Miles de hombres, especialmente jóvenes, se unieron a las filas del Ejército en medio de la guerra interna (1960-1996). Unos lo hicieron por decisión propia y otros fueron forzados a hacerlo. Unos recibieron pagos por combatir y otros empuñaron las armas sin recompensa.
Hoy, a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, todos ellos exigen que el Estado les de una indemnización por ese servicio militar.
Lo exigen porque los políticos les ofrecieron pagarles.
La idea de Felipe Alejos
En 2019, la entonces diputada Ana Victoria Hernández y el aún diputado Felipe Alejos Lorenzana presentaron la iniciativa ‘Ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno’.
- La propuesta establece un pago único de Q120 mil —US$15,385— para los excombatientes.
- Pagarle esa cantidad a cerca de 95 mil personas significa un desembolso cercano a los Q11,400 millones —US$1,461 millones—.
- La cifra es imposible en un país que tiene un presupuesto de aproximadamente Q95 mil millones —US$12,179 millones—.
La promesa de Giammattei
95 mil personas es una cifra atractiva sobre todo cuando se está en campaña y se necesitan votos. Alejandro Giammattei prometió que les haría efectivo ese pago:
“Yo sé que ustedes me van a ayudar a mí. Y si este gobierno (de Jimmy Morales) no pasa la ley de dignificación, que la debería de pasar, nosotros la vamos a impulsar en el Congreso”, dijo Giammattei cuando era el candidato presidencial de Vamos.
Giammattei ganó las elecciones y se convirtió en presidente. Pero no cumplió su promesa.
La quema del Congreso y la pasividad del gobierno
Jorge Vega, uno de los líderes de los veteranos, dijo el 6 de octubre, en la Comisión de Finanzas, que si no se pagan las indemnizaciones los militares harían un paro nacional. Solo 13 días después explotaron las tensiones y el Congreso ardió.
Los militares están furiosos. Y por eso, después de varios meses de manifestar, la tarde del 19 de octubre decidieron entrar por la fuerza al Congreso, quemaron carros y oficinas, y amenazaron a quienes los criticaran.
Luis Fernando Pineda, diputado de Semilla, es uno de entre diez y quince Congresistas que quedaron atrapados en el Congreso. Otro de ellos es Aldo Dávila, para ambos opositores hay dos cosas que les hacen dudar sobre lo ocurrido.
- Aunque había sesión programada para las 2 PM, ningún miembro de Junta Directiva se hizo presente.
- Allan Rodríguez, presidente del Congreso, decidió cancelar la reunión hasta las 3:30 de la tarde, cuando ya los manifestantes estaban entrando a los edificios.
Ambos dudan de que ni la seguridad del Congreso, ni la PNC o el Ministerio de Gobernación, alertaran a Rodríguez con tiempo para que evacuara a todo el personal.
Confirman que desde las 3:30 PM llamaron al Ministerio de Gobernación y a la PNC para solicitar apoyo y que se les ofreció ayuda inmediata. Sin embargo las autoridades tardaron cerca de dos horas en movilizarse y evacuarlos.
Pineda cuestiona también que, a diferencia de otras manifestaciones ciudadanas, esta vez la PNC no estableciera un cordón de seguridad al rededor del Congreso.
Aclara que, por más presión que hagan los exmilitares, hacer el pago es imposible para el Estado.
La iniciativa de ley está estancada en el Congreso. Ni siquiera tiene el aval de las comisiones de Derechos Humanos (Álvaro Arzú), de Finanzas (Duay Martínez), ni de Defensa (José Ubico).
Estas dos últimas presididas por diputados de los partidos de Giammattei y Felipe Alejos. Sí, los mismos que les hicieron promesas a los exmilitares.
