Jorge Miguel Castillo Castro fue electo como Superintendente de Competencia (2025- 2031). Este era el último paso para echar a andar la institución. Hasta la fecha, no se ha ejecutado ni un centavo de los Q20 millones que la Superintendencia tiene contemplados para este año. Las autoridades tampoco tienen una sede oficial ni equipos de trabajo.
Castillo Castro es economista con maestrías en Finanzas (Universidad Rafael Landívar) y Estudios Internacionales (Universidad Nacional de Seúl). Además:
- Fue director de Competencia del Mineco desde 2020 hasta su destitución en marzo de 2025.
- Fue viceministro administrativo del Mintrab de 2018 a 2019.
OJO: Este cargo es importante porque ninguna investigación contra prácticas anticompetitivas puede iniciar hasta que el superintendente la apruebe. También es quien propone el presupuesto de la Superintendencia.
¿Cuándo comenzará a investigar y sancionar?
Ahora que la Superintendencia de Competencia tiene a su Superintendente y a sus tres directores titulares y tres suplentes, podrán comenzar a trabajar.
El pendiente más inmediato es aprobar el reglamento de la Ley de Competencia. Luego se deberán definir los equipos de trabajo, así como las secretarías, unidades y direcciones necesarias para promover y defender la libre competencia en el país.
La ley prevé que será hasta diciembre de 2026 que la Superintendencia tendrá permitido investigar prácticas anticompetitivas, por cuenta propia o en respuesta a una denuncia. En teoría, las investigaciones tomarán hasta nueve meses como máximo.
Más cambios a leyes e instituciones
Todos los aspirantes a Superintendente de Competencia tuvieron que presentar un plan de trabajo. Según el plan de Jorge Miguel Castillo Castro, durante los primeros dos años:
- Se propondrán reformas a todas las leyes del país que sean contrarias a la Ley de Competencia.
- Se propondrán medidas a las instituciones públicas para eliminar las barreras de entrada y salida de productos al mercado en Guatemala. Como sucede, por ejemplo, con las medicinas.
Mientras que en un plazo de cuatro a seis años se planea:
- Realizar estudios para detectar fallas en la competencia dentro del sector público, de medicamentos, transporte, telecomunicaciones y otros que afecten la canasta básica.
- Definir cuáles de estos sectores estarán incluidos en la primera ola de casos a investigar.
Los retos en el Congreso y en el sistema de justicia
Una Ley de Competencia y la Superintendencia no serán suficientes para que Guatemala tenga mercados más competitivos y, por tanto, existan precios más accesibles en productos y servicios.
- La Superintendencia deberá apoyarse del Congreso para modificar las leyes necesarias que hasta hoy benefician a algunos sectores y para que le apruebe su presupuesto que hoy es de Q20 millones.
La investigación y sanción de prácticas anticompetitivas inicia en la Superintendencia de Competencia, pero podrían elevarse hasta los tribunales. Por ley, el Organismo Judicial deberá crear salas especializadas en Derecho de Competencia y Derecho Económico, con magistrados expertos en la materia.
- De por sí, encontrar profesionales expertos en esta área es un reto. Sobre todo porque ni siquiera existe una especialización en derecho de competencia en las universidades nacionales.
Por otro lado, existe la amenaza de que estas salas –al igual que otras en el Organismo Judicial– sean cooptadas por actores políticos y económicos.
