Son mujeres mayores, abuelas, que han pasado los últimos 30 años de su vida con una cicatriz de guerra que no sana.
Estas mujeres que ahora tienen entre 50 y 86 años de edad empezaron a hablar a inicio de los años 2000 sobre cómo sus esposos, padres e hijos fueron ejecutados o desaparecidos por el Ejército y los Patrulleros de Autodefensa Cvil (PAC).
Todas pertenecen a la etnia maya achí y son originarias de varias comunidades de Rabinal, Baja Verapaz, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno.
Frente a un tribunal ellas denunciaron y probaron que los patrulleros las habían violado, y algunas tuvieron hijos producto de esas violaciones. Además, algunas fueron trasladadas contra su voluntad al destacamento militar para atender a los soldados y a quienes tenían detenidos. Es decir, también fueron víctimas de esclavitud.
- Todo esto sucedió entre la dictadura militar de Romeo Lucas García (1978-1982) y la de Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Pasaron 30 años de los crímenes hasta que las abogadas del Bufete Jurídico Popular de Rabinal las escucharon, se dieron cuenta que se enfrentaban a un caso de violencia sexual y esclavitud durante los años del conflicto armado interno.
Así fue como nació el caso de las Mujeres Achí. En total se lograron recabar 36 testimonios de mujeres que durante la guerra tenían entre 12 y 56 años. Sí, los patrulleros también habían violado a varias niñas.
Tuvieron que pasar 11 años más para que la justicia las escuchara y el 24 de enero de 2022 por fin lograron la justicia.
“A los juzgadores nos resulta denigrante lo que vivieron las víctimas, personas indefensas que no pudieron poner resistencia y que han esperado tantos años para demandar”, dijo el Tribunal el día de la sentencia resaltando que creían en los testimonios de todas estas mujeres.
¿Qué tienen que ver los expatrulleros con el Estado?
En la sentencia dictada se hace referencia a la responsabilidad del Estado en estas violaciones por no haberles garantizado seguridad y protección.
Sin embargo el Estado es responsable porque fue este quien creó las PAC, grupos de personas que fueron armadas para intentar combatir a los guerrilleros pero que terminaron abusando de su poder.
¿Qué son las medidas de reparación?
Las medidas de reparación, de rehabilitación y de no repetición son una serie de obligaciones dictadas por un tribunal para ayudar a las víctimas y a sus comunidades a sanar las heridas provocadas por un conflicto.
La guerra dañó a estas comunidades y el Estado es uno de los responsables de ello. Por eso estas medidas deben ser cumplidas y, en su mayoría, tienen que ver con crear espacios de paz y reconciliación.
Entre las medidas dictadas por el Tribunal están:
- El Ministerio de Salud debe instalar centros de salud en Rabinal y crear un programa de atención integral en salud para las cinco sobrevivientes. Esto, debido a que las mujeres aún presentan secuelas emocionales por lo vivido durante la guerra.
- El Ministerio de Educación debe incluir en el Currículo Nacional Base la historia de las mujeres Achí e incluir la materia de Enseñanza Básica en Memoria Histórica.
- La Defensoría de la Mujer Indigena deberá desarrollar un programa de formación de derechos de las mujeres.
- El Ministerio de Cultura deberá producir un documental sobre el caso.
- La Municipalidad debe realizar un mural.
- El Ministerio de la Defensa debe pedir disculpas públicas en la comunidad de Xococ por haber permitido que estos actos de violencia contra las mujeres sucedieran.
- El Organismo Judicial debe publicar la sentencia del caso y traducir un resumen al idioma Achí.
Pero el Estado no quiere hacer esto
Ahora las mujeres sobrevivientes se enfrentan a una nueva dificultad y es que el Estado no quiere cumplir nada de lo dictado por el Tribunal.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), que funciona como abogado del Estado, presentó una apelación para decirle a los jueces que lo ordenado va contra la Constitución y que no pueden exigirle a los ministerios que cumplan con eso.
- Recordemos que la PGN está dirigida por Jorge Luis Donado Vivar. Donado aspira a ser Fiscal General y es uno de los candidatos que tiene tachas en su contra que lo señalan por su negligencia frente a la procuraduría.
“En lugar de que el Estado tenga una postura de reconciliación, se niegan a cumplir”, dijo Lucía Xiloj, una de las tres defensoras de las mujeres Achí.
Xiloj remarca que además de lograr justicia, es importante que el Estado de Guatemala cumpla con estas medidas para garantizar la reconstrucción de una comunidad que quedó golpeada a través de la atención en salud y educación.
Ahora las mujeres Achi deberán presentarse nuevamente frente a un tribunal, pero esta vez será en una sala de apelaciones para escuchar los alegatos de la PGN. Se espera que esto sea en los próximos días.
