Ilustración y animación: Loren Giordano
Cada año más de 10 mil mujeres denuncian haber sufrido una violación sexual en Guatemala. Solo en 4 de cada 10 casos hay sentencia. En el 30% de los casos, ante la falta de pruebas o la deficiente investigación, el acusado es declarado inocente. Alejandra, sobreviviente de una violación a los 11 años, en Alta Verapaz, retrata una década de injusticia.
Alejandra no quiso ser madre a los 11 años. Pero un hombre la llevó con engaños y mentiras a un terreno desolado para violarla. Todo ocurrió en una aldea ubicada en la región sur del departamento de Alta Verapaz, en el que el 70 por ciento de la población vive en el área rural.
“Yo jugaba. Tenía mis muñecas. Mi familia, mis hermanos, me querían mucho y siempre pensaban en mí. Después ya no. La prioridad es el nene, todo es él. Todo cambió”, cuenta ahora que tiene 20 años, un hijo de casi 9 años y es madre soltera.
Diez años después, el agresor aún se encuentra prófugo y el caso que ella se atrevió a denunciar, está estancado. En un país en el que cada año más de 10 mil mujeres denuncian haber sufrido una violación sexual, Alejandra no es la única que espera una justicia que nunca llega.
En Guatemala, el 65% de las denuncias de mujeres por abuso o violencia sexual no llega a un tribunal. Cuando sí lo hace, apenas en 4 de cada 10 casos hay sentencia. Cuando el Ministerio Público (MP) sí logra identificar al agresor, el promedio es que el proceso en un caso por agresión o violación sexual dure 829 días. En el 30% de los mismos, ante la falta de pruebas o la deficiente investigación, el acusado es declarado inocente.
Alejandra habita uno de los municipios con menos acceso a internet. Apenas el 15 por ciento de las familias tiene acceso a ese servicio; y menos de la mitad cuenta con un celular. Desde el confinamiento obligado por la pandemia, por vía telefónica a falta de otro recurso, recuerda la experiencia vivida a sus 11 años.
Relata cómo, durante casi 150 días, se calló lo que ocurrió la tarde en que un hombre conocido en la comunidad, el chofer de un aspirante a la alcaldía del pueblo, la violentó y dejó embarazada. Al principio, antes de notar algún cambio físico, la madre de Alejandra estaba inquieta por el comportamiento de su niña. Lloraba sin ninguna explicación aparente:
“Me arrinconaba y me ponía a llorar. No sabía lo que me estaba pasando. Tampoco sabía si iba a tener un bebé. No sabía nada. Llegó un momento en que ya no quise ir a estudiar. Llegó una noche en que mi mamá me dijo que mañana iríamos al doctor. Yo tenía miedo de que el médico le dijera algo. Mientras íbamos en camino le dije que paráramos, nos sentamos en una banqueta”.
Su relato es interrumpido por el llanto. Durante estos 10 años, Alejandra no ha dejado de llorar.
La violencia de la distancia
Alejandra se sentó junto a su madre en una banqueta, no muy lejos de su aldea. Mientras la gente pasaba por el lugar, sin reparar en ellas, la niña le contó a su mamá que un hombre “la tocó”. Con esas palabras quiso decir que había sido violada. Le contó también que tuvo miedo de decir algo porque su agresor, quien conocía a la familia de Alejandra, amenazó con hacerle daño a su hermano, un niño con discapacidad física.
El primer obstáculo de las mujeres para buscar justicia siempre surge en el ámbito familiar. La psicóloga Brenda Rosales, quien trabaja con la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) explica que es recurrente normalizar una situación de violencia dentro de las familias. “Hay casos en los que la abuela, la madre y la hija han sufrido violencia por un mismo familiar, por una misma familia de hombres. Guardamos silencio porque tenemos muchos mitos alrededor de la violencia sexual”, advierte Rosales.
No fue así el caso de Alejandra. Aunque el agresor era un conocido en la comunidad, ella apenas lo conocía de vista y no había tenido relación con él hasta el día de la tragedia. Tampoco sabía quién era, qué influencias tenía, a qué se dedicaba, ni cómo se llamaba. Sin embargo, sus amenazas fueron efectivas.
Los mitos alrededor de la violencia sexual cohíben a las mujeres a presentar denuncias para perseguir a sus agresores. En el caso de Alejandra, los comentarios de personas vecinas y conocidas se sumaron a la violencia contra ella, cuando su embarazo ya era más que evidente. “Me decían que yo fui la que quise. Que yo fui quien buscó a ese hombre que me violó”, cuenta.
