El río San Román se tiñó de rojo. De sus aguas emergieron peces sin vida. Era 2017. Para Tierra Blanca II, una comunidad de Chisec, Alta Verapaz, no era algo nuevo. Pero por primera vez decidieron unirse como aldea para pedirle justicia a un sistema que históricamente no los escucha y que como ha sido siempre, les volvería a cerrar las puertas.
Los vecinos de esta comunidad q’eqchi’ acusaron a los cultivos de palma africana que están cercanos al río. Sus sospechas no eran para menos. Dos años atrás, había pasado algo parecido en Sayaxché, Petén. Las lagunas de oxidación de una planta del Grupo HAME, usadas para tratar los desechos de la palma procesada, se desbordaron sobre el río La Pasión y provocaron un ecocidio.
En sus aguas aparecieron peces muertos tal como ocurrió en el río San Román, que es la principal fuente de agua de Tierra Blanca II. Dependen de ella para regar los cultivos de maíz, pescar, cocinar, lavar y bañarse.
El 17 de marzo de 2017, Pedro Chub, alcalde auxiliar de la aldea, llamó a la fiscalía para denunciar lo que ocurría en el río. Eran las diez de la noche y los peces pequeños y grandes no dejaban de aparecer sin vida sobre sus aguas.
Pese a los daños la justicia no llegó. Esperaron años y años pero en 2023 la Fiscalía de Delitos Ambientales decidió no seguir buscando a los culpables, que para los habitantes de la comunidad es evidente: la palmicultora Chiquibul.
Los números disfrazados de “excelentes”
“¡A ver, quiero saber yo qué institución del Estado está certificada íntegramente para dar realmente un servicio de calidad, con estándares internacionales de calidad. Ninguno. Ninguno, solo el Ministerio Público”, dijo la Fiscal General en la conferencia de prensa que dio luego de que el presidente Bernardo Arévalo presentara la iniciativa de ley con la que busca hacer viable su destitución.
La gestión de Consuelo Porras, aparte de dejar a un lado los delitos ambientales, se ha caracterizado por emprender una persecución de fiscales, jueces y periodistas, y por poner la democracia a colgar de un hilo después de intentar revertir los resultados electorales.
Para contrarrestar ese impacto negativo de su gestión, el Ministerio Público impulsó una política que les permite tener, en apariencia, excelentes resultados.
Bajo esa política las fiscalías tienen metas de casos que deben ser resueltos y para alcanzarlas deciden priorizar la desestimación de las denuncias, es decir que deciden dejarlas de investigar y las dan por finalizadas para ahorrar tiempo. Esto se da antes de capturar a un sospechoso o llamarlo a rendir su primera declaración a un juez.
Para entender más sobre este sistema impuesto por la Fiscal Genera podes leer este reportaje que lo explica: Así pagamos todos por “la excelencia” de Porras
Eso fue lo que ocurrió con el caso del río San Román. La comunidad, representada por el Bufete para Pueblos Indígenas, empezó la búsqueda de justicia, pero la denuncia no prosperó y nunca se estableció formalmente a ningún sindicado.
Juan Castro, abogado que acompaña en el caso a la aldea, afirma que la fiscalía no recolectó todas las pruebas posibles ni realizó los estudios ni allanamientos necesarios para establecer a un posible culpable y someterlo a un proceso penal.
Explica que hubo distintos informes que señalaban la existencia de contaminantes en las aguas y que los relacionaban con la producción de palma africana. Pero la fiscalía se excusó en decir que algunos análisis eran contradictorios y no intentó atar más cabos.
Por ejemplo, no pidió análisis de los peces muertos y los restos de contaminantes que podrían tener en sus cuerpos, ni realizó inspecciones en las piscinas de oxidación de las plantaciones de palma para confirmar o descartar su involucramiento. Tampoco hubo resultados comparativos de las muestras de agua que se tomaron en el río y en las aguas residuales de una planta de tratamiento de desechos de palma africana.
Un año dedicado a cerrar todos los casos posibles
Antes, incluso, de la política institucional de Consuelo Porras, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente ya tenía un problema para poder investigar los casos.
La Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente tiene su sede central en la Ciudad de Guatemala y otras en Petén, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz y Escuintla. En total cuenta con solo 6 sedes y con apenas 61 integrantes, entre fiscales y asistentes.
