El miércoles 14 de junio de 2017 los grandes empresarios fueron llevados a la Torre de Tribunales. Esta vez, acusados de sobornar al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a cambio de la adjudicación y el pago de contratos de obra pública.
Según las investigaciones, esos sobornos llegaban a las cuentas de Alejandro Sinibaldi a través de una red de empresas de cartón que también sirvieron para triangular aportes ilegales a la campaña del Partido Patriota (PP) en 2011.
Dentro de esos aportes estaban los Q15 millones ($2 millones) que Telgua/Claro pagó con doce cheques avalados por el entonces gerente general, Julio Carlos Porras Zadik. Pagos que según él, fueron parte de una estrategia para evitar que Claro se fuera a la quiebra.
Sentado en el banquillo, el 28 de junio de 2017, se convirtió en el primer empresario en aceptar haber financiado ilegalmente al PP.
En su confesión aseguró que financió al PP porque el gobierno de Álvaro Colom y la UNE lo había perjudicado en una disputa legal que Claro mantenía con Tigo. Una disputa que implicaba un pago por US$400 millones y que solo pudo ganar gracias a una estrategia que le habría dado Julio Ligorría.
Según Porras Zadik, perder aquella batalla legal podría haber significado la quiebra de la telefónica que representaba.
Por la aceptación de los cargos, Porras fue sentenciado luego de un proceso abreviado y conmutó su pena a cambio del pago de una multa de Q500 mil y la construcción de dos salas de videoconferencia para el Organismo Judicial.
Cuando los constructores eran llevados a la Torre de Tribunales, Julio Carlos Porras ya estaba de vuelta en Argentina. Sin embargo, en la historia que dejó hay vacíos que llenar.
¿Claro estuvo a punto de irse a la quiebra?
En su declaración, Julio Carlos Porras Zadik se limitó a decir que el caso era por unas “tarifas” y En la conferencia de prensa del caso de financiamiento ilegal al Partido Patriota, el comisionado Iván Velásquez refrendó que lo que había motivado a Julio Carlos Porras eran unas “resoluciones” del gobierno de la UNE que favorecían a Tigo.
Ambas compañías telefónicas han optado por el silencio. Sin embargo el Proceso No. 62-2009 de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo y la resolución 2780-2010 de la Corte de Constitucionalidad, permiten rastrear el historial del conflicto.
Lo resumimos acá:
En 2001 Tigo quiso renegociar con Claro el contrato de interconexión que ambas empresas habían suscrito en 1998. Sobre todo, porque Tigo consideraba que era necesario disminuir el Cargo de Terminación a Red Móvil (CTM). Es decir, la tarifa que ambas empresas cobraban por el intercambio de llamadas.
- El desarrollo de la tecnología móvil permitía reducir los costos de trasladar llamadas entre una y otra compañía pero Claro se negaba a renegociar la tarifa.
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio (Laudo-Proceso A-03-2002) analizó los alegatos de las dos compañías y determinó que la responsabilidad de mediar sólo competía a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
En octubre de 2004, tras no llegar a un acuerdo, Tigo presentó ante la SIT su propuesta para un nuevo tarifario.
Claro nunca envió su contrapropuesta y la SIT, entonces dirigida por el hoy diputado Oscar Chinchilla, tampoco se apresuró a tomar una decisión.
El hoy diputado Óscar Chinchilla, era superintendente en ese momento. Justifica la falta de una resolución durante su gestión asegurando: “es un caso que ya no recuerdo tanto, pero casos de ese tipo siempre llevan tiempo”.
Un exfuncionario de la SIT recuerda que el caso era complicado: “no tanto por la parte técnica sino por lo demás. No era sólo cuestión de revisar un contrato sino de meter las manos en millones y millones que ya estaban en juego. Nadie quiere hacerse enemigo de una de esas dos empresas”.
