Celia ahora tiene 21 años, pero recuerda cuando dio sus primeros pasos en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de San Lucas, Sacatepéquez. Era 2018 y estaba a punto de cumplir los 15 años. Esa vez tenía que ser diferente. Ya había reprobado ciclos anteriores en otras escuelas. Si perdía uno más, quizá nunca podría volver a estudiar.
En esas primeras clases de la jornada vespertina conoció a Adamaris, que entonces tenía 13 años. Ambas estudiarían el primero básico bajo la guía de Allan Oseida, su profesor titular y de Ciencias Sociales.
Era un instituto normal en Sacatepéquez. No hay algo tan importante para recordar. Solo un patio deportivo —más o menos grande— y una bodega en el primer nivel. Adentro había cartulinas, crayones y otros materiales para las clases.
Poca gente conocía esa bodega por dentro. Solo Allan Oseida y sus dos amigos René Zúñiga y Carlos Reyes —profesores de Contabilidad y Educación Física— tenían acceso a ella. Al menos así fue hasta el 2019, cuando el Ministerio Público (MP) entró para recopilar las pruebas de un delito. Celia y Adamaris fueron víctimas de violación en ese lugar.
“O va a perder el año”
René Zúñiga, Carlos Reyes y Allan Oseida no tenían problema con acercarse a sus estudiantes de las maneras más inapropiadas. Celia recuerda que el acoso empezó con un “qué lindas están” y “qué buenotas están” por parte de los profesores.
Así fue hasta que un día de abril de 2018, Allan Oseida y Carlos Reyes le dieron un mensaje claro a Celia: René Zúñiga la esperaba en la bodega y si no tenía relaciones sexuales con él, perdería el año.
Bajó con miedo al primer nivel y fue violada por René Zúñiga, de 27 años en aquel entonces. Él le repitió la misma advertencia: si decía algo, perdería el año.
Lo mismo le sucedió a Adamaris un viernes de abril, pero en su caso fueron René Zúñiga y Allan Oseida quienes la coaccionaron para ir a la bodega con Carlos Reyes.
Pasaron varios meses de acoso entre los pasillos y las aulas. Celia ya no quería estar allí, pero era agosto y para ese entonces era imposible cambiarse a otro instituto. Recuerda que ese mes decidió contarle al supervisor del INEB lo que le sucedió a ella y a su amiga.
“¿Y usted está dispuesta a sostener los hechos enfrente de ellos tres?”, le preguntó el supervisor. Celia dijo que sí, pero los tres profesores se enteraron, la amenazaron y ella decidió que no los confrontaría más.
De todos modos, su relato llegó hasta los oídos del Ministerio de Educación (Mineduc), quien por ley debe informar estos casos a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Con esta información y luego de hablar con las víctimas y sus familias, la PGN presentó una denuncia en el MP.
Para inicios de 2019 el MP llegó al instituto a tomar fotografías y hacer preguntas, recuerda Celia. En septiembre de ese mismo año la Fiscalía Distrital de Sacatepéquez ya tenía una acusación formal contra los profesores.
Era apenas el inicio de una batalla legal de dos niñas contra tres hombres, en un país donde más del 80% de denuncias de mujeres por delitos sexuales son desestimadas —según datos de Diálogos para el 2022—.
Un caso con trampas, mañas y una fuga
Celia y Adamaris presenciaron las mañas y trampas del sistema de justicia en Guatemala desde el inicio del caso:
- Dinero a cambio de vivir la fiesta en paz
Celia cuenta que sus abusadores les ofrecieron dinero a ambas como una manera de “compensar” los hechos.
Esta práctica no es ilegal como tal, pero sí antiética, según abogados consultados.
Adamaris aceptó el dinero; Celia, no. De todos modos, tanto el MP como los juzgados están obligados a continuar con los casos de violencia sexual, incluso si la víctima desiste de su denuncia.
- El delito equivocado
El 19 de septiembre de 2019 el MP acusó a los profesores por el delito de violación en forma continuada.
De acuerdo con abogados consultados, el MP debió acusar a los profesores de violación con agravación de la pena. Es decir, que podría implicar una condena más severa y sin la opción de permanecer en libertad condicional mientras se resuelve el caso.