Su familia también le dio la espalda. Solamente recibió el respaldo de su mamá. “Ella era la que me decía: ponete esta ropa para que no se te note el estómago. Ya no salía a la calle porque pensaba que se iban a burlar de mí, que era una vergüenza para mi familia”. Del otro lado del teléfono, al recordar su historia, Alejandra llora porque su agresor sigue en libertad. Fue abusada en noviembre de 2011 y presentó su denuncia hasta abril del siguiente año, un día después de haberle contado todo a su mamá.
Para denunciar, tuvo que viajar 4 horas a pie y en bus hasta la sede más cercana del MP en el departamento de Alta Verapaz; y luego media hora a pie para llegar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Desde 1998 hasta 2018, el MP sólo tenía oficinas en 64 municipios. Actualmente aún hay 68 municipios sin fiscalía. Departamentos como Baja Verapaz o Totonicapán —con una población de 612,160 y 222,276 mujeres respectivamente—, solo tienen 78 fiscales divididos en 7 agencias fiscales especializadas de la mujer.
Para muchas mujeres del área rural poner una denuncia implica caminar varias horas para poder llegar al pueblo o a la carretera y buscar un pickup o un bus extraurbano que las acerca a la agencia más cercana del MP. Un pasaje ida y vuelta suele costar Q30.
Q30 en un país en el que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 87% de la población vive con menos de Q50 al día.
En 2020, por la pandemia y las restricciones de movilidad, el MP registró las cifras más bajas de denuncias por violación de los últimos tres años.
Quienes reciben las denuncias revictimizan
Un día después de contar todo lo sucedido, Alejandra y su madre buscaron un juzgado para interponer la denuncia. “De ahí, me mandaron al MP y de allí al Inacif. Me hicieron unos estudios y dijeron que yo estaba embarazada, que ya no podía hacer nada, solo esperar a que tuviera al bebé”, dice.
Las sobrevivientes suelen ser revictimizadas a la hora de ser atendidas en las oficinas públicas, muchas veces se debe a que quienes reciben las denuncias no han tenido capacitación suficiente. Tanto en la Policía Nacional Civil (PNC) como en el MP, el personal suele carecer de la sensibilidad necesaria para abordar estos casos, según la abogada Liliann Vásquez, de la Oficina de Derechos Humanos con Enfoque Feministas. “Los policías intentan jugar el papel de jueces y determinar si lo que están denunciando es realmente un delito. ¿Pero qué le hizo? ¿Le dijo ‘puta’? Eso no es delito, señora, usted solo quiere joder a su marido. Y ellas se empiezan a sentir intimidadas, se cohiben”, explica.
“Solo al saber que son hombres quienes te tienen que atender hay mucho miedo de que te vuelvan a hacer lo mismo. Ellos mismos te dicen: ‘¿Segura que no buscó al hombre?’ Intentan culpabilizar a la víctima y hacen que sienta más temor. Me pongo a pensar que eso no debería ser así, que deberían ser mujeres quienes atienden estos casos”, opina Alejandra.
Aunque Alejandra pudo identificar a su agresor, diez años después de la violación, el MP aún no ha podido encontrarlo y capturarlo.
En los últimos tres años, el MP recibió 28,958 denuncias por violación sexual y 109,893 por violencia contra la mujer. Sumadas, ambas denuncias, son las más recurrentes en el MP. Incluso más que las amenazas, el robo y el robo de teléfonos celulares.
Es decir, cada equipo tiene que investigar 333 casos al año. Para no acumular casos de violencia sexual tendrían que trabajar de lunes a domingo y resolver uno por día.
Fuera de la Ciudad de Guatemala, la carencia de fiscales es aún más dramática. En las agencias fiscales de la mujer de diez municipios (Coatepeque, El Progreso, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Nebaj, Santa Rosa, Santa Catarina Pinula y Totonicapán) solamente hay una persona para investigar los casos.
Es decir que, para citar un ejemplo, el único agente fiscal que hay en Izabal debería resolver las 928 denuncias por violencia sexual que se presentaron en 2020 en ese municipio.
7 de cada 10 casos sin resolver
Debido a la falta de personal para atender las investigaciones, en los últimos tres años solo el 35% de casos por delitos relacionados con abuso y violación sexual fueron llevados ante un tribunal de justicia. Allí continúan los problemas para las sobrevivientes.
La experiencia de Alejandra no fue totalmente grata. Según recuerda, estar al lado de su mamá fue lo que le ayudó a sobrellevar la situación: “Me sentía incómoda porque solo había hombres, solo nosotras dos con mi mamá estábamos”.
Aunque no recuerda haberse sentido incómoda o atacada con las preguntas del juez y abogados, hubiera preferido ser escuchada por mujeres o no estar en una sala con tantos hombres desconocidos. Su caso nunca pudo avanzar porque el agresor no ha sido localizado.
Es tanta la carga acumulada del OJ que, cuando una audiencia se suspende, suele ser reprogramada para un año o un año y medio después. Y en el juicio, de nuevo la revictimización, la falta de sensibilidad y la imposición de los estereotipos de género.