Tras la llegada al gobierno de Álvaro Colom y la UNE, Oscar Chinchilla fue sustituido por Mynor Samayoa Recari al frente de la SIT. Fue él quien retomó el expediente y en junio de 2009 firmó la resolución (SIT-154-2009), que daba por aprobada la renegociación de la tarifa planteada por Tigo.
Esa resolución luego sería ratificada por el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo (resolución No. SA-551-2009).
El expresidente Álvaro Colom comenta: “tenía que ver algo con algo del contrato pero Claro no acudió cuando correspondía la conciliación”. Además recuerda una reunión sostenida en casa presidencial:
“Ellos habían estado pidiendo una reunión, pero yo no quería atenderlos porque era una cuestión de nivel ministerial. Al final los atendí. Nos hablaron con prepotencia, me pidieron que yo como presidente ordenara a mi ministro que rectificara pero les expliqué que no podía imponerlo”.
Porras Zadik dijo en su declaración que dentro de la UNE sí hubo quienes “fingieron” querer ayudarle. O más bien, que intentaron pedirle sobornos. Gustavo Alejos, el secretario privado, le recomendó reunirse con el entonces secretario de la SAAS, René González, con el empresario Gregorio Valdéz y con el entonces ministro de Economía, Luis Velásquez.
Ninguno cambió el curso de la pelea legal.
Luego de 6 amparos, 2 procesos de lo contencioso administrativo y 2 juicios civiles, en marzo de 2011, en el último año de la UNE, Claro se jugó su última carta.
Apeló ante la Corte de Constitucionalidad para que dejara sin efecto las resoluciones del ministerio de Comunicaciones por no tener competencia en el punto en disputa. Sin embargo la resolución 2780-2010 volvió a darle la razón a Tigo.
Mientras más se alargaba la disputa en tribunales, la deuda de Claro seguía creciendo. Desde 2004, cuando empezó la batalla por fijar las tarifas, la empresa había dejado de pagar a Tigo lo que le correspondía por la terminación de llamadas de sus usuarios. Fue así como Tigo consideró que la deuda llegó a los $400 millones.
La estrategia de “El fanfarrón” Ligorría
Sentado frente al tribunal, el discurso de Julio Carlos Porras Zadik afirmó que estaba “desesperado” porque “como guatemalteco no quería perder Telgua… Eso cegó mi criterio, fui ciego a la recomendación de Ligorría”.
Julio Ligorría tiene una larga carrera como consultor político y fue socio de Mauricio López Bonilla. Durante el gobierno del Partido Patriota el primero llegó a ser embajador en Washington y el segundo, ministro de Gobernación.
El día que se conocieron, recordó Julio Carlos Porras Zadik ante el juez, Ligorría se presentó con fotos al lado de Reagan, Bush, el Papa y Obama. “Era un fanfarrón pero con un poder de análisis muy atinado”, declaró.
Ligorría pidió el expediente del caso y dos semanas después regresó con su propuesta. Había que “apostarle a un cambio de gobierno porque con la UNE la tenía perdida”. La primera parte de esa estrategia consistía en “patear el proceso hacia adelante” para ganar tiempo, y a juzgar por el historial del caso, Claro siguió la instrucción.
Tras la resolución de la CC, en junio de 2011, Claro consiguió que el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios –uno que no tenía nada que ver con el proceso– otorgara medidas cautelares en su favor.
Un mes después volvió a apelar ante la más alta corte (expediente 1868-2011) con un recurso que no sólo fue rechazado sino que ameritó una multa al abogado, porque ni siquiera especificó cuál era la ley o reglamento que violentaba los derechos constitucionales de la empresa.
Mientras ganaba tiempo, Julio Carlos Porras recuerda que era Ligorría quien llamaba para preguntar por los cheques de financiamiento ilegal al Partido Patriota.
Según Porras Zadik, fue Ligorría quien le escribió en un papel el nombre de las empresas de cartón de Alejandro Sinibaldi. En un solo día, el 14 de abril de 2011, Claro emitió seis cheques por Q10 millones que terminaron en las cuentas de Sinibaldi.
