En Alemania un guardia nazi de 101 años fue condenado a prisión por su complicidad en el asesinato de miles de personas en la II Guerra Mundial. En Argentina otros cuatro ex militares también fueron condenados por su participación en los vuelos de la muerte.
Mientras estos países siguen caminando en la búsqueda de la justicia transicional, condenando a quienes perpetraron delitos de lesa humanidad, en Guatemala los diputados quieren hacer lo contrario.
La iniciativa de ley 6099 busca prohibir que se juzgue a miembros del Ejército, fuerzas de seguridad del Estado y grupos insurgentes por cualquier hecho cometido entre 1960 y 1996.
Quieren ignorar que la legislación nacional e internacional establece que los delitos de lesa humanidad y desaparición forzada no pueden ser amnistiados.
La propuesta no solo quiere asegurar impunidad a futuro. También ordena a los tribunales que dejen libres a las personas que hayan sido sentenciadas, aunque la sentencia esté en firme y si el proceso se está llevando a cabo, el juez debe cerrar el caso de inmediato.
Algunos de los casos que podrían peligrar si esta ley se aprueba son:
- Violencia contra las mujeres achí: El 24 de enero de 2022 fueron condenados a 30 años de prisión 5 exparamilitares violencia sexual y esclavitud en contra de mujeres de la etnia maya Achí. Actualmente el caso está en apelación porque los culpables no quieren aceptar las medidas de reparación dictadas por el tribunal.
- Diario Militar: El 23 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a 9 militares y expolicías acusados de desaparición forzada y asesinato.
- Caso Sepur Zarco: En 2016 fueron condenados a 120 y 240 años de prisión dos militares por ejercer esclavitud sexual y doméstica a las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco, en Izabal. Este caso es un referente que tomó en cuenta por primera vez el delito de esclavitud sexual durante el Conflicto Amado Interno y sirvió de base para el caso de las mujeres achí.
- Molina Theissen: Durante 39 años la familia del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen buscó justicia por su secuestro y desaparición forzada. En 2018, el tribunal condenó a cuatro militares por este hecho, aunque los restos de Marco Antonio siguen sin encontrarse.
Estos casos han significado un camino de dolor y justicia para las familias y para los sobrevivientes que están dispuestos a dar su testimonio con tal de que se logre justicia y que hechos así no se repitan.
Diputados como Manuel Conde Orellana, precandidato presidencial del partido Vamos, Boris España de Todos, Javier Hernández de FCN y José Alberto Sánchez Guzmán le apuestan a que se borre de la memoria colectiva estos actos y que se perdone a quienes ya han sido sentenciados.
Entre los intentos anterior por asegurar impunidad para militares y paramilitares se encuentran:
- La iniciativa 5377, presentada en 2018, que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
- En septiembre de 2021, el diputado de Valor y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno, presentó la 5920 “Ley de Consolidación de la Paz y la Reconciliación” .
¿Por qué debe de preocuparnos esta nueva propuesta?
Aunque las dos propuestas anteriores no caminaron mucho, en esta ocasión el contexto político cambia.
- La fiscal general Consuelo Porras destituyó a la fiscal Hilda Pineda, quien a través de la Fiscalía de Derechos Humanos lideró investigaciones contra militares que participaron en estos delitos.
- El juez Miguel Ángel Gálvez, que ha conocido casos contra militares y paramilitares, ahora enfrenta un proceso de antejuicio en su contra. De esta forma, el trabajo del juez peligra.
- En el 2018 la Corte de Constitucionalidad detuvo la iniciativa 5377 diciendo que era inviable. Pero en esta ocasión, la CC está conformada por dos de los magistrados que anularon el juicio por genocidio contra Ríos Montt hace 11 años. Se trata de Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
