¿Acaso podría alguien sobrevivir sin agua? Con este planteamiento tan básico, este derecho está hoy al centro del debate público a nivel mundial y también en Guatemala, ante la posibilidad de construir e impulsar nuevas leyes y políticas que faciliten a todas y todos el acceso al agua potable, sin dejar a nadie atrás.
Recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento realizó una breve visita académica al país. Fue sin duda una interesante ocasión para las organizaciones de sociedad civil y las comunidades con escasez de agua, conversar con él sobre sus prioridades y necesidades respecto al uso y gestión del agua, y de la misma manera las autoridades pudieron comentar sus iniciativas e ideas para atender la temática.
Según el Relator, un enfoque basado en los derechos humanos en relación con el agua tendrá tres elementos clave: primero, reconocer y garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano básico; segundo, proporcionar agua a las comunidades rurales para que produzcan sus propios alimentos; y tercero, preservar y mantener los ecosistemas acuáticos con miras a garantizar un medio ambiente saludable y sostenible. El derecho humano al agua no sólo garantiza la vida, también permite gozar de derechos como la alimentación y la salud, entre otros.
He podido observar en varias ocasiones y en diferentes partes del país que el derecho humano al agua no siempre está garantizado. Según los estándares internacionales, todas las personas tienen derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, sin embargo, para muchas personas esto aún está lejos de ser realidad.
Muchos territorios y comunidades no tienen acceso al agua, ya sea por sequías, desvío de ríos o contaminación; esta dinámica es más sentida en comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y en situación de pobreza. Además, existen afectaciones diferenciadas dentro de las mismas comunidades, por ejemplo en las mujeres y las niñas, quienes frecuentemente se encargan de recolectar el agua cuando ésta se encuentra lejos y realizan largos recorridos a pie, lo que las expone a peligros. Todo esto necesita ser considerado.
El agua debe gestionarse como un bien común y no pertenecer a nadie, asegurando su accesibilidad universal y sostenibilidad incluso para las futuras generaciones. Desde un enfoque de derechos humanos, se propone ver los ecosistemas hídricos como patrimonio natural y reconocer el ciclo del agua como un recurso global fundamental en el sistema climático, vital para la biodiversidad y la producción de alimentos.
El agua, siendo esencial para la vida, ha impulsado la organización de las comunidades y prácticas colectivas de gestión, creando lazos sociales y una conexión profunda con la naturaleza. Además, para los pueblos indígenas, este recurso tiene un significado sagrado, integrándose en su cosmovisión y relacionándose con un orden natural que merece respeto y cuidado.
Es especialmente importante escuchar a los pueblos indígenas y campesinos a fin de atender realmente las necesidades de las personas afectadas. Para que las leyes y los proyectos aborden los retos estructurales de forma eficaz y tengan un enfoque basado en derechos humanos, tienen que ser construidos mediante un proceso participativo, en el que todas y todos sean escuchados, se sientan parte de los avances y los puedan defender. En eso, los pueblos indígenas pueden enseñarnos mucho sobre construcción asamblearia y procesos participativos.
La administración del patrimonio natural común tiene que estar vinculada a los territorios y aplicar un enfoque basado en ecosistemas para garantizar el derecho al agua de las actuales y las futuras generaciones. También permitirá abordar el gran reto que tenemos a nivel global: la crisis climática. Los riesgos de la privatización de este bien común afectan a todos y todas, por ende, es necesaria una regulación y un uso equitativo y responsable del agua desde la lógica del interés general.