Según un informe del MP entregado a Quorum a través de acceso a la información, entre ese personal hay 11 fiscales — jefes— y 27 auxiliares fiscales —que investigan y litigan los casos en tribunales—. Ellos, los 38, son los que deciden el futuro de cada uno de los casos que recibe la fiscalía en todo el país. Son números insuficientes.
Cada año en promedio ingresan 1,421 denuncias a la Fiscalía de Delitos Ambientales. Es decir que cada auxiliar fiscal, que se encarga de hacer la investigación que es supervisada por el jefe, recibe anualmente 53 casos nuevos. A esa cantidad se le suman los que no han sido resueltos en años anteriores.
El abogado ambientalista Jorge Lu, explica lo grave de estos números: “Cuando el personal es poco eso lógicamente supone que haya una fiscalía ambiental que solo trabaja desde un escritorio, que no le permite acercarse a los lugares donde ocurren los hechos y no tiene acercamiento con agraviados, querellantes, instituciones o sociedad civil que puede apoyar en los casos. Eso por supuesto tiene efectos en la calidad de la investigación”.
El abogado ambientalista explica que las debilidades en la investigación de daños ambientales en Guatemala se dan desde el momento en que no hay personal que llegue de inmediato al lugar donde ocurre un caso de contaminación, algo que es clave para recolectar evidencias. “En la actualidad no hay protocolos para la toma de muestreos, no hay estrategia de los puntos para tomar las muestras y tampoco hay insumos para el embalaje de las muestras, algo que permitiría preservarlas y trabajarlas en los laboratorios”, asegura.
Muestra de estas debilidades es lo que sucedió con el caso del río San Román. En noviembre de 2023 un juzgado aceptó la solicitud de la fiscalía para cerrar el caso porque no se podía “establecer cuál fue la causa de muerte de los peces”.
La fiscalía mencionó en su petición que un informe de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC determinaba que las muestras de agua recolectadas no se detectaron plaguicidas o elementos tóxicos.
Lo que no explicó es que el recorrido de campo para levantar evidencia se realizó ocho meses después de que aparecieran los peces muertos y no fue realizado dentro de las plantaciones de palma.
Un laboratorio especializado sin aprovechar
Durante las investigaciones del caso del Río San Román los estudios de laboratorio dependían de organizaciones o de laboratorios universitarios porque el sistema de justicia no tenía esas capacidades. Eso, decían los fiscales, se convertía en una barrera pues el personal de esas instituciones no siempre estaba disponible.
Eso cambió hasta hace poco. En 2021, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) inauguró el Laboratorio de Análisis Ambiental. Esta entidad es la encargada de presentar estudios científicos que luego son presentados en un juicio, tales como análisis de huellas dactilares, reconocimiento de voz y de caligrafía. Su objetivo es aportar esos análisis independientes a los tribunales.
Este laboratorio fue creado para detectar químicos que son pueden ser dañinos para los recursos naturales o la salud de las personas. También puede hallar sustancias derivadas del petróleo que pueden ser perjudiciales.
Desde su inauguración, de acuerdo con datos entregados por el Inacif, la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente únicamente ha solicitado 34 análisis científicos.
Es decir que de las 2,824 denuncias que recibió la fiscalía entre 2022 y 2024, sólo en 34 se requirió un análisis de contaminación.
¿Alguno de esos peritajes solicitados fue por la mortandad de peces en el San Román que se repitió en 2019 y 2023? ¿Por qué la fiscalía ha solicitado tan pocos análisis si recibe cientos de denuncias?
No lo sabremos. Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP, aseguró que gestionaría una entrevista con la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
La política del carpetazo
Una opción para solucionar el problema de la falta de personal y procurar justicia ambiental habría sido contratar a más personal y abrir más sedes fiscales. Sin embargo la apuesta de la gestión de Consuelo Porras fue cerrar la mayor parte de casos posibles.
En 2023, la fiscalía solicitó a distintos juzgados que cerraran 4,187 denuncias. Para que tengas una idea, en 2022 solo decidió pedir que ya no se investigaran 743 denuncias que recibió.
Pero, ¿cómo fue posible que 38 personas lograran solicitar la desestimación de más de 4 mil denuncias? En una división sencilla cada uno tuvo que pedir la desestimación de 110 casos, es decir que durante un año tuvieron que enfocarse casi exclusivamente en redactar los informes necesarios para razonar el cierre de cada caso.
