El 20 de julio, un encuentro incómodo ocurre frente al instituto del cantón Las Pilas, ubicado en la zona 24 de la ciudad de Guatemala, mejor conocida como Canalitos:
“Van a tener agua en sus casas, limpia y para consumo humano. No todo es gratis, pero hay una cantidad que es de regalía y el exceso de consumo lo pagan ustedes. Pero van a tener agua las 24 horas. ¿No sé cuál es el problema?”, dice Miguel Morales irritado.
El señor viste camisa formal y bajo su brazo derecho aprieta una agenda negra. Se dirige a un grupo de vecinas y vecinos que se refugian del sol bajo la sombra de una parada de bus.
“El problema es que aquí no se ha hecho ninguna reunión con todos los vecinos. ¿Quién autorizó esto de sacar el agua? Usted nunca se ha reunido con la comunidad. Que se explique, que no solo digan “se cumplió con los requisitos”, porque ¿dónde deja eso a la comunidad?”, le responde una vecina con el ceño fruncido.
Morales, quien también es residente de Canalitos, intenta mediar entre el grupo y los tres trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), que ese día llegaron para finalizar la conexión de un pozo privado que desde hace dos años divide a la población de la zona 24.
Pozos públicos secos, pozo privado con agua
La población de Canalitos lleva más de dos décadas luchando contra la falta de agua potable. El abastecimiento por parte de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) se ha vuelto cada vez más irregular y escaso.
De los cinco pozos municipales en la zona, solo uno está habilitado y tiene que abastecer a aproximadamente 38 mil personas en los ocho cantones.
A finales de 2020, el nivel de agua en el pozo bajó tanto que se quemó la bomba. La medida de Empagua fue limitar la distribución del agua. En los cantones Las Pilas y Las Huertas, ubicados en la parte alta de la zona, comenzaron a recibir agua solamente un día por semana. A las familias les tocó acudir a toneles, baldes o a comprar agua en pipas.
Para su sorpresa, un día descubrieron zanjas con tubería recién hechas alrededor de Las Huertas y se enteraron que la empresa Acuífero San Miguel, S.A. estaba extrayendo agua subterránea de un pozo ubicado en el cantón.
Para colmo, el agua no era para abastecer a las familias del área, sino a condominios privados en la zona 16 que colinda con Canalitos. Esta carta de Acuíferos San Miguel prueba el destino final del agua.
Con temor a que la extracción del agua dejaría aún menos del vital recurso para sus comunidades, un grupo de personas se organizó para frenar el proyecto y proteger el agua, que según ellos, pertenece a Canalitos.
En esta lucha se han encontrado solos, pese a haber denunciado no solo el daño que los camiones provocan en las calles, sino la tala de árboles producto de la instalación de tuberías y las amenazas contra quienes se oponen al proyecto.
Agujeros a explotar
“Les había dicho la vez pasada, como representante del acuífero San Miguel, que si se hunde la calle por el paso de los camiones no hay problema. Somos responsables de eso. Lo que se está solicitando se está dando. Que arreglen la calle, listo. Quieren agua, se les va a dar”, asegura Miguel Morales frente a las miradas de desconfianza del grupo de vecinos.
A la distancia resalta el área deforestada, el color de tierra y concreto en medio del bosque verde de Las Huertas donde se construyó el pozo. El único acceso es por el pueblo donde las y los vecinos en varias ocasiones han logrado bloquear el paso de los camiones de la compañía.
Eso sí, con los nervios de punta. El terreno del Acuífero San Miguel S.A. colinda con un centro de entrenamiento de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil que fue inaugurado en septiembre de 2021.
“Lo más importante es que ustedes están sufriendo de agua, a mi me consta, soy vecino. Jamás vi agua en el chorro, sin embargo estuve pagando. Ustedes pagan sus facturas, y que les llega? Aire. Ustedes necesitan del acuífero San Miguel”, continúa Morales.
La población está dividida ante los ofrecimientos de la compañía a cambio de dejarla operar.
“Nosotros llevamos tres meses teniendo agua. Para tomar, para bañarnos. De no tener nada, estamos felices porque ahora tenemos agua las 24 horas. Nosotros pusimos pavimento, electricidad, y ahora tenemos agua. El tanque nos costó Q25 mil. Todo eso lo va a costear el Acuífero”, celebra un señor mayor en la reunión.
Es del cantón Lourdes, donde la población decidió aceptar las ofertas del acuífero. El anciano intenta animar a que sus vecinos también accedan. De hecho, en Las Huertas, ya hay un grupo de personas que están negociando con la empresa.
Pero la mayoría de las personas presentes en la reunión mantiene su posición y no ceden el acceso a EEGSA
“A mi el miedo me acosa. Yo no sé si en el camino me van a dar un balazo, así. Es triste pensar que puede ser que yo no llegue ni a los 50 años, pero tengo un hijo. Tengo que pensar en él, dejarle algo a él. Y no es justo que solo a ellos porque tienen recursos. Ustedes tendrán pérdidas, pero nosotros también”, dice una mujer jóven a Morales y a los trabajadores de Eegsa.
Desde que manifiestan su resistencia, ella y otras personas de Canalitos han sido intimidadas. Denuncian, por ejemplo, carros desconocidos que las vigilan o persiguen.
