En enero de 2020, Karla (nombre ficticio), participó en una actividad sin imaginar que sería el fin de su formación dentro de la Universidad de San Carlos (USAC).
Aquel día se realizaba una iniciación para quienes se unirían al Comité de Huelga y Karla acudió junto a otras amigas. Los integrantes del Comité les dieron bebidas alcohólicas que probablemente contenían somníferos.
Karla no recuperó la conciencia hasta el día siguiente. Despertó , junto a otra amiga, en la emergencia del Hospital San Juan de Dios con señales de haber sido víctima de violencia sexual.
Las familias de las estudiantes decidieron poner una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y hasta el momento solo ha sido detenido uno de los involucrados.
En redes sociales circularon videos que muestran el momento en que las estudiantes estaban inconscientes, rodeadas de varios hombres. Y con las grabaciones de las cámaras de seguridad del campus universitario fue posible identificar a más de 30 personas que participaron en la iniciación, actividad que ya estaba prohibida en la USAC.
Los indicios eran abundantes y no dudaban que, dada la gravedad de los eventos, la universidad tomaría acciones para que estos hechos no se volvieran a repetir.
Pero las autoridades no actuaron y minimizaron los hechos. Fue solo gracias a la demanda y la persistencia de las familias de las estudiantes, que ofrecieron tomar medidas. Sin embargo, no cumplieron con su responsabilidad de identificar y sancionar a los involucrados.
Esa lentitud para denunciar y actuar contrasta con la forma en que la Universidad reaccionó frente a la toma de instalaciones por parte de estudiantes que rechazan el fraude en las elecciones de rector.
La urgencia de las autoridades
A mediados del mes de mayo, las y los estudiantes tomaron varias instalaciones de la USAC como protesta por el fraude en las elecciones de rector.
Pocos días después, el 28 y 29 de mayo, Guillermo Hernández y Ronnie Hiram López, trabajadores del área jurídica y del área de seguridad de la universidad, presentaron denuncias penales contra ocho estudiantes quienes forman parte de la protesta.
Las y los estudiantes criminalizados son:
- Kenya Urrutia, estudiante de Derecho.
- Cristopher Morales, estudiante de Agronomía.
- Nahomy Valdéz, secretaria general de la Asociación de estudiantes de Historia.
- Samuel Peréz, estudiante de Ingeniería.
- José Carlos Luch, estudiante de la Escuela de Ciencia Política.
- Edmar Arriola, estudiante de Derecho.
- Jorge Asencio, estudiante de Agronomía
- Diego Plutarco de León, estudiante de Filosofía.
Podrían enfrentar prisión de 6 meses hasta 6 años por supuestos delitos como usurpación agravada o sedición.
“Son medios de intimidación frente al ejercicio de un derecho como lo son las manifestaciones pacíficas”, señala Juan Francisco Solorzano Foppa.
Las intimidaciones también han ido más allá del ámbito legal:
- El 25 de mayo, estudiantes que tomaron la sede central de la USAC, denunciaron que dos personas dispararon contra la entrada ubicada sobre la Avenida Petapa y que la PNC no actuó.
- El 2 de junio, Leslie Vásquez, estudiante de veterinaria y opositora al fraude, denunció que un carro la persiguió. El piloto y sus acompañantes la insultaron e intentaron arrancarle el retrovisor de su carro.
- El 5 de junio estudiantes del Centro Universitario Metropolitano (CUM) denunciaron hostigamiento, intimidaciones y amenazas por mantener tomadas las instalaciones. Hicieron un llamado al paro de labores académicas y administrativas hasta que se repitan las elecciones de rector.
Un conflicto que está lejos de terminar
Hasta el momento cinco centros universitarios departamentales permanecen tomados y diversos cuerpos de docentes y estudiantes siguen rechazando el fraude electoral.
Las autoridades universitarias tampoco parecen estar dispuestas a dar marcha atrás y repetir las elecciones de rector.
