Guatemala está hoy a las puertas de un proceso crucial por la relevancia que tiene la selección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para garantizar una justicia accesible, eficiente e independiente para todas las personas.
Elegir a las candidatas y los candidatos idóneos, con base en sus competencias e integridad, permitiría hacer frente a la crisis que la justicia en el país atraviesa desde hace algunos años.
Nuestro Informe anual de 2023 sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, presentado el pasado 1 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca importantes deficiencias en el sistema de justicia, incluyendo continuas barreras para que las víctimas accedan a su derecho a la justicia; violaciones al derecho a un juicio justo, tales como la falta de garantías de publicidad y transparencia de actuaciones judiciales; y medidas arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos, destacando las órdenes de detención y prisión preventiva sin motivación debida.
Las normas y estándares de derechos humanos aplicables a la selección de magistradas y magistrados se enfocan tres aspectos, que son centrales para el proceso que se sigue en Guatemala: 1) garantías de transparencia, publicidad y participación social; 2) objetividad y una selección basada en los méritos de las y los candidatos; y 3) garantías de igualdad de oportunidades y no discriminación. En este contexto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados también emitió un comunicado sobre Guatemala el 18 de abril de 2024.
En el primer aspecto, para asegurar la transparencia, los procedimientos y criterios de selección deben publicarse y regularse de manera detallada antes de la convocatoria pública. Con el fin de garantizar la participación y auditoría social, las discusiones y decisiones, incluso sobre impugnaciones o tachas presentadas por la sociedad civil, deben ser analizadas públicamente por las comisiones de postulación.
En el segundo aspecto, para garantizar la objetividad, la tabla de gradación debe señalar claramente los medios de verificación para cada criterio de evaluación. Por otra parte, la realización de entrevistas públicas contribuiría a verificar los méritos de capacidad, idoneidad e integridad de las candidaturas y a generar un debate en las comisiones de postulación sobre cómo las y los aspirantes cumplen con los criterios de selección. Es imprescindible que se reduzca el margen de discrecionalidad en la selección final. Para ello, las y los comisionados deberían fundamentar debidamente su selección.
Por último, en los procesos anteriores no se identificaron acciones para promover la participación equitativa en términos de género y diversidad étnica en la selección. Es importante que exista representatividad y que la composición de las magistraturas en las Altas Cortes corresponda al tejido social guatemalteco.
Mi Oficina, al igual que en años anteriores y en el marco de su mandato, dará seguimiento cercano al proceso de selección de magistradas y magistrados para las Altas Cortes para el periodo 2024-2029. Y por supuesto, una vez que se integre la nueva Corte Suprema de Justicia, estaremos en disposición de colaborar con asesoría técnica para fortalecer las garantías de la independencia judicial, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
