Cada mes, decenas de casos de trata de personas llegan a un juzgado ubicado en el antiguo edificio “El Gráfico” de la zona 1. En lo que va del 2024, a este espacio han llegado 152 casos de explotación sexual de menores de edad, adopciones ilegales, distribución de pornografía infantil, entre otros delitos que la ley reconoce como trata o delincuencia organizada.
Normalmente, el juez Mario Efraín Najarro Quinteros tenía a su cargo decidir si una persona acusada por cualquiera de esos delitos debía enfrentar un proceso penal y un juicio. Así fue hasta el 9 de mayo de 2024. Desde ese día, la junta disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) ordenó su suspensión temporal como juez, por una denuncia interna de acoso laboral y acoso sexual.
Esa es solo una de varias denuncias que han sido presentadas en su contra desde hace 18 meses, cuando llegó al Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Guatemala.
Un juzgado de acoso, alcohol y violencia sexual
En agosto de 2022, una universitaria de 23 años comenzó a hacer sus pasantías en el juzgado. La jueza en aquel entonces era Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga —ahora a cargo del juicio del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción—, pero fue sustituida por Najarro Quinteros en enero de 2023.
Desde la llegada de Najarro, la entonces pasante, percibió que el juez no la quería allí. A pesar de eso ella ya había decidido extender su pasantía por un tiempo más para seguir aprendiendo.
El problema comenzó cuando el juez, según cuenta, le pedía cosas que nada tienen que ver con un juzgado.
“El 19 de julio de 2023, ya casi cuando eran las 15:15 horas, el juez saliendo de audiencia me pidió que le comprara un six pack de cerveza. Fui a la tienda y volví al despacho. Él me dio una cerveza y me dijo ‘tenga’. Esta conducta del juez de tomar cerveza o licor en el juzgado era frecuente”, dijo.
Minutos después, la joven fue al baño para luego ir a su casa pero el juez le pidió que regresara.
En su despacho, después de asegurarse que no quedaba nadie más en el edificio, el juez abusó de ella hasta que logró zafarse y huir. Tardó tres días en poder volver al lugar de su pasantía a traer sus cosas. Fue la última vez que estuvo en el juzgado.
La joven tenía miedo de presentar una denuncia en el Ministerio Público (MP). El juez siempre presumía que tenía contactos en el OJ y en las fiscalías; además, sabía dónde vivía ella. Aún así, decidió denunciarlo.
“Ahora ya no me importa. Siento asco de lo que me hizo y quiero que se haga justicia”, plasmó en su denuncia por violación presentada el 26 de abril de 2024 en la Fiscalía de la Mujer.
Acoso sistemático contra los trabajadores
La pasante no fue la única que denunció al juez. Cuatro trabajadoras aseguran haber sido víctimas de acoso laboral o sexual por parte del juez. En una denuncia conjunta describieron que Najarro Quinteros:
- Intentó besar a la fuerza a la oficial y la amenazaba con iniciar un proceso disciplinario en su contra.
- Trató de quitarle a la psicóloga del juzgado funciones relativas a la atención de la víctima y trasladarla a un área no apta para atender a las víctimas.
- Inició un proceso disciplinario en contra de la notificadora por el simple hecho de comer.
- Trató de iniciar un proceso disciplinario en contra de la comisaria por supuestamente extraviar documentos y no entregar en la noche las órdenes para que una persona recupere su libertad —son documentos que se llevan al Sistema Penitenciario para que suelten a personas capturadas. No se pueden entregar de noche—.
Todos esos puntos fueron presentados por el Secretario en una denuncia ante la junta disciplinaria del OJ el 2 de mayo de 2024. Él también denunció que el juez le ha quitado documentos y funciones e inició un proceso en su contra por comer en el juzgado.
La notificadora y la oficial dieron un paso más y fueron al Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) para denunciar el constante acoso. Ellas indicaron que al principio no querían tomarles la denuncia y al tomarla no se hizo constar todo lo que declararon.
Al igual que la pasante, las trabajadoras también habían escuchado que el juez presumía sus múltiples contactos. Incluso una de las colegas aseguró que el juez dijo que las mismas personas del MAIMI le informaron sobre la denuncia y tomaron videos a las denunciantes.
Un viejo conocido en el MP, pero por otro delito
Mario Efraín Najarro Quinteros tiene una amplia trayectoria en el sector justicia. Fue juez de Niñez y Adolescencia en Izabal, y vocal de la Asociación de Jueces y Magistrados.
También fue juez quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Estando en ese cargo, en 2010, fue denunciado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de la justicia.
Según la extinta Comisión, decretó la libertad de Napoleón Rojas Méndez cuando en realidad debió enviarlo a prisión preventiva porque estuvo prófugo de la justicia por más de un año.
Rojas Méndez es un militar retirado que fue hallado culpable de participar en el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) durante el gobierno de Alfonso Portillo (2001).
Quisimos conocer la versión del juez Najarro Quinteros sobre todos los señalamientos que le rodean; así como confirmar si —como mencionan fuentes del OJ— está considerando postularse para una magistratura en la próxima elección de cortes. Contestó una primera llamada, excusándose de que no podía continuar por estar en la calle. No volvió a contestar.