Ligorría estuvo 5 años en España evitando enfrentar a la justicia guatemalteca. Se le involucró en el caso Construcción y Corrupción, por ser parte de la recaudación de financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota. En su defensa siempre aseguró que se había limitado a dar una asesoría y que contaba con las facturas que lo demostraban.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche pidió a la Interpol que desactivara la orden de captura en contra de Julio Ligorría, exembajador en Washington.
El ‘perdón’ de los US$400 millones
¿Qué podría haber sido tan importante como para desistir de una demanda de US$400 millones?
Según Julio Carlos Porras Zadik, la solución fue una fotografía publicada en los diarios nacionales que mostraba a la cúpula del Partido Patriota al lado del magnate Carlos Slim. Una reunión solicitada por Otto Pérez Molina.
Aquella era la culminación de la estrategia de Julio Ligorría para presentar a Claro como una empresa cercana al poder. Según Julio Carlos Porras, esa fotografía le dio tanto miedo a Tigo que los hizo claudicar.
Pero la realidad puede ser mucho más compleja.
Si bien Julio Carlos Porras menciona que se firmó un documento de finiquito de la demanda, no explica el trasfondo.
La única persona, relacionada con ambas compañías, que aceptó dar declaraciones para este reportaje fue Acisclo Valladares. En ese momento era Comisionado de Competitividad y luego sería nombrado por Jimmy Morales como Ministro de Economía.
Explica que en diciembre de 2010, en represalia por el caso del cobro de llamadas entre empresas, Claro aprovechó una ventaja contractual que le permitía fijar la tarifa que cobraba a Tigo por la terminación de las llamadas de larga distancia.
La fijaron un 20% más alto. Esa diferencia de precios les hizo perder mercado internacional a Tigo y en 7 meses, lo que dejaron de ganar ya sobrepasaba los US$5.4 millones, según el exfuncionario que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos.
La solución para Tigo, dijo para este reportaje Acisclo Valladares, fue desistir de la demanda por los US$400 millones (que no habían podido cobrar en 7 años) a cambio de que Claro aceptara renegociar el contrato y se pusiera un alto a las pérdidas (que sí estaban teniendo en 7 meses).
“Teníamos un caso fuerte y apegado a la ley pero hubo que sopesarlo por pérdidas que estaba teniendo la compañía, fue el 2 de septiembre de 2011, es la misma fecha en que Japón firmó su rendición ante Estados Unidos”, dice Acisclo Valladares sonriendo y encogiéndose de hombros.
¿Quién más supo de los sobornos?
En este caso quedaron otras líneas de investigación que CICIG y la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, no tuvieron tiempo de completar:
Dentro de ello quedó pendiente determinar la responsabilidad de América Móvil, propietaria de Claro, en el caso de financiamiento ilícito.
Durante su interrogatorio, Julio Carlos Porras Zadik insistió en que nadie más de la compañía sabía lo que estaba haciendo y que contaba con un mandato que le habría permitido sacar esos Q15 millones sin pedir ningún tipo de autorización ni rendir cuentas por ello.
¿Si nadie sabía de la disputa legal de $400 millones, por qué Carlos Slim, el fundador de América Móvil y uno de los millonarios del planeta, se tomaría una foto con un candidato presidencial en Guatemala?
América Móvil, por su parte, respondió al caso afirmando que ordenaron una auditoría extensa para determinar la responsabilidad de sus empleados. Al día de hoy Porras Zadik sigue siendo CEO en Argentina.
Pese a que la batalla legal implicaba la posibilidad real de perder US$400 millones, en ninguno de los informes que América Móvil presentó ante la bolsa de valores en los años 2009, 2010 y 2011 se hizo mención del caso.
Es decir, los accionistas de América Móvil nunca fueron advertidos sobre los riesgos que corrían sus inversiones en Guatemala.
*Esta historia fue investigada en 2017 y publicada originalmente en Nómada.gt