La ley establece que la violación es agravada cuando la comete la persona responsable de la educación de la víctima —artículo 174 del Código Penal—. Ninguno de los profesores guardó prisión durante el desarrollo del caso y tampoco se les quitó la licencia de docentes.
- Retrasos en el caso y una fuga
Para poder realizar cada una de las audiencias era necesaria la presencia de los tres sindicados y sus abogados.
Según las cuentas de Celia y su equipo legal, las audiencias a lo largo del caso fueron reprogramadas 22 veces. Algunas porque uno de los profesores presentaba una excusa para no ir, otras veces decían que cambiarían de abogados o que tenían alguna enfermedad.
En una de esas tantas veces, Carlos Reyes presentó un certificado falso de COVID-19. Al comprobar esto, el juzgado ordenó su captura. Reyes no apareció y hasta hoy sigue prófugo de la justicia.
Celia ve en retrospectiva a cada etapa del juicio y lo califica como un proceso que inició relativamente rápido, pero que poco a poco fue dilatado maliciosamente. “Yo sentía como una humillación cuando ellos no llegaban. El MP estuvo más del lado de ellos que mío durante mucho tiempo. Nunca se opusieron cuando se posponían las audiencias. Les daba igual”, lamenta.
Incluso recuerda que una de las fiscales de la Fiscalía Distrital de Sacatepéquez le sugirió aceptar el dinero que le ofrecían antes de iniciar el proceso.
Las nuevas vidas afuera del juzgado
El 25 de marzo de 2024 se veía tan distante de aquel 2018, cuando todo comenzó. Pasaron 6 años, pero finalmente un tribunal de Sacatepéquez dictó una condena para los abusadores de Celia y Adamaris.
Antes de terminar el juicio, Celia hizo una única petición ante el juzgado: “quiero justicia, ellos me arruinaron la vida”.
René Zúñiga y Allan Oseida finalmente fueron juzgados por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real (en otras palabras, cometieron más de un delito). Ambos fueron encontrados culpables.
Zúñiga fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión y Oseida a 18 años y 4 meses. Además cada uno fue obligado a pagar Q650 por daños materiales a Celia y Q10 mil y Q5 mil, respectivamente, por daños a su moral.
La vida fuera del juzgado era todavía más complicada. Según cuenta Celia, el círculo cercano de los profesores se encargó de difamarlas, llamarlas mentirosas y hasta prostitutas.
Celia fue la única que se quedó en Guatemala para esperar la condena de sus abusadores. Adamaris, una joven maya de ahora 19 años, decidió migrar hacia Estados Unidos, lejos de las burlas y el acoso en Sacatepéquez.
“Era la condena que merecían, pero esto no empezó conmigo. Desde hace tiempo se escuchaba que ellos hacían eso. Imaginate, yo me atreví a hablar, pero no sé cuántas más también pasaron por eso”, cuenta Celia.
Celia fue auxiliada por el Instituto de la Víctima (IDV) y recibió ayuda psicológica de la institución. Ahora tiene 21 años y estudia la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Espera poder graduarse en un par de años y ser abogada litigante.
“Cuando era pequeña veía la injusticia en las noticias, pero al vivirla en carne propia supe lo duro que es que te hagan justicia si no tienes dinero para ello. Supe lo que es que te atrasen un caso, desconocer lo que está pasando. Eso me hizo elegir la carrera. Si está en mis manos ayudar a las personas, voy a hacerlo”.
Guatemala tiene un Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) a cargo del MP. El certificado en limpio del Renas es obligatorio para todas las personas que trabajen directamente con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en este registro solo aparecen las personas cuya sentencia esté firme.
Allan Oseida y René Zúñiga todavía tienen vías legales para modificar su sentencia o incluso repetir la etapa de juicio. En algunos casos similares, pueden pasar hasta cinco años para que todos los recursos sean agotados y la sentencia quede finalmente en firme.
*Nombres ficticios para resguardar la identidad de las víctimas.
El caso de Celia y Adamaris, no son los unicos en el INEB, es asqueroso recordar como nos acosaban y manipulaban con las notas, lo peor de todo es que esto sucede en muchos institutos, aun sigo buscando pistas, nombres o fotos o algo que pueda servir para denunciar por que el mp y los colegios e institutos son solapadores de abusadores, me parece una mierda y miseria de lo que tuvieron que pagar, tenemos un sistema de justicia inhumano y deficiente.