La crisis del agua en Santa Rosa: una lucha diaria por un recurso esencial

En las comunidades de la zona norte de Santa Rosa, el agua, un recurso esencial para la vida, se ha convertido en un lujo que pocos pueden asegurar de manera constante y confiable. La escasez de agua ha dejado a las familias luchando cada día por acceder a un suministro limitado, costoso y de calidad cuestionable. El problema solo se agrava ante la falta de atención de las autoridades locales y nacionales.

En Jumaytepeque, una aldea del municipio de Nueva Santa Rosa, en el norte del departamento de Santa Rosa, el agua es cada vez más escasa. 

Forma parte del territorio Xinka y está conformada por 13 comunidades. En dos de ellas, Joya Grande y los Izotes, las familias pasan hasta tres semanas sin el líquido vital. 

A estas comunidades, donde el servicio de agua entubada se distribuye vía los chorros comunales, el agua llega solamente cada 22 días por 30 minutos. 

Durante esta media hora, cada familia debe correr a abastecerse antes de que se suspenda nuevamente el servicio. Para eso deben pagar Q250 anuales.

La situación es crítica y afecta gravemente la calidad de vida de la población. El agua disponible es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo e higiene personal, lo que genera un estrés constante en las comunidades.

“Apenas alcanza para llenar siete toneles, lo que nos obliga a racionar el agua de manera extrema”, explica una residente del casco urbano de Jumaytepeque, en donde mensualmente deben cancelar Q40 por un servicio que llega cada 15 días.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere de 100 litros de agua al día, o 5 o 6 cubetas grandes, para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene.

A la falta de cantidades suficientes, se suma la preocupación de las y los habitantes de que el agua que reciben no sea apta para consumo. En varias ocasiones han notado sedimentos y cambios en el color del agua. Esto refuerza la desconfianza y el temor por posibles riesgos para la salud. 

Pero nunca han visto que se realice algún tipo de evaluación de la calidad del agua por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la institución a cargo de verificar la calidad del agua a través de estudios regulares de calidad.

Sin la intervención del MSPAS para asegurar que el agua disponible sea segura y apta para consumir, la incertidumbre sobre la calidad del recurso persiste, agravando la crisis.

En la comunidad de Santa Ana La Montaña, que también forma parte de Jumaytepeque, la única fuente de agua para una gran parte de la población es un pozo privado en donde los dueños cobran Q150 por llenar cinco toneles de agua. Un costo demasiado elevado para muchas personas.

“Dependemos de lo que el dueño del pozo decida cobrar”, afirma un vecino de la comunidad.

En El Limar, otra aldea de Jumaytepeque, la situación es aún más desesperada. Sin acceso directo al agua potable, las familias pagan Q250 al año para utilizar las “alcantarillas” (piletas) ubicadas en algunos sectores de la comunidad. El agua llega esporádicamente, cada ocho o quince días. Durante la época seca, muchas personas se ven obligadas a comprar agua a Q20 por tonel o incluso a recogerla de arroyos, aunque esta agua no siempre es segura para beber.

“Algunas familias usamos filtros, pero siempre debemos comprar agua purificada para beber”, comenta un residente.

En otras partes del departamento el escenario es similar. La falta de acceso al agua como un servicio público fomenta un mercado sin regulación que beneficia a los dueños de los terrenos donde hay fuentes de agua. En la aldea Ayarza, del municipio de Casillas, los residentes pagan Q35 mensuales por recibir agua entubada en sus casas, durante una hora y media, únicamente 2 veces por semana y para muchas personas, este acceso no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.

Actores clave y el vacío de soluciones 

El problema del agua en Santa Rosa es evidente, pero las soluciones son escasas. Las y los comunitarios no ven respuestas de las autoridades municipales, que son las responsables de gestionar los servicios básicos.

“No sentimos el apoyo de las municipalidades. Parece que el problema del agua no es una prioridad para ellos”, dice un residente de Jumaytepeque.

A pesar de solicitudes hechas por los vecinos a las municipalidades, no han obtenido respuestas en cuanto a proyectos que garanticen el acceso a agua potable. Varias comunidades cuentan con comités de agua y/o Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), pero las personas mencionan que éstos pocas veces son escuchados en los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) y que los proyectos que han presentado no obtienen respuesta ni respaldo por parte de las autoridades municipales.

La falta de inversión en infraestructura hídrica y la ausencia de un plan para asegurar el acceso equitativo al agua dejan a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad total.

El vacío de las instituciones públicas, lo llenan parcialmente organizaciones comunitarias y oenegés que  brindan asistencia a las comunidades afectadas por la escasez de agua. Por ejemplo. la colaboración entre FUNDEBASE y las comunidades de la parte alta de Casillas (Volcancito, Bejucal, Corralitos y Guacamaya) lograron llevar a cabo la iniciativa del beneficiado húmedo de Café Xinka. Este proyecto busca fortalecer la organización comunitaria y generar empleos directos e indirectos para las familias, además de proteger los bienes naturales, entre ellos el agua.

Estas iniciativas han logrado avances significativos en la concienciación y la gestión del agua, pero la falta de inversión en infraestructura y políticas públicas por parte del Estado limita el impacto y la sostenibilidad de estos proyectos.

Sin un respaldo institucional que garantice un acceso equitativo y seguro al agua, las soluciones que se han implementado no pueden resolver por completo un problema de esta magnitud, dejando a muchas comunidades en abandono.

La situación del agua en la zona norte de Santa Rosa refleja una crisis enraizada en la falta de cumplimiento del Estado, la desigual distribución de los recursos y la explotación privada del agua. Las comunidades están cansadas de esperar soluciones que nunca llegan y se ven obligadas a organizarse para gestionar lo poco que tienen. Mientras tanto, el acceso a un recurso vital sigue siendo un privilegio que no todos pueden permitirse.

Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen para asegurar que el agua sea un derecho garantizado y no un privilegio al que solo unos pocos tienen acceso.

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