Apenas han pasado dos años desde que tomó posesión – ¡solo dos! – y las secuelas del temporal de mentiras, desaciertos y retrocesos de Giammattei se sienten fuerte en la ciudadanía, como un alpinista advierte la ropa mojada en su cuerpo en un ambiente de cero grados.
Los únicos avances tangibles que logran percibirse están en la consolidación de las mafias dentro de la precaria institucionalidad democrática del país. Desde hace ratos no contamos con la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Congreso. El año pasado se hicieron de la Corte de Constitucionalidad y la FECI, con lo cual el único bastión de dignidad que queda pendiente por destruir con su huracán de cooptación, es la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El presidente nos ha mentido descaradamente, sosteniéndonos la mirada sin titubear: en declaraciones públicas y en cadenas nacionales. Le ha mentido a todos: a su vicepresidente, a los médicos durante la pandemia, a la prensa, a la comunidad internacional, a la ciudadanía y hasta su propia sombra.
Haciendo uso de ese recurso que le sale tan bien, puso su mitomanía al servicio del Pacto de Corruptos para iniciar la ofensiva final contra la PDH. Para no reconocer su incapacidad de dirigir este país, el presidente responsabilizó a Jordán Rodas por la muerte de los agentes de la PNC que fueron enviados a Nahualá, como corderos al sacrificio, por Gendri Reyes quien, en todo caso, es el mayor responsable de tales fallecimientos.
Lo cierto es que ya pusieron en marcha todo un engranaje de descrédito contra la institucionalidad de los Derechos Humanos, para poder cooptar el último espacio político que les falta, y agenciarse así de todo el poder y toda la inmunidad. Quieren a un Ricardo Méndez Ruiz, un Raúl Falla, un Julio García-Merlos, algún abogado defensor de criminales o un libertario de la Marro al frente de la PDH, para que la defensa de los Derechos Humanos sea anulada y resignificada. La quieren para ellos; la necesitan para ellos.
La estrategia también incluye una sistemática persecución política y penal contra estudiantes, activistas, juezas, periodistas y defensores de Derechos Humanos, para desmotivar cualquier esfuerzo de participación, incidencia y organización colectiva, ante los abusos de poder y la corrupción. Que no nos extrañe conocer en este 2022 nuevas capturas o nuevos casos de exilios forzados.
Nos sentimos solos. Con Estados Unidos parece que no contamos. El gobierno de Biden ha sido la señora regañona, pero alcahueta, que observa cómo los niños hacen destrozos y desafían su autoridad, pero los deja hacer. No pasa de la amenaza con la chancla.
¿Qué tanta fuerza y ánimos le queda a la población para dimensionar la gravedad del escenario que atravesamos? Por donde se vea, este país no da motivos para alimentar la esperanza; nunca tocamos fondo, y cuando pensamos que llegamos a él, siempre se dan situaciones que nos hacen hundirnos más.
Sin Derechos Humanos no tenemos nada. Y este huracán de gran categoría, avivado por los fuertes vientos de las mafias, amenaza con no dejar ningún espacio de decencia parado. Todo será para ellos, a menos que, como ciudadanía, finalmente nos levantemos y le hagamos frente a esos cobardes, que lo único que tienen es un cúmulo de netcenteros y la idea de un poder efímero, que pueden perder fácilmente si nos empoderamos y damos la batalla.
