La lucha diaria para sobrellevar la cotidianidad sin acceso a agua potable sigue en Canalitos, zona 24 de la Ciudad de Guatemala. Durante dos décadas la población ha padecido del creciente desabastecimiento del líquido, situación que empeoró después de la construcción de un nuevo pozo privado, de la empresa Acuífero San Miguel, S.A.
- Desde enero de 2021 las y los vecinos han denunciado a las autoridades municipales que la extracción de agua de la empresa reduce aún más el recurso para la población y que la tala de árboles en el terreno perjudica el medio ambiente.
- Además, han expresado sus sospechas de que Acuífero San Miguel S.A., no cumplió con los requisitos y las licencias necesarias para operar.
- Pese a que la misma Municipalidad ya tenía reportes de que el caudal había disminuído en un 90%, nunca intervino ante la empresa.
En junio del mismo año, un pickup de doble tracción con dos técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) llegó al Cantón Las Huertas, en Canalitos. Ante la falta de acciones de la municipalidad, la población había acudido a la Procuraduría de Derechos Humanos que solicitó que el Marn realizara una inspección de las operaciones de la empresa.
Ese día, debido al clima, los inspectores encontraron el trabajo suspendido y la maquinaria estacionada. Pero documentaron la tubería que el acuífero ya había instalado y líneas trazadas en el suelo para las zanjas donde continuaría la cañería. En la parte alta de la montaña observaron una brecha donde se talaron árboles para abrir el paso a la excavadora y conducir la tubería hacía colonias residenciales en la zona 16.
Los inspectores, además, confirmaron las sospechas de las y los vecinos. El Acuífero San Miguel S.A. no realizó un estudio de impacto ambiental previo a realizar las obras, como lo exige la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente.
El Marn inició un proceso administrativo contra el Acuífero San Miguel S.A. y procedió con el trámite formal de denuncia.
Autorizaciones ilegales de la Muni
En cartas, memoriales y documentos consta que la Municipalidad de Guatemala tenía conocimiento de los trabajos del Acuífero San Miguel desde que estos comenzaron igual que de las denuncias de Canalitos. Pero no se verificó si la empresa cumplía con la ley.
Al contrario, en dos ocasiones, el gerente de operaciones de la municipalidad, Álvaro Hugo Rodas Martini, dio autorización a las actividades de la empresa pese a que no existía un estudio de impacto ambiental. Esto es un delito, según establece la misma ley.
- En una carta dirigida al representante legal del acuífero, Mauricio José Fernando Estrada, del 22 de enero 2021, el gerente municipal agradeció el interés de la empresa en “mejorar las condiciones de salubridad de los residentes de la Colonia Vista Hermosa 4” y autorizó “los trabajos necesarios” para ejecutar el proyecto sin especificar a qué tipo de trabajos se refería.
Año y medio después, el Acuífero San Miguel, S.A. había avanzado libremente con las obras. Aún sin el instrumento ambiental, la empresa solicitó autorización para el uso de la vía pública en Canalitos para introducir tubería para agua potable e instalar la línea eléctrica.
- Solamente dos días después, el 14 de julio de 2022, el gerente, Álvaro Hugo Rodas, volvió a avalar que el acuífero avanzara aunque para esa fecha ya existía la denuncia del Marn.
En ninguna de las cartas, Rodas solicita ni hace referencia al requisito legal omitido por la empresa. A través de acceso a la información pública, el Marn confirmó a Quorum que la denuncia sigue activa.
“¿Por qué me voy a oponer?”, dijo Álvaro Hugo Rodas en un video, grabado durante una reunión entre la población y autoridades municipales. Continuó:
“Vi esto como una oportunidad para llevarles agua, en mi ignorancia. Porque estaba claro que la red de Empagua no llega hasta allí”.
Delitos y antecedentes
“Es un delito. Si no hay un estudio de impacto ambiental aprobado para el desarrollo de ese pozo de agua para abastecimiento de condominios, entonces la Municipalidad de Guatemala por medio de los funcionarios públicos que hayan aprobado la obra tiene responsabilidad penal”, afirma Rafael Maldonado, abogado y experto en derecho ambiental.
- De acuerdo al segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente, el “funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes”.
Este delito, que se reformó con la ley contra la corrupción en 2012, es de acción popular por lo que cualquier persona puede denunciar al funcionario.
Maldonado señala que existen precedentes jurídicos. Este año, por ejemplo, él presentó una denuncia contra varios funcionarios públicos de San Pedro Ayampuc precisamente por no requerir el estudio ambiental.