El Estado es el punto de quiebre
“Es el argumento de siempre, dejamos que se deterioren los servicios públicos para luego privatizar. Es parte de la lógica del modelo extractivista y de la normalización de las carencias. Como es así en todo el país, y siempre fue así, nos resignamos a esas lógicas”, señala Raúl Maas, investigador ambiental en el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA).
La distribución natural del agua no es pareja. Los depósitos de agua se encuentran donde las condiciones geológicas y meteorológicas lo permiten y donde la urbanización aún no obstaculiza su acumulación. Por lo tanto, el acceso de la población depende de recursos e infraestructura, pero también de las relaciones de poder.
Según el investigador, los depósitos subterráneos de agua en la zona 24 se siguen recargando porque el área todavía tiene relativamente poca pavimentación. Por eso la zona es de interés para quienes quieren controlar el agua.
“Aquí es donde la institucionalidad tiene que hacerse presente. Es el punto de quiebre. Es una disputa por el bien natural pero en condiciones bastante críticas donde algunos tienen recursos y otros no”, explica Maas.
Algunas personas señalan a Empagua y a la Municipalidad de Guatemala de favorecer a la empresa y abandonar a sus habitantes.
Ricos contra pobres, humanos contra la naturaleza
La empresa ya está extrayendo agua, pero con combustible, un procedimiento costoso que incomoda a los representantes de la empresa. Les urge que EEGSA termine la instalación pero los postes en Las Huertas están recostados en el suelo, entre el monte y el camino de terracería ruda.
“¿Cuántas veces no hemos venido? Ustedes no se dan cuenta de las pérdidas que implica para el acuífero no poder avanzar. Nosotros podemos tener sanciones por no cumplir. Esto acarrea un sinfín de problemas”, insiste el trabajador de Eegsa.
Frustrado ante el escenario de regresar de Canalitos una vez más sin avances, intenta cambiar la opinión de la gente de Las Huertas.
“Un ejemplo, la autopista a Puerto Quetzal, ¿por qué tengo que pagar peaje si estoy pagando impuesto de circulación? Prefiero pagar adicional un peaje, a dañar mi carro porque la carretera no está bien. Entonces, si Empagua les da el agua, pero ¿cada cuánto?”, argumenta el trabajador de EEGSA para convencer a la vecina.
Pero ella no tiene licencia, mucho menos carro. El techo de su casa es de lámina, igual que las paredes de su cocina, donde guarda el agua potable en dos toneles de plástico.
Desde hace más de año y medio, cuando el conflicto por el pozo se agudizó y la población comenzó a denunciar a la empresa, el agua solamente llega a los chorros de su comunidad cada 14 días.
Pronto nadie tendrá agua
María José Iturbide, directora de la Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala (Funcagua), señala que este tipo de conflictos se observan en todo el país debido a los vacíos legales sobre la gestión del agua.
“Si esta empresa está dispuesta a darles agua a un precio más favorable, es lo más positivo que pueden hacer. Aseguren o amarrenlo en un documento legal para que tengan este beneficio, porque el propietario del terreno puede hacer lo que quiere con el agua e igual va a seguir extrayendo”, dice Iturbide.
A través de Funcagua, que es financiada con fondos del sector privado, Iturbide estudia y monitorea el agua en más de 300 pozos y el resultado es claro: pronto ni siquiera el pozo del Acuífero San Miguel S.A. tendrá agua.
“El agua se está acabando”, asegura. Como medida, Funcagua está trabajando con las municipalidades en iniciativas que obligan a las empresas que hacen pozos a compensar con pozos de recarga, para devolver además de solo extraer agua.
El futuro
Las personas que se oponen a que el agua de Canalitos se venda a otras zonas, insisten en que lo que necesitan no son regalos de parte de Acuífero San Miguel sino que la Municipalidad de Guatemala cumpla con su obligación.
“Nosotros seguimos trabajando con Empagua para que nos cumpla. No está bien que ahora la empresa quiera callar a la gente con promesas. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos o nietos? ¿Será que no son puros espejitos?”, cuestiona un vecino de voz ronca.
La reunión está casi por finalizar y aunque los modales y las promesas intenten disimular, la tensión ya es tan palpable como la temperatura ardiente sobre el asfalto soleado. Tal vez por el calor, Migual Morales no viste el chaleco azul que suele usar y que lo identifica como juez de un municipio de Huehuetenango. Los cuestionamientos parecen acabar con su paciencia.
“Todo fue con permisos legales del Estado. Cada quien es dueño de lo que hay en su propiedad. El Acuífero compró y está sacando agua pero podemos gozar todos. El mundo es cambiante. El desarrollo es cambiante y lo tenemos que aceptar. No hay más que hablar en mi forma de pensar”, gruñe al vecino.
“Tenemos que hablarlo. Se están llevando el agua que nos pertenece a nosotros a otras colonias. No hemos llegado a un acuerdo concreto. Si no hay acuerdo, no hay negociación. Y entonces que no pasen los camiones. No podemos regalar el futuro”, finaliza el vecino.
Pese a presentarse como “representante del Acuífero San Miguel S.A.” en la reunión con las y los vecinos en Canalitos, Miguel Morales. declinó dar entrevista a Quorum y responder preguntas. Indicó no tener ninguna relación laboral con la empresa ya que solo es “intermediario en un asunto muy especial”.
