Un título universitario y una carrera exitosa. Dos sueños que comparten miles de niñas y adolescentes en Guatemala. Helen también los tenía, pero los percibía cada vez más lejanos desde que la directora de su escuela le prohibió seguir estudiando.
“Mi mamá le explicó que yo estaba embarazada y que si pasaba algo le avisaran. Ella le respondió que si estaba embarazada no podía entrar, que para qué había abierto las piernas. La directora ni siquiera sabía por lo que yo pasé”, cuenta.
Helen apenas tenía 12 años, en 2022, cuando fue violada por un familiar cercano. Ya iba por la mitad de quinto primaria en la Escuela de la Aldea Las Navajas, El Progreso. Recuerda que los salones eran pequeños y la educación no era tan buena, pero era la única escuela que quedaba cerca de su casa.
¿Cuántas más niñas han tenido que abandonar sus estudios por ser víctimas de una violación? En los últimos cinco años esa fue la razón de al menos 1,983 niñas que desertaron del sistema educativo nacional.
El problema en cifras
Las consecuencias de la violencia sexual en las niñas de Guatemala son muchas.
Según la información del Ministerio de Educación (Mineduc), desde el 2020 un total de 1,983 niñas embarazadas abandonaron sus estudios. Todos esos casos son de niñas de 14 años o menos, es decir, todas víctimas de violación.
Estos datos muestran que, en promedio, cada año 397 niñas abandonan sus estudios por tener que continuar un embarazo producto de una violación. La mayoría abandonó sus estudios entre tercero y sexto primaria. Casi todas tenían entre 12 y 14 años.
Desde hace décadas las organizaciones que trabajan para combatir el problema reiteran que esta violencia puede interrumpir o retrasar el proyecto de vida de las víctimas. Sobre todo para aquellas que son obligadas a continuar con un embarazo.
Un embarazo forzado no debería ser motivo para negarle el acceso a la educación a una niña. Sin embargo, Sandra Monzón, directora de programas de La Alianza, comenta que son casos frecuentes.
La organización atiende a niñas, niños y adolescentes en alto riesgo social. También ayudan a niñas y adolescentes que se convirtieron en madres, como Helen.
Monzón indica que en algunos casos son los centros educativos quienes le cierran la puerta a las niñas embarazadas. Aunque la mayoría de veces es una decisión tomada por los familiares.
Helen sabía que lo que hizo la directora de su escuela estaba mal. Pero realmente no entendía qué le estaba violando un derecho, mucho menos que se podía denunciar.
Según el Mineduc, casos como este pueden ser denunciados por tres vías:
1. Un docente puede presentar la queja con las autoridades del centro educativo.
2. La familia puede presentar una denuncia ante la dirección departamental de educación o cualquier supervisión.
3. Se puede denunciar a través del portal de quejas del Mineduc o al teléfono 1503.
Pero más allá de estar sujeta a una sanción administrativa, una autoridad educativa que le prohibe el acceso a una estudiante embarazada y/o víctima de violencia sexual podría estar incurriendo en delitos como incumplimiento de deberes y discriminación.
Un efecto dominó para las niñas, sus familias y el país
Hoy Helen tiene 16 años y vive con su hija de 4 años en una de las residencias de La Alianza. Esta organización le ha permitido continuar con sus estudios junto con otras niñas sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas. Mientras ella estudia, su hija es cuidada por la organización.
Así es como Helen ha llegado hasta tercero básico y está a punto de decidir la orientación de su bachillerato. Probablemente sea en computación.
“Mi meta es graduarme de bachillerato y buscar un empleo en lo que llevo la universidad, porque tengo a mi hija. Quiero graduarme de abogada. Esa carrera me gusta; me encanta lo que hacen. Creo que es un deseo que nació a través de mi proceso”, cuenta motivada.
Desafortunadamente, no todas las niñas madres tienen esa segunda oportunidad. Los efectos no solo las afectan a ellas y a sus bebés, sino también al desarrollo de su comunidad y hasta el país.
Según un estudio de UNFPA:
- El 63.6% de las niñas y adolescentes que fueron madres entre los 10 y 19 años solo tienen educación primaria.
- El 34.3% tiene educación media.
- Solo el 2.1% cuenta con estudios universitarios.
En Guatemala, está demostrado que el ingreso de las mujeres depende de su nivel educativo. Esto significa que todas las niñas que no pudieron continuar sus estudios obtendrán 7 veces menos ingresos que una mujer con un posgrado.
Además, el estudio UNFPA concluyó que ese rezago educativo entre las niñas y adolescentes madres y las mujeres que gestan hasta la adultez representa para Guatemala una pérdida anual de Q426.1 millones.
¿Dónde está la falla?
En lo que va del 2025, se han registrado 1,439 niñas de entre 10 a 14 años que se convirtieron en madres. De ellas, al menos 170 abandonaron sus estudios.
La necesidad de atender el problema es evidente, pero las acciones siguen siendo insuficientes o apenas están arrancando. Desde su experiencia en La Alianza, Sandra Monzón señala cuatro fallas en las instituciones públicas del país:
- Existe una gran carencia de políticas públicas.
- Los pocos protocolos de atención a la violencia sexual no se cumplen.
- Todavía hay una gran resistencia a hablar de educación sexual en los centros educativos.
- Los programas de atención a las víctimas no garantizan una respuesta oportuna ni reparación digna.
Francisco Cabrera, Viceministro Técnico de Educación asegura que han atendido las observaciones de distintos sectores y en este segundo semestre del año comenzaron a implementar programas de prevención de la violencia sexual, atención a las sobrevivientes y seguimiento a casos específicos.
Sin embargo, al Ministerio todavía le falta adoptar medidas para que las niñas que ya fueron víctimas de violencia sexual puedan continuar su educación en un entorno libre de estigma y discriminación. Tal como lo recomendó Human Rights Watch a inicios de 2025.
Después de todo, en palabras de Helen, “el estudio es la oportunidad que más te abre puertas; es la estrella para poder brillar”.
Nota: Esta investigación no contempla datos de 2023, debido a que el Ministerio de Educación no proporcionó la información de ese año.