Eso, muchas veces incluye llamar a los denunciantes para preguntarles si desisten de la denuncia. Si ellos aceptan no seguir con el caso, los fiscales fundamentan con eso su petición para ya no seguir investigando.
Los juzgados que ya tienen control de las denuncias son los que finalmente deciden si avalar o no la petición del MP. Por lo general, aceptan la solicitud de los fiscales. En Guatemala solo hay dos juzgados que atienden exclusivamente temas ambientales. Uno está en Petén y otro en Zacapa. El resto de casos se distribuyen en el resto de juzgados penales que hay en Guatemala, pues están habilitados para conocer ese tipo de delitos.
Otros casos similares al del río San Román han terminado de forma similar. Uno es el ecocidio del río La Pasión que terminó sin ningún condenado pese a la gravedad o el ecocidio de 2020 en el Manchón Guamuchal, uno de los humedales más importantes de Guatemala. En ambos casos nunca hubo una condena pese a que las comunidades han señalado las plantaciones de palma africana.
Para Jorge Lu Palencia, abogado ambientalista y catedrático en derecho ambiental, la fiscalía solo es un eslabón dentro del sistema que debería proteger los recursos naturales en Guatemala y que hasta ahora es un tema que no ha sido priorizado.
Él lo sabe bien. Fue asesor jurídico en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y explica que esta y otras instituciones como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Bosques han funcionado más como una “maquila” de aprobación de permisos ambientales para empresas o instituciones. Pero no ha priorizado el control y vigilancia sobre los daños que luego pueden generar sobre los ecosistemas.
Sin control y sin investigaciones adecuadas no sorprende la falta de sentencias condenatorias. En 2023 la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente recibió 984 denuncias y consiguió condenas sólo contra 36 personas.
“El hecho de que un ciudadano acuda a una institución a presentar una denuncia debería ser atendido con responsabilidad. La desestimación implica que hay un daño ambiental o conflicto socioambiental que no está siendo atendido por la justicia y queda en impunidad”, dice Jorge Lu.
¿Quién se beneficia con la impunidad?
El caso por la contaminación del río San Román fue cerrado y a falta de encontrar a los culpables, la tragedia volvió a ocurrir en 2023. Tierra Blanca II se opuso a la desestimación en febrero de este año. Pero su voz no fue escuchada y el juzgado avaló los argumentos de la fiscalía.
Para la comunidad la principal sospechosa es Industria Chiquibul, S.A., una empresa cercana al río que se dedica a la producción de palma africana o palma de aceite y que ha sido proveedora de la mega corporación Nestlé.
Pero no es la única empresa que creen que podría estar involucrada. El abogado también afirma que se debió investigar a Palmas del Ixcán y Tikindustrias, que tienen cultivos aledaños a este este río que cruza no sólo Chisec sino Sayaxché, Petén.
Industrias Chiquibul, desde 2010, ha enfrentado distintos señalamientos. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), le ha impuesto multas y abrió investigaciones en su contra por empezar cultivos de palma sin permisos legales pese al impacto que pueden tener sobre los recursos naturales y por contaminar el río Chixoy y Chirisbicán. Las aguas de estos dos también cruzan el municipio de Chisec, donde se encuentra Tierra Blanca.
¿Qué dice la empresa sobre los señalamientos? La compañía respondió a Quorum a través de un correo electrónico. Pidió hacerlo de esa forma. La empresa aseguró que no han contaminado el río San Román. “Las autoridades gubernamentales locales realizaron análisis del agua, donde los estudios determinaron que no se encontró contaminación en el río San Román fuera de los valores ordinarios”, dijo.
La empresa también afirmó que “ha invertido muchos recursos” en mejorar su sistema de salidas de agua “para mitigar cualquier impacto ambiental y reducir las emisiones de carbono”.
Hasta ahora, a falta de una investigación rigurosa del Ministerio Público, no hay nada más que la palabra de la empresa que pueda garantizar que no están afectando el medio ambiente.
Y esto se replica en cada caso de contaminación ambiental en el país. Sin justicia no hay manera de probar que la industria agrícola cumple con estándares para reducir su contaminación o incluso para establecer mejores controles institucionales.
Esa misma industria, agrupada en la Cámara del Agro, ha sido la cámara empresarial que más apoyo ha demostrado a Consuelo Porras, incluso durante el Paro Nacional de 2023. Su logotipo fue el único que no aparecía en los comunicados que le demandaban no vulnerar la voluntad popular y poner en riesgo la democracia.
Esta investigación es parte de