Álvaro Hugo Rodas Martini ya tiene una denuncia por el mismo delito. En mayo de 2017, la Contraloría General de Cuentas lo denunció por la “posible inobservancia de la ley por permitir construcción para vía a Paso Madero”, según el registro del Ministerio Público. El caso aún se encuentra en investigación en la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Los trabajos que realiza la empresa son grandes en impacto. Según consta en las inspecciones del MARN, las obras incluyen la instalación de dos cisternas de 40 m3 y 100 m3 y 2,400 metros de tubería, de los cuales la mitad ya se había instalado al momento de la inspección del MARN.
La empresa que desarrolla la obra es “Soluciones Inmobiliarias Don García/Residencias de Lujo”, propiedad de Mario Roberto García Chiú (excandidato a alcalde de Mixco) y hermano de Jorge Antonio García Chiú (ex viceministro de Medio Ambiente).
Las empresas no detuvieron las obras después de la denuncia del Marn. Los camiones con materiales siguieron llegando a Canalitos y se finalizó la instalación de la tubería.
Agua sucia para Las Huertas, salubridad para zona 16
Contenedores de plástico, un garrafón rayado y un tonel grande con tapadera blanca, todos en fila. Uno por uno, la señora los llena a través de una delgada manguera azul. Requiere paciencia. No hay que dejar que sobre espacio ni para una gota, pero la presión es débil y en cualquier momento el chorro puede desaparecer de nuevo. Y la Empresa Municipal de Agua (Empagua) no lo volverá a abrir hasta en 15 días.
Pese a la escasez que viven las y los vecinos, en vez de asegurarse primero que Empagua cumpliera con su obligación de abastecer a la población en general con agua potable, el gerente Rodas exoneró a la entidad municipal y procedió a autorizar al acuífero.
Rodas incluso elogió “el interés” de la empresa privada, especialmente en “la salubridad de los residentes de la colonia Vista Hermosa 4”.
A cambio las familias de Las Huertas, que antes recibían agua potable cada 8 días, comenzaron a recibirla cada dos semanas. Para mientras, solamente tienen acceso a agua “cruda”; un líquido de aspecto desagradable y brumoso, no tratada que no es apta para consumo humano.
La población e integrantes de los Cocodes de Canalitos siguieron denunciando durante 2021. Incluso entregaron cartas al Consejo Municipal y al alcalde Ricardo Quiñonez pero nunca recibieron respuesta.
- La Alcaldía Auxiliar de la zona 24 es la única instancia municipal que sí actuó y refirió el caso al Juzgado de Asuntos Municipales que desde abril de 2021 varias veces ordenó que la Dirección de Control Territorial y Empagua inspeccionaran las actividades del Acuífero San Miguel.
- Empagua no cumplió hasta el 1 de marzo de 2022. En su informe de inspección refiere a la autorización ilegal de Rodas para justificar la obra del acuífero.
Sin respuesta de la Municipalidad y Acuífero San Miguel
Las personas de Canalitos que se oponen a la empresa aún tienen opciones de actuar, según explica el abogado Rafael Maldonado. Aparte de presentar una denuncia en el MP contra el gerente municipal, agrega que “la comunidad puede hacer una petición al Ministerio de Ambiente para que precautoriamente suspendan las operaciones de la empresa”. Al hacerse pública la información, el MP debería actuar de oficio.
El abogado señala que la situación que enfrenta Canalitos se debe a la ausencia de una Ley de Agua que regule la propiedad del agua y evite que se vulneren derechos como los de estas comunidades.
“La Ley de Agua no se aprueba en este país porque los empresarios no quieren pagar por el aprovechamiento. Ahora viven en un paraíso hídrico, pueden hacer lo que les da la gana, pese a la grave crisis de acceso al agua que tenemos en la Ciudad”, afirma Maldonado.
Según consta en el Registro Mercantil, el Acuífero San Miguel S.A. se encuentra en el edificio Reforma Obelisco, zona 9 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo la oficina aparece abandonada. En la colonia residencial San Isidro, zona 16, que figura como dirección de contacto en un expediente de la Procuraduría de Derechos Humanos, no fue posible acceder a la empresa.
Tampoco fue posible conocer la versión de Álvaro Hugo Rodas, el gerente de la municipalidad de Guatemala. Ni él, ni la unidad de prensa de la alcaldía respondieron a las preguntas de este medio.
El 22 de agosto, después de la publicación de la primera parte de este reportaje, el Ministerio de Ambiente llevó a cabo una audiencia con Acuífero San Miguel para que la empresa presentara su estudio ambiental. Aún están por emitir una resolución final sobre si la empresa podría realizar o no los trabajos. Mientras tanto, ya han talado árboles, perforado tubería y agravado la crisis de agua en Canalitos.
La municipalidad de Guatema , de hecho esta privatizando a Empagua, ya existen 3 empresas con prestanombres del alcalde Quiñonez, que venden a Empagua agua en bloque, con buenos precios , conexion inmediata y pronto pago.
Porqué “las y los”? Es innecesario. Solo les faltó poner los “vecines'”