“En juzgados especializados he visto que dudan de la declaración de la víctima: ‘¿Pero usted se acuerda cuántas veces le metió el pene?’, son preguntas que hacen”, dice la abogada Liliann Vásquez.
En Guatemala, es común que las mujeres que han sufrido violencia sexual sean victimizadas frente a jueces, quienes con frecuencia ponen en duda su testimonio o cuestionan las evidencias.
“La mayoría de veces que me toca absolver no es porque no le crea a la víctima, sino porque hubo mala presentación de la pruebas” explica Verónica Xovin, jueza de Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual.
Es frecuente que la fiscalía no solicite todos los dictámenes forenses, psicológicos, genéticos y biológicos para las investigaciones, explica la jueza.
En los últimos tres años, 4 de cada 10 casos por abuso o violación no llegaron a sentencia. De esos, 3,107 fueron denuncias de violación sexual. En 655 casos, el MP no fue capaz de encontrar un mínimo de evidencia y optó por desestimar la acusación. En otros 2,634 casos el juez o jueza a cargo consideró que o no habían pruebas suficientes o le dio un tiempo más al MP para ampliar la investigación.
En los últimos tres años, solo hubo 3,880 sentencias en casos de agresión o violación sexual. En el 30% de los casos el acusado fue declarado inocente. Los delitos con menos probabilidades de llegar a una sentencia condenatoria son la violación sexual y la violación sexual agravada (cuando la violación ocurre de forma continua en un periodo de tiempo o cuando es perpetrada por un adulto que se aprovechó de la relación de confianza como un familiar o un maestro).
Uno de los datos más graves es que en 840 casos, pese a que habían evidencias suficientes o que el acusado reconoció haber cometido la agresión o la violación sexual, a la hora de sentenciar se consideró que la acusación era leve y solo les fue impuesta una compensación económica para evitar la prisión.
La sanación de la sentencia justa
“He observado y también soy creyente de lo sanador que es que las sobrevivientes de violencia puedan tener acceso a la justicia y alcanzar una sentencia justa. Es un reconocimiento de que sí hubo delito, de que la justicia está reconociendo que pasaron por un proceso de violencia y las están resarciendo o reparando”, dice Brenda Rosales, psicóloga de MTM.
En los últimos años hubo algunos avances para darle respuesta pronta a los casos de agresión y violencia sexual. Por ejemplo, las reformas a la Ley Contra la Violencia Sexual y la Trata de Personas, la creación de juzgados con atención de 24 horas y la creación del Modelo de Atención Integral que mejora los procesos de atención que brindan los órganos de justicia. Aún son medidas insuficientes.
Para acelerar la justicia, MTM propone que se genere una alerta para buscar con nombre y rostro a los prófugos por delitos de agresión y violación sexual.
En el Congreso, en 2017, las exdiputadas Alejandra Carrillo y Nineth Montenegro presentaron una iniciativa de Ley que propone simplificar los procesos judiciales para dar una respuesta más pronta a la víctima. La iniciativa permanece engavetada.
Aunque la violación que sufrió Alejandra no la detuvo, se enfrenta todos los días a la lucha de ser madre sin haberlo deseado. Hay días en los que disfruta jugar junto a su hijo, lo acompaña a ver caricaturas, platican de temas triviales. Otras veces, confiesa, siente que no lo quiere.
“No sé por qué. Me pide cosas y no puedo dárselas. Tengo gastos en mi escuela, él tiene gastos también”, explica. Recientemente, con ayuda de una beca, Alejandra concluyó sus estudios de bachillerato. Hoy sueña con ser enfermera.
El dinero de su beca le ayudó a costear algunos gastos, pero fue su mamá quien asumió la mayor parte de las responsabilidades.
Algunas veces se despierta sin saber cómo ser madre. Nunca quiso serlo. Lo que nunca olvida, asegura, es que hay un violador libre, que merece una pena por lo que hizo. También vive con el temor que la familia del hombre que la violentó tome represalias en su contra.
Alejandra presentó su denuncia en 2012. En 2021, su agresor no ha sido juzgado, ni detenido. Después de recordar todo lo que ha vivido desde aquel día en que fue llevada con engaños a un lugar solitario, respira profundo, se recoge las lágrimas e intenta esbozar un mensaje para aquellas que también han sido víctimas de violación:
“Yo les digo que denuncien, es necesario denunciar y seguir con la lucha porque hay muchas niñas, hay muchas jóvenes expuestas al mismo hombre, a que sean violentadas, a que sean abusadas y un caso así jamás debería quedar impune”.
*Este reportaje fue producido gracias al apoyo de IWMF y publicado originalmente en los medios laCuerda y NoFicción.
