A pesar de estar en la Ciudad de Guatemala, a cientos de kilómetros de distancia, la situación no nos hace ajenos cuando dimensionamos las diversas formas en las que la territorialidad es violentada por los poderes hegemónicos.
Los desalojos tienen sus bases en catalogar como invasores a personas que ocupan propiedades privadas/públicas que no les pertenecen. Las leyes difícilmente problematizan sus profundidades sociohistóricas y estructurales. Es decir, ¿hasta qué punto es retroactivo el reconocimiento de invasores? Obviamente no se cuestionará esto para no atentar contra el mismo poder, pues obedece a un tiempo moderno y a la re-consolidación de estructuras corruptas. Pero, si realmente lo fuera, hasta la historia de la propia Ciudad de Guatemala sería distinta.
Si retrocedemos en el tiempo, el Valle de la Ermita -hoy, la capital guatemalteca- que habitamos desde hace 245 años, no fue precisamente un territorio baldío. Comunidades mayas poqomam y kaqchikel lo habitaban y les pertenecía, construyéndose socioculturalmente desde aquí. Pero la forma en que los criollos y españoles usurparon sus territorios ni siquiera lo nombramos como expropiación de tierras y mucho menos catalogamos como invasores a estos grupos criollos que hasta hoy siguen ocupando y sirviéndose del poder local y municipal. Desde ahí, nos han obligado a imaginar una Ciudad que no es para indígenas, pues el despojo no solo fue territorial sino también en la memoria histórica.
Sin ir tan lejos, después de la guerra, en la era democrática (pero inconsistente), los desalojos en la Ciudad continúan y el imaginario de invasores margina y desecha toda posibilidad de reconocer derechos y dignidad por igual en esta Ciudad. Hace algunos años compartí con jóvenes en situación de calle cómo la misma municipalidad no hace nada por ellas y ellos, principalmente por ser menores de edad, víctimas de violencia por la guerra o intrafamiliar y con múltiples problemas al pertenecer a otro sector olvidado por el Estado. Cuentan que son desalojados violentamente de los lugares donde logran pasar el día o la noche, no con fuego, pero sí con tanques de agua.
Uno de los últimos casos durante el 2021 es el de Nimajuyú en la zona 21, donde varias personas ocuparon espacios públicos generando tensiones con los vecinos que ya habitaban ahí. Poco se habla de esa figura de “invasor” y su determinación bajo brechas de desigualdad económica y jurídica y, sobre todo, anulando sus necesidades y derechos de tenencia de tierra que hasta para los sectores medios capitalinos es muy difícil lograr.
La territorialidad que defienden las comunidades q’eqchi’ son denominadas propiedades ancestrales y comunitarias, y aquí en la Ciudad. ¿Será que la poca territorialidad colectiva que se demanda solo son los espacios públicos? ¿Hasta dónde alcanza lo comunitario? En los centros urbanos modernos, la territorialidad ya no está configurada bajo las identidades tradicionales, se constituyen desde el imaginario del cosmopolitismo moderno y privado, muy lejos de tener una memoria histórica colonialista.
Desde ahí que el Instituto 25A reconoce que la Ciudad de Guatemala merece un espacio de diálogo crítico entre las y los vecinos. La territorialidad urbana que busca dignificar las vidas de todos y todas, va de la mano con las posibilidades de deconstruirse, resignificar, y volver a construirse desde la autodeterminación como proceso permanente y urgente de politización.
Ixkik Zapil Ajxup
Para más información descargue la investigación “Politización de los sectores medios urbanos mestizos-ladinos e indígenas mayas en la Ciudad de Guatemala” en: https://www.i25a.gt/publicaciones
