Según los informes de Twitter, entre 2016 y 2021, la red social recibió 353 solicitudes de información de gobiernos en Centroamérica y solo 36 de ellas son de Guatemala.
El periodista e investigador, Luis Assardo, explica por qué es grave que la cifra de solicitudes de información sea tan baja: “En nuestros paises existe una cantidad enorme de redes de pornografía infantil, o pandillas que utilizan redes sociales para extorsionar. Hay poca persecución hacia criminales que operan en redes sociales y que están ubicados en territorio guatemalteco”.
A esto se suma otro tema que no está siendo investigado: el de las cuentas falsas que desde Twitter acosan a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia. Incluso filtran información reservada de casos judiciales o investigaciones del Ministerio Público (MP).
Hay varios antecedentes graves:
- En abril de 2021, Rolando Moisés Pérez, allegado de Neto Bran, fue la primera persona en ser condenada por usar redes sociales para atacar a operadores de justicia que investigan la corrupción. Pérez, quien recibió una sentencia de 12 años de cárcel, operaba un ‘netcenter’ en Twitter que amenazaba a operadores de justicia.
- Flor de María Gálvez, abogada y extrabajadora de la CICIG, denunció en el MP el acoso, los ataques y la criminalización que recibe ella y otras mujeres operadoras de justicia por parte de varias cuentas de Twitter. La intimidación la llevó a exiliarse.
Desde 2020 a la fecha, el MP realizó solamente tres solicitudes a Twitter, a través de la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Análisis Criminal.
Y eso pese a que desde 2012, el MP registró la palabra “Twitter” en la narración de 43 denuncias por amenazas, coacción o difamación. 31 de los casos se denunciaron durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
¿A quién está investigando el gobierno?
La plataforma reporta que durante los primeros dos años del gobierno de Alejandro Giammattei, recibió 16 requerimientos de información sobre 34 cuentas específicas.
- Si el MP solo ha hecho tres solicitudes de información en dos años, ¿qué institución gubernamental hizo los otros 13 requerimientos y con qué fines?
Quorum solicitó respuesta a la Presidencia, que confirmó que recopilaría la información. Sin embargo, solo enviaron una carta negando haber pedido datos a alguna plataforma.
Twitter reconoce que hay un aumento de solicitudes de gobiernos interesados en censurar a periodistas, medios de comunicación y voces críticas.
La cantidad de peticiones de gobiernos sobre cuentas de periodistas y medios de comunicación verificadas incrementó 103%, según el informe.
Con excepción de Estados Unidos, Twitter no da detalles sobre las solicitudes que recibe de parte de los gobiernos, pese a la relevancia que podría tener para las y los usuarios. Por ello no sabemos si las pocas solicitudes que ha hecho el Estado de Guatemala podrían estar orientadas a investigar a personas críticas al gobierno.
Existe un sesgo, explica el investigador, Luis Assardo. “Con los informes, Twitter cumple con las regulaciones impuestas en Estados Unidos, pero detallar datos de países pequeños como Guatemala no es una prioridad”, asegura.
¿Qué responsabilidad tiene Twitter en este problema?
El problema de la seguridad en la red social no es solo de parte del Estado. Twitter tampoco prioriza la cancelación de cuentas falsas que cometen delitos o instigan al odio y la violencia.
Por la cantidad de usuarios que tiene Twitter, la plataforma no tiene recurso humano que revise cada denuncia. Estas pasan por un filtro automatizado que tendría que detectar palabras ‘detonadoras’ que pueden indicar algún abuso.
“El problema es que si el tuit está utilizando un modismo muy específico del lugar, el sistema no lo va a detectar. Si es que llega a ser revisado por una persona, tampoco va a entender el contexto. Es uno de los grandes fallos que tienen en moderación de contenido todas las plataformas. No hay cómo reportar adecuadamente”, dice Assardo.
Diversas organizaciones han cuestionado la falta de prioridad que Twitter le pone a países medianos y pequeños, que contrasta con los recursos que destina en los países grandes y del primer mundo.
Mientras el MP no investiga y Twitter no colabora con la seguridad de la plataforma, los “netcenters” sofistican sus estrategias y se vuelven más peligrosos.
“Si antes eran un montón de patojos que sabían cómo diseñar un buen meme, después de 2019 vimos un cambio enorme. Ahora vemos un grupo enorme de cuentas manejadas por abogados que básicamente están litigando en redes”, explica Luis Assardo.
En vez de investigar los delitos que cometen estas estructuras puede que el Estado de Guatemala esté requiriendo información para censurar a las cuentas críticas.
