que valora y reconoce los derechos humanos ha creado un entorno donde el progreso sí es posible. En este contexto, la decisión de retomar el trabajo para desarrollar una Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos es sumamente importante.
Lo mismo sucede con los diálogos entre el Gobierno y poblaciones históricamente invisibilizadas como los pueblos indígenas, que constituyen espacios clave de participación y de reconocimiento de sus formas ancestrales de organización. Notamos también el interés por retomar un marco para consultas previas, libres e informadas, y que además existe una agenda legislativa en el Congreso para los pueblos indígenas. Los diálogos de entidades del Gobierno con personas con discapacidad y la aprobación por el Legislativo de una ley de certificación son un precedente.
Será clave poner en marcha los acuerdos alcanzados en los diálogos, institucionalizar esos espacios y ampliarlos a otras poblaciones con profundos rezagos en la garantía de sus derechos como las personas LGBTIQ+, entre otras.
Actualmente existen esfuerzos valiosos para mejorar la atención a conflictos territoriales, sociales y agrarios. También observamos esfuerzos para prevenir desalojos extrajudiciales y prevenir violencia. La decisión de crear un Plan Nacional de Dignificación y Reparación, e implementar acciones de reivindicación de la memoria histórica, incluida la creación de un registro de personas desaparecidas con fines de búsqueda, son pasos relevantes cuya implementación precisará de un diálogo amplio entre el Estado y las víctimas.
Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundos desafíos relacionados, entre otros, con los derechos humanos de las mujeres. Los índices de violencia contra las mujeres continúan extremadamente altos y la violencia presuntamente en prejuicio contra personas LGBTIQ+ está incrementando.
Una preocupación importante desde hace varios años y que no ha cambiado es la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores/as de justicia, donde notamos falta de un debido proceso en investigaciones y casos judicializados en su contra, así como en casos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Garantizar la plena independencia del sistema de justicia es algo que necesita una respuesta urgente.
Estos y otros avances y desafíos formarán parte del informe anual 2024 del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, que está en preparación y que será presentado en el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2025.
Como expresé en la columna en febrero, el éxito de estas acciones está estrechamente vinculado al necesario fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, que propicie un ambiente de confianza y diálogo participativo de todos los sectores del país. Esta premisa sigue siendo válida, y el trabajo y los esfuerzos necesitan continuar. Reitero la voluntad de mi Oficina para continuar trabajando con todos los sectores a fin de avanzar la agenda de derechos humanos en Guatemala ahora y en los años venideros – nuestros derechos, nuestro futuro.
