Una noche de mayo, Lorena Meza vio en sus sueños el edificio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Se despertó a las cuatro de la mañana agitada. Nadie más en su casa había logrado dormir. Su hija, Paola Azucena Pérez Meza, llevaba cuatro días desaparecida.
No es fácil tomar la decisión de ir al Inacif a preguntar por un familiar desaparecido, pero después de buscarla en los hospitales y de preguntar a los amigos, Lorena tuvo que hacerle caso a su sueño y viajó con su hijo a la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
“Yo no tengo ninguna cita, ya me cansé de buscar a mi hija y no la encuentro, por eso vengo con ustedes”, le dijo Lorena al recepcionista. Luego le describió las características físicas de Paola.
“Tiene las cejas así como él pero depiladas y la cara un poco más redondita”, dijo mientras observaba a su hijo. El trabajador del Inacif anotó las características, se fue y regresó minutos después con una carpeta bajo el brazo.
Los protocolos del Inacif establecen que los trabajadores no deben enseñar una fotografía de cuerpo entero porque las imágenes pueden impresionar a los familiares. Así que a Lorena le mostraron la foto de una oreja y eso fue suficiente.
Reconoció los aretes que le regaló a Paola cuando tenía 10 años y las palabras de esa niña volvieron a oírse en su cabeza:
“Mire mamá, aunque me regalen los aretes más bonitos, estos nunca me los voy a quitar, hasta la tumba me los voy a llevar”.
Ese día el Inacif tenía los cuerpos de tres mujeres sin identificar, uno de ellos correspondía al de Paola. Aquel fue el último día que estuvo en el cuarto frío del instituto forense. El sueño de su mamá evitó que fuera enterrada como XX.
Aretitos plateados
Cuando era niña, Paola había perdido los aretes que su mamá le puso cuando nació. Por eso, cuando recibió los nuevos, prometió que nunca más se los quitaría. Eran unos aretes pequeños, de plata y con una perla azul que resaltaba.
Paola fue creciendo y nunca usó aretes largos o argollas, siempre eran los de la perlita azul. Esos eran los que llevaba el 16 de mayo de 2019.
Aquel día salió temprano del call center de la zona 10 en el que trabajaba. Eran las 13:30 horas. Junto a otros compañeros tomó un bus que la llevó al centro comercial Los Próceres, debía llegar a la Universidad de San Carlos, donde la esperaba su hermana, pero nunca llegó.
Por la noche, los bomberos reportaron que habían encontrado a una mujer muerta a la orilla de la carretera en Amatitlán, en la aldea Mesillas Bajas. Tenía señales de violencia, había sido estrangulada. Cuatro días después, su mamá la identificó al ver el arete plateado en su oreja.
Sin recursos ni voluntad
El caso por la desaparición y muerte de Paola lo tomó la fiscalía de Amatitlán. Desde ese momento los pocos avances que hay son gracias al esfuerzo y perseverancia de la propia familia. Especialmente de Sara, la hermana mayor de Paola.
Sara recuerda que cuando activaron la alerta Isabel-Claudina el investigador la contactó y dijo que no podía comunicarse con su mamá porque no tenían saldo suficiente para llamar a números de otras compañías.
Esa fue la primera ocasión en la que Sara pensó que las cosas no iban a funcionar bien con las instituciones que debían apoyarla.
Meses después le tocó llevar una resma de papel a la fiscalía porque no tenían hojas para poder imprimir el expediente de su hermana.
En otro momento pensó en llevarles un modem de internet porque los fiscales se excusaban diciendo que no tenían cómo descargar información relacionada con el caso.
Tres años después del asesinato, siguen sin perfilar a nadie y analizando este hecho como un homicidio más, sin enfoque de género y sin investigación especializada.
Por eso la familia de Paola ha pedido una y otra vez que el caso sea trasladado a la fiscalía contra el Femicidio pero el traslado siempre ha sido denegado.
“Nos han dicho que no lo puede conocer Femicidio porque como no han perfilado a ningún sospechoso, ellos no lo pueden conocer”, comenta Sara, la hermana mayor de Paola.
Una suma de impunidad
El año en que asesinaron a Paola, murieron de forma violenta otras 677 mujeres pero la fiscalía contra el Femicidio sólo recibió 369 casos, el resto los conocieron otras fiscalías no especializadas.
El abogado especialista en violencia de género, Esteban Celada, explicó que el criterio del Ministerio Público es investigar como femicidios solo las muertes en cuyos casos se pueda demostrar que el agresor tenía una relación sentimental con la víctima.
“Si la fiscalía sigue creyendo que la primera línea de investigación será que la pareja es la responsable, están dejando muchos casos fuera porque las relaciones de poder entre un hombre y una mujer no solo se dan en el ámbito privado”, explica. A criterio de Celada, el caso de Paola no debería estar a cargo de la fiscalía de Amatitlán.
Aunque el traslado del caso podría ayudar al avance de la investigación, la situación de la fiscalía especializada no es alentadora.
Del 2018 al 2021, la fiscalía contra el Femicidio recibió 1,405 casos. La mayor parte fueron desestimados y solo lograron 238 sentencias condenatorias.
“Han sido momentos de frustración y enojo, pero estoy confiada en que en algún momento me llamarán para decirme que ya tienen a alguien perfilado y que hicieron una captura”, dice Sara.
El caso estuvo detenido y lograron activarlo gracias a que buscaron ayuda en el Instituto de Atención a la Víctima, y a que interpusieron una queja contra los fiscales.
En esta queja resaltan que la fiscalía tardó mucho en pedir los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el bulevar Los Próceres y la negligencia implicó que se perdiera evidencia importante.
Sara dice que tiene el desglose de las últimas llamadas hechas por su hermana. Pese a estos indicios aportados por su hermana, el Ministerio Público sigue sin perfilar al sospechoso, mientras los aretitos plateados de Paola permanecen guardados como evidencia.
