Acción Ciudadana presentó una denuncia contra Allan Rodríguez, presidente del Congreso, a quien activistas y diputados señalan de comprar votos para intentar aprobar el Estado de Calamidad.
En un comunicado, la organización señaló que Rodríguez posiblemente ofreció dinero, promesas o ventajas a cambio de votos en la sesión de la noche del 6 de septiembre.
La alianza oficialista consiguió 77 votos, pero necesitaba al menos 81. Al final, no consiguió ratificar el Estado de Calamidad que declaró el presidente Alejandro Giammattei.
El diputado de oposición, Aldo Dávila, apuntó contra Rodríguez durante la sesión de ayer, en medio de una transmisión en Facebook que se aproximó a un cuarto de millón de espectadores.
Una reunión para proponer una reunión. La emergencia sanitaria sigue sin respuesta después de que el Congreso rechazara el plan de Giammattei para declarar Estado de Calamidad.
El presidente quería establecer restricciones de movilidad entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada, y la libertad de hacer compras sin mecanismos de transparencia. No lo logró.
- ¿Qué sigue ahora? Los jefes de bloque sesionaron este mediodía y el acuerdo alcanzado contempla hacer otra reunión para discutir una ley de emergencia para el sistema de salud.
- Los jefes de bloque se reunirán de nuevo con autoridades de los ministerios de Salud y Finanzas, y del IGSS, los días miércoles y jueves.
La jueza Aifán recurre a instancias internacionales. El equipo legal de Erika Aifán informó que la jueza enfrenta fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos, incluso dentro del poder judicial.
Por eso su equipo legal, conformado por King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que resuelva que Guatemala debe tomar “las medidas necesarias para respetar y proteger la independencia judicial de la Jueza Aifán.”
Los abogados señalan que han surgido amenazas contra Aifán en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la jueza Aifán en 2019.
