Para abordar el tema, la vicepresidenta Karin Herrera anunció la creación del Gabinete del Agua, que dirigirá ella personalmente. En él se desarrollará y coordinará la Política Nacional de Agua, enfocándose en la conservación y gestión sostenible de los recursos hídricos del país.
Dicho tema, si bien es urgente para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, implica enfrentar grandes desafíos y la animadversión de rivales poderosos que, de no abordarse de manera fuerte, inteligente e integral, hará aguas más temprano que tarde. A continuación, mencionaremos solo algunos de ellos.
Cosmovisiones encontradas
Sucede que el agua se entiende desde distintas visiones. Por un lado, el sector empresarial tradicional, que la considera como materia prima para sus industrias agropecuarias y extractivas. Por lo tanto, puede explotarse ilimitadamente para su beneficio gremial sin importar las consecuencias que se generen alrededor, ya que forma parte de su propiedad privada.
Por otro lado, los pueblos indígenas ven en el agua un recurso que tiene connotaciones sagradas y comunitarias. Algunos conservan la tradición de honrarla desde su relación con la madre tierra, y la protegen como fuente de vida para sus familias y entornos.
Sin embargo, también debe admitirse que esta cosmovisión ha ido perdiéndose con el paso de los años, no solo gracias a la transculturación, sino a causa de la pobreza y la desigualdad, que empujan a los pobladores a destruir bosques y selvas para ampliar la frontera agrícola de supervivencia.
Por ejemplo, tras los voraces incendios forestales del pasado verano, la totalidad de los 22 nacimientos de agua de la comunidad de Sepur Zarco, en Alta Verapaz, se secaron. Fue algo inédito e impactante. Ello obligó a las y los vecinos a pagar viajes en tuk tuk de cincuenta quetzales, para conducirse al río más cercano y acarrear de esa forma el vital líquido.
De tener acceso gratuito e ilimitado al agua, pasaron de la noche a la mañana a carecer de ella. Gracias a las lluvias, los nacimientos se están recuperando, y los estudiantes de magisterio de la comunidad iniciaron procesos de reforestación, para recuperar los bosques perdidos. La práctica de honrar los recursos hídricos, al parecer, también se está reestableciendo.
La Ley de Aguas va a requerir que se equilibren ambas visiones para construir un nuevo paradigma en torno al tema. Para ello, se necesitará de fuerte músculo político y cierta sensibilidad que permita alcanzar acuerdos en torno a ellas.
Expansión industrial e intereses económicos
Las compañías mineras, así como las plantaciones de banano, caña de azúcar y palma africana demandan grandes cantidades de agua para sus actividades. Sus producciones se traducen en millones de quetzales que, aunque mal distribuidos, representan una parte sustancial de la economía del país.
Sin embargo, su expansión territorial hacia reservas naturales y comunidades indígenas, ocasionan, casi de inmediato, conflictos que terminan en el campo legal, penal y extrajudicial.
Antes, los ingenios azucareros desviaban el cauce de los ríos de manera impune, privando del agua a un sinfín de aldeas en la costa sur. Hoy, la palma africana rodea pequeñas comunidades, dejándolas sin accesos, para obligarlas a vender sus tierras. Tal es el caso de Pico de Oro, en el departamento del Petén.
En Granados, Baja Verapaz, un grupo de comunitarios decidió formar patrullas civiles de defensa de sus bosques. Los madereros llegaban a talar impunemente los árboles, poniendo en riesgo sus nacimientos de agua. Ante la ausencia del Estado tomaron acciones extremas, que son respaldadas por los vecinos e ignoradas convenientemente por las autoridades locales.
A nivel urbano, la falta de planes de ordenamiento territorial ha permitido el aumento desmedido en la construcción de edificios de apartamentos en la ciudad capital y municipios aledaños. Reservas hídricas de zonas enteras están terminándose por el consumo de los nuevos inquilinos.
Asentamientos y colonias con años de haberse establecido, ven cómo sus condiciones de vida empeoran ante la falta de suministro, sin que las municipalidades hagan algo por enfrentar la situación.
Está claro que una parte esencial en la Ley de Aguas descansa en la regulación de las industrias y del uso de los suelos.
¿Qué tan dispuesto va a estar el sector económico tradicional a permitir que se reglamente la expansión territorial de sus negocios, en aras de la conservación y democratización del agua? Si son reacios a una Ley de Competencia, ya podemos anticipar una respuesta.
El éxito de la Ley de Aguas dependerá de la voluntad y capacidad del gobierno para gestionar estos desafíos de manera inclusiva y equitativa. Será crucial lograr consensos entre los diversos actores involucrados y asegurar que las instituciones encargadas de regular el uso del agua estén fortalecidas y libres de corrupción.
Solo así se podrá garantizar que el agua, un recurso vital para la vida y el desarrollo, sea gestionada de forma sostenible, equitativa y justa para todas y todos.
