Periodista de la USAC. Escribo sobre la política guatemalteca, el gasto público y problemáticas sociales. Me gusta investigar, aprender y explicar temas (casi tanto como la cultura pop). Creo en el conocimiento como la base de los grandes cambios.
Una necropsia “bien hecha” toma de entre 3 a 6 horas completarla, pero algunas fiscalías locales en México solo tienen un médico forense para 12 horas y llegan a hacer hasta 10 necropsias. ¿Cuántos médicos forenses se requieren para los más de 50 mil cuerpos sin identificar en México? ¿Y cuántos se necesitan para devolver a las familias de Guatemala los restos de sus migrantes hallados muertos aquí?
La última vez que Emily abrazó a su papá, tenía 7 años. Él tomó su equipaje, se despidió en la puerta de la casa y regresó a Estados Unidos. Ella se quedó llorando en el jardín que más tarde se convirtió en una venta de ropa americana administrada por su mamá, Leticia Bámaca.
La migración de Laura y su hermano inició hace 13 años. Querían ir a Estados Unidos para enviar dinero a su familia, como muchas personas en Guatemala. Pero no lo lograron. Como ella, al menos 817 migrantes guatemaltecos desaparecieron entre 2010 y marzo de 2023. La misma Cancillería del país reconoce que hay más, que ese número -que surge de los reportes de desaparecidos ante su oficina- es un subregistro. El problema de los datos también ocurre en México: allí, la única certeza es que no saben cuántos migrantes desaparecidos tienen. Según la Organización Internacional de las Migraciones la ruta hacia Estados Unidos es la tercera ruta más peligrosa del mundo. Sólo en una morgue de un condado de Estados Unidos hay más de 300 personas sin identificar, sus huesos y pertenencias están en cajas de cartón dentro de un trailer anodino en un estacionamiento.
A nivel institucional en México existen múltiples fallas en la búsqueda de migrantes desaparecidos. Hay un caos en el registro de los datos, nadie sabe qué se está contando y qué se está dejando de contar. Los datos que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, no coinciden con los que reportan las fiscalías locales. En medio de una crisis forense sin precedentes, México no tiene políticas públicas para la búsqueda e identificación de migrantes. La historia de Aurelio Cruz López, un joven desplazado de Chenhaló, Chiapas, demuestra que esas falencias tienen un impacto dramático en las familias